IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
En Carabobo, el acceso a la información pública se niega a periodistas y ciudadanos. Este derecho es impedido principalmente por los funcionarios de la administración de Rafael Lacava, quienes una y otra vez no dan respuesta a las solicitudes de entrevistas que les hacen periodistas de diferentes medios de comunicación.
Durante el Estado de Alarma, decretado por la pandemia de la COVID‐19, desde la gobernación no se ha convocado a ninguna rueda de prensa para conocer datos fundamentales como el número de camas disponibles para posibles contagiados por el virus, presupuesto para atender la contingencia en la región, así como estadísticas de pruebas realizadas por parroquia y municipio.
Los periodistas regionales han denunciado discrecionalidad por parte de los voceros de la gobernación al momento de conceder entrevistas. El presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), Juan Carlos Yánez, ha recibido insistentes solicitudes de entrevistas de los periodistas de medios como TVV, Vivo Play, VPI TV, Caraota Digital, Las Noticias de Hoy, El Carabobeño y Termómetro Digital, entre otros, y en la mayoría de los casos no responde.
En otras oportunidades manifestó no tener información oficial ante temas que directamente le competen a él como autoridad única en materia de salud en la entidad, como la llegada del primer grupo de carabobeños retornados que fueron recibidos en un centro de aislamiento y cuarentena preparado por la institución que él representa.
Yánez también ha respondido que no se puede pronunciar ante situaciones que son inherentes a su cargo como la detección del primer caso de COVID‐19 en Carabobo. “Después que el gobernador se pronuncie, yo puedo aclarar alguna duda que surja”, fueron parte de sus declaraciones el martes 5 de mayo.
Una situación similar se ha presentado con el jefe del Estado Mayor de combustible, José Parada quien desde que comenzó la crisis con el suministro de gasolina en Carabobo, no ha atendido las reiteradas solicitudes de información que le han hecho diferentes periodistas, para tener las declaraciones del vocero oficial en la región.
De esta manera, la información pública en la entidad se ha mantenido cercada. Se limita a lo que el gobernador Rafael Lacava sube a sus cuentas de redes sociales, desde donde el personal de prensa de la Secretaría de Comunicación e Información debe extraer los datos para elaborar el material que envían como nota de prensa.
Ya son siete meses los que se cuentan desde que el mandatario regional no convoca a rueda de prensa. La más reciente invitación que hizo a los periodistas de la entidad fue la noche del jueves 4 de junio, a través del medio que más usa: su cuenta en Instagram; pero el evento consiste en una mesa de diálogo entre distintos sectores, en la que los reporteros no pueden hacer preguntas debido a que los invitados solo dan propuestas políticas.
La Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela en Carabobo también hizo una solicitud al gobernador que no ha sido respondida. El documento solicita información pública actualizada sobre las medidas tomadas, para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en la prestación de los servicios públicos y de salud.
El texto señala 10 preguntas relacionadas con la pandemia, que se hicieron de acuerdo al derecho constitucional que tiene toda persona de pedir información y a “ser informada oportuna y verazmente por la administración pública”, según los artículos 51 y 143, concatenados con los artículos 2, 62, 132 y 141 de la Carta Magna; pero la solicitud, enviada el 7 de abril de 2020 y firmada por más de 20 organizaciones, no fue respondida.
El acceso a la información pública cobra vital importancia en medio de la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus. Todos los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de brindar declaraciones sobre las áreas a su cargo, tal como lo establece la Constitución de la República.
La Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además exhorta a la prohibición de impedimentos por razones de seguridad social, y señala que todos los miembros del Estado que estén vinculados con la administración y dirección de la realidad de la COVID-19 en la naciones, deben tener una respuesta activa y oportuna sobre estos temas.
IPYS Venezuela rechaza que las autoridades no brinden información pertinente a la población y evadan las solicitudes de entrevistas realizadas por los periodistas, sobre todo en los casos donde la información corresponde a sus responsabilidades y representan datos de interés público.
