IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Dayrí Blanco, corresponsal IPYS Venezuela, Carabobo
Yhoger Conteras, Equipos IPYS Venezuela
Los periodistas Francisco Figueira de El Carabobeño y Ana Rodríguez Brazón de Telemundo 51, fueron víctimas de limitaciones a sus labores informativas por funcionarios públicos mientras realizaban coberturas periodísticas en Valencia, estado Carabobo y el Área Metropolitana de Caracas, los días martes 14 y miércoles 8 de abril, respectivamente.
Francisco Figueira de El Carabobeño, fue obligado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Policía del estado Carabobo a borrar parte del material fotográfico que había registrado durante su labor reporteril el martes 14 de abril, mientras realizaba un recorrido por las estaciones de servicio de la Gran Valencia en medio de la crisis que se ha generado con el suministro de combustible.
#AvanceIPYSve | Funcionarios de la DGCIM obligan al reportero Francisco Figuera de @El_Carabobeno a borrar todo el material audiovisual que tenía registrado hasta el momento mientras se encontraba en la estación de servicio Guaparo. #Valencia #14Abr
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) April 14, 2020
En principio, el reportero denunció que dos funcionarios de la policía del estado se acercaron y le pidieron que borrara las fotos que había hecho mientras se encontraba en la gasolinera ubicada en la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Aragua-Carabobo, porque no lo habían autorizado a realizarlas.
Un poco más tarde, en la estación de servicio de la Redoma de Guaparo, luego de hacer entrevistas al personal de salud que tenía más de tres días en la cola, y de graficar la situación, fue abordado por funcionarios de la Dgcim, quienes le hicieron la misma solicitud. En ambos casos, Figueira confirmó que no fueron eliminadas todas las fotos.
El miércoles 8 de abril en la redoma de Petare, al este del Área Metropolitana de Caracas, una funcionaria de la Alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda, intentó impedir que la reportera Ana Rodríguez Brazón, corresponsal de Telemundo 51, hiciera unas tomas de apoyo. La funcionaria exigió ver las grabaciones de la periodista y le pidió retirarse del sitio a pesar de que Rodríguez Brazón portaba credencial de prensa.
Funcionarios que aseguraron pertenecer a la Alcaldía de Sucre restringen la labor periodística. Dicen que deben tener conocimiento de lo que vamos a informar. Les recuerdo que #InformarNoEsDelito y que la realidad es que la gente está en la calle @CNPCaracas @sntpvenezuela pic.twitter.com/413n3NPsP8
— Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) April 8, 2020
“Dicen que deben tener conocimiento de lo que vamos a informar”, relató la reportera en un tweet haciendo referencia a las declaraciones de la funcionaria municipal. Rodríguez Brazón se encontraba realizando tomas en la redoma de Petare para constatar si los ciudadanos de esa zona popular cumplían con las recomendaciones de higiene y distanciamiento social promovidos por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Ese día era el número 24 de la cuarentena social decretada por Nicolás Maduro.
Limitar el acceso a la información no solo va en contra del ordenamiento jurídico interno, tal como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley orgánica de estados de excepción, sino, también, de los acuerdos internacionales suscritos por el país, y las recomendaciones de organizaciones que promueven la libertad de expresión y el acceso a la información.
#InformarNoEsDelito
