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Alerta IPYSve | Miguel Henrique Otero acudirá a la CIDH, la ONU y la Corte Penal Internacional para denunciar asedio contra El Nacional

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, anunció que junto a su defensa, a cargo del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, acudirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional para denunciar el embargo de la sede de El Nacional en Caracas, valorada en 40 millones de dólares, por un fallo a favor de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020.

Las nuevas acciones de la directiva de El Nacional fueron anunciadas en una rueda de prensa el miércoles 26 de mayo en donde se señaló que han agotado las vías legales dentro de Venezuela para la defensa de un proceso que califican como “irregular”. “No se trata de que se ha utilizado un procedimiento más o menos ilegal, sino que desde el principio se evidencia cómo se ha supeditado el ejercicio de la justicia”, dijo uno de los abogados que acompañó al editor del diario.

Otero adelantó que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se tiene un proceso avanzado debido a las medidas cautelares interpuestas para su protección.

En cuanto a la Corte Penal Internacional, acudirán a este organismo con la intención de presentar elementos que, según su punto, configuran este delito de persecución como un  crimen de lesa humanidad. No obstante, Otero recalcó que “El Nacional no se detiene” y que “dadas las circunstancias”, el periódico impreso, que dejó de circular en 2018 y se convirtió en un página web, puede seguir operando desde cualquier parte del mundo, mientras adelantan el caso.

El embargo contra El Nacional se ejecutó luego de que El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que este medio de comunicación debía pagar un monto superior a los 13 millones de dólares por una demanda de daño moral que introdujo Diosdado Cabello contra este diario, La Patilla y Tal Cual en 2015. La orden de embargo ejecutivo la ordenó el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Cabello acusa a estos medios por falta de pruebas debido a la difusión de un reportaje del diario español ABC en el que señalaban al dirigente chavista de estar vinculado con operaciones de narcotráfico.

Frente a esto, IPYS Venezuela mantiene su postura de rotundo rechazo por la persecución judicial emprendida por el dirigente político que deja en evidencia la inexistente separación de poderes en el país, y la doblegación de las instituciones y las leyes venezolanas a intereses políticos.

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