IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Los trabajadores de la prensa Nicmer Evans, Luisa “Mimi” Arriaga, Marco Antoima y Wilmer Quintana, fueron cuatro de las 110 personas que recibieron las medidas anunciadas por la administración de Nicolás Maduro el pasado lunes 31 de agosto, denominadas como “indulto presidencial”, en un decreto leído por el entonces ministro de Comunicación e Información del Ejecutivo, Jorge Rodríguez.
En las declaraciones, Rodríguez señaló que tales personas, entre diputados, dirigentes políticos, sindicalistas, trabajadores de la salud, ciudadanos y trabajadores de la prensa recibieron tal beneficio, y como consecuencia “la extinción de la acción penal o de la condena, y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal”, haciendo referencia al artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal.
De acuerdo con una publicación que realizó el vicepresidente de la ONG Foro Penal, el abogado Gonzalo Himiob Santomé, 50 de las personas anunciadas por Rodríguez eran presos políticos, es decir, que para el momento del anuncio se encontraban recluidas en algún centro penitenciario; 23 eran personas con medidas cautelares o arresto domiciliario, y 37 ciudadanos estaban sujetos “a investigación, pero no a restricciones de su libertad”, como ocurrió con varios de los diputados a la Asamblea Nacional.
Algunos de los mencionados en el decreto fueron acusados y procesados previamente por delitos de la Ley contra el Odio, señalada en reiteradas oportunidades como ilegal y ambigua, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Maduro. Tales imputaciones llevaron a que más de 10 de las personas mencionadas por el vocero oficialista fueran acusadas y se hallaran cumpliendo penas y arresto domiciliario sin basamentos jurídicos concretos.
Además de Evans, quien se encontraba recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y Arriaga y Antoima, quienes desde el 22 de junio cumplían arresto domiciliario por las mismas acusaciones, se sumaron Wilmer Quintana, a quien le aplicaron arresto domiciliario luego de sufrir un infarto mientras cumplía detención; Tania Rodríguez, Elio Mendoza, José Marulanda, Hugo Bastidas, Fernando Marcano y otros que cumplían condena por una serie de delitos que, a criterio de las autoridades venezolanas, estaban contemplados en la ley contra el odio, aprobada en 2017.
A pesar de que en la noche del miércoles 2 de septiembre fue liberado el último de los 50 presos políticos, hasta la mañana del viernes 4, se desconoce el estatus de muchas de las personas que tenían medidas cautelares y arresto domiciliario. De acuerdo con declaraciones de Himiob Santomé, el miércoles 2, 11 personas con casa por cárcel aún desconocían con precisión su estatus.
#2Sep 7:40PM Sale por fin de Ramo Verde el último de los 50 #PresosPolíticos favorecido con el #Indulto que quedaba en un centro de reclusión:a Luis Gómez Peñaranda. Ahora quedan 11 pendientes bajo arresto domiciliario. Vía @stefmiglio del @ForoPenal pic.twitter.com/GP9Swf1YEq
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) September 2, 2020
El decreto leído por Rodríguez quedó registrado con el número 4.277 de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.569 que no estuvo disponible sino hasta el viernes 4 de septiembre, a pesar de estar fechado el 31 de agosto, día en que se llevó a cabo el anuncio oficial. Tal decreto no menciona otras condiciones más que el cese inmediato de las medidas coercitivas contra las 110 personas allí nombradas.
IPYS Venezuela condena que una vez más el Estado venezolano viole los derechos humanos de la ciudadanía para beneficio propio y se aproveche de medidas jurídicas para perseguir y detener a personas en el ejercicio de sus libertades civiles.
