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Alerta IPYSve | Periodista Carlos Julio Rojas denunció que DGCIM planea incriminarlo

Desde el 2 de septiembre, el periodista Carlos Julio Rojas, secretario adjunto del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas, y coordinador de la organización Frente Norte de Caracas, ha denunciado que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) planea incriminarlo en presuntos delitos para apresarlo.

“¡Urgente! Me acaban de informar fuentes muy serias que extraoficialmente el DGCIM quiere involucrarme en hechos irregulares para justificar llevarme preso, mi único “delito” es ser periodista y activista de derechos humanos”, escribió Rojas en su cuenta de la red social X, antes Twitter, el sábado 2 de septiembre a las 10:19 a.m.

Tres días después, el martes 5 de septiembre, el abogado Eduardo Torres relató que, el lunes 4, durante la audiencia de presentación de John Álvarez, estudiante de Antropología de la Universidad de Venezuela detenido arbitrariamente el 30 de agosto por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el joven declaró que fue forzado a grabar un video y, bajo tortura, lo obligaron a decir que Rojas “tiene organizados a los vecinos para crear conflicto en el centro de Caracas”.

“Estamos en una situación de tensa calma. Ya se sabe lo que está ocurriendo, pero no se sabe lo que puedan hacer ellos [los cuerpos de seguridad del Estado] con ese video, a pesar de que fue obtenido mediante tortura”, expresó Rojas a IPYS Venezuela.

El periodista también señaló que, desde la organización no gubernamental que coordina, se ha dedicado a denunciar el accionar violento de los colectivos en la capital.

Álvarez también fue obligado a incriminar, bajo tortura, a los dirigentes sindicales Carlos Salazar y José Patines de la asociación civil Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT), quienes en el mes de abril recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por evidenciarse riesgos a su integridad física.

IPYS Venezuela condena los señalamientos que implican al periodista Carlos Julio Rojas en presuntos delitos, así como las torturas ejercidas contra el estudiante John Álvarez. Esta organización exige al Estado el respeto a las garantías constitucionales y a los derechos de periodistas, activistas y otros actores de la sociedad civil.

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