IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, ex directivos de Galaxy Entertainment de Venezuela, empresa responsable de DirecTV en el país, fueron imputados por los delitos de estafa agravada, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir, luego que fueran detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el viernes 5 de junio.
El Tribunal 21° de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas dictó la medida contra los exdirectivos de la empresa de televisión satelital el martes 9 de junio, a pesar de que, al igual que otros 600 trabajadores fueron tomados por sorpresa por la suspensión de operaciones en el país, de forma inmediata, por la empresa accionista mayoritaria AT&T, el 19 de mayo.
La tarde del 5 de junio, y antes de entregarse a las autoridades, el ex vicepresidente de Estrategia y Negocios de DirecTV, Carlos Villamizar, brindó unas declaraciones que señalaron su disposición a colaborar con las autoridades venezolanas porque era inocente. Por su parte, el representante legal de los ex ejecutivos, el abogado Jesús Loreto, destacó que el 2 de junio se interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que daba cuenta del desconocimiento que los exdirectivos tenían sobre las decisiones de la empresa matriz, AT&T, además de señalar que los trabajadores se habían puesto a disposición de las autoridades para ayudar en las investigaciones.
#5Jun Carlos Villamizar, Gte. de @DIRECTVVE: "Siempre velamos por llevarle lo mejor a los suscriptores en el país".
Abg. Jesús Loreto, aclaró que el gerente y sus compañeros son víctimas de la situación y el régimen estaba al tanto de eso, en una transmisión por internet. #TVV pic.twitter.com/q29vf8EZA7
— TVV Noticias (@TVVnoticias) June 5, 2020
A pesar de esto, las autoridades venezolanas ejecutaron la orden de detención que mantiene privados de libertad a Olivares, Villamizar y Carrano en la sede de El Helicoide, de acuerdo con información suministrada por el abogado Jesús Loreto a los medios de comunicación. “La Fiscalía General de la República acusa a estas personas de haber actuado por presión de los EE. UU., a pesar de no mostrar las pruebas. Ese mismo día, nos presentamos ante la Sala Constitucional, donde se interpuso un recurso de amparo y tanto Rivero como Carrano se adhirieron y dejaron claro que ellos no participaron en el cierre. No sabían nada de lo ejecutado por AT&T y aportaron información útil para la investigación”, dijo la defensa.
Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su preocupación por las acciones privativas y judiciales aplicadas desde el régimen de Maduro contra los ex trabajadores de DirecTV. Medidas que atentan contra la integridad de los afectados en razón que, tal como fue expresado por los mismo exdirectivos, la decisión de la empresa norteamericana no era contemplada por ningún miembro de DirecTV Venezuela.
🇻🇪 #Venezuela. Expreso grave preocupación por detención de tres funcionarios de #DirectTV tras decisión de retirar su señal. Los cargos de fraude, boicot económico y prisión preventiva apuntan a retaliación del régimen. @TarekWiliamSaab dicta sentencia por TV en estos momentos
— Edison Lanza (@EdisonLanza) June 10, 2020
La orden de privar los derechos de Olivares, Villamizar y Carrano continúa dejando en evidencia el talante autoritario del régimen venezolano y de las autoridades judiciales del país. Tales eventos se presentan como hechos colaterales consecuencia de las acciones desmedidas y las intenciones plenas del gobierno de Maduro de continuar implementando su hegemonía comunicacional de información unitaria y direccional.
IPYS Venezuela rechaza la detenciones arbitrarias contra quienes fueran trabajadores de la prestadora de servicio de televisión por suscripción en el país, y responsabiliza al Estado de todos los daños ocasionados contra la integridad de los ex ejecutivos, sobre todo quedando demostrado el desconocimiento de los acusados de las medidas procedentes desde niveles superiores de la empresa responsable de los servicios a nivel del hemisferio. Decisión que es el resultado de años de presiones del Estado venezolano, y que tomó mayor importancia ante la imposibilidad de la firma de cumplir con los requisitos exigidos por los gobiernos de Venezuela y EE. UU.
