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Alerta IPYSve | Instituciones públicas limitaron el acceso a la información a periodistas en Táchira

Los periodistas Zulma López, de Punto de Corte, Fabiola Niño, de Televen y Luzfrandy Contreras y Freddy Villamizar, de la Televisora Regional del Táchira (TRT), fueron limitados el lunes 7 de marzo en la sede de Protección Civil de San Cristóbal, estado Táchira, cuando intentaban obtener información sobre los daños ocasionados por las lluvias que se han registrado en la entidad.

López denunció a través de su cuenta de Twitter: “Hoy fuimos junto a Fabiola Niño, Luzfrandy Contreras y Freddy Villamizar a buscar información sobre los daños que dejaron las lluvias en Táchira. Nos respondieron que el director del organismo no está autorizado a declarar. Les recuerdo el art 58 de la Constitución” (sic). Ante la negativa del director del organismo, los reporteros se retiraron sin poder obtener declaraciones.

Varios periodistas de la entidad andina denunciaron encontrarse con la limitante de no poder tener respuestas ni declaraciones de diferentes organismos adscritos a la Gobernación del Táchira. Según los mismos directores del ejecutivo regional, no pueden hablar ante los medios de comunicación sin la respectiva aprobación del director de prensa de la Gobernación.

Históricamente, las fuentes de la Corporación de Salud (Corposalud) y el Hospital Central de San Cristóbal han sido voceros para la prensa dada la importancia de esas instituciones en la actualización de temas de salud y de interés para la colectividad. Sin embargo, a varios comunicadores les han advertido que previamente deben solicitar la entrevista a la Dirección de Prensa de la Gobernación del Táchira, organismo que tiene la aparente potestad de autorizar o no, la declaración a los medios.

Tras ser notificado por las corresponsales de IPYS Venezuela en el estado andino de la denuncia hecha ante esta organización y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el director de información de la Gobernación de Táchira explicó que el caso se está manejando y que dichas fuentes no se han cerrado a la prensa, que se iban a mantener abiertas, pero que se encuentran buscando a los voceros respectivos.

IPYS Venezuela exige que dicha medida sea rectificada y derogada porque contraría la Constitución Nacional y los estándares internacionales de acceso a la información de interés público. Las instituciones estatales y sus funcionarios tienen la obligación de rendir declaraciones y cuentas de sus responsabilidades a la prensa y a la ciudadanía.

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