IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 23 de noviembre de 2012, tras la publicación del libro La presa del Comandante, investigación periodística de Francisco Olivares, el Ministerio para el Servicio Penitenciario (poder ejecutivo) solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal, civil y administrativa, por difamación e injuria contra la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra privada de libertad desde 2009. Este anuncio fue ofrecido por Isabel González, ex directoral del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). En este centro de reclusión, ubicado en Los Teques, en las adyacencias de Caracas, estuvo detenida la funcionario por alrededor de 2 años.
En esta producción -esencialmente testimonial, con soporte en datos documentales- Oliveros, quien es jefe de Expediente, sección de investigación de El Universal (diario privado de circulación nacional) presenta el caso de María Lourdes Afiuni, con base en sus confesiones sobre una serie de abusos que sufrió durante el tiempo que estuvo recluida en el INOF. Entre los tratos crueles y degradantes sufridos, Afiuni relata que fue víctima de un abuso sexual.
El mismo día de la presentación del libro La presa del Comandante, Isabel González, quien actualmente se desempeña como directora de la región Centro Occidental del Ministerio para el Servicio Penitenciario, afirmó: “nosotros tenemos elementos de convicción y pruebas contundentes para demostrar y desmentir ante el Ministerio Público estas falsas acusaciones”. (http://www.avn.info.ve/node/143700)
Según un comunicado difundido en los medios, González declaró que ante esta situación solicitan al Ministerio Público “el inicio de un procedimiento penal, civil y administrativo por difamación e injuria. En ese libro, ella cuenta que durante su permanencia en el INOF fue víctima de maltratos y una supuesta violación; todas esas acusaciones son falsas, se trata de señalamientos graves que vulneran la dignidad humana y que han provocado una grave conmoción y preocupación entre las privadas de libertad y sus familiares”.
Según el artículo 444 del Código Penal venezolano, los delitos de difamación e injuria se relacionan con el hecho de que una persona “comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación”. Esta disposición, que además es contraria a los estándares internacionales de la libertad de expresión, establece que estos delitos pueden generar sanción penal, referida a la privación de libertad de las personas, y la aplicación de una multa, lo cual corresponde una sanción administrativa.
Por otra parte, de acuerdo al comunicado, Laila Tajeldine, directora de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del ministerio afianzó: ” Afiuni recibió tratamiento y permanentemente fue evaluada por médicos y durante todo ese tiempo en ningún momento denunció que fue abusada sexualmente”.
Tajeldine, de igual manera, dijo: “Estamos frente a una matriz de opinión que se quiere generar a nivel nacional e internacional. Esta matriz se quiere propiciar en contra del proyecto que se está emprendiendo en nuestro país y forma parte de los ataques de los organismos internacionales y de las ONG para dar un piso político y generar una matriz de que en Venezuela se violenta los derechos humanos constantemente, para servir a la política exterior de los Estados Unidos”.
Para el momento de la publicación de esta alerta, Ipys Venezuela no tenía conocimiento de que se hubiese concretado el inicio de esta investigación judicial.
Intervención de correo
El 25 de noviembre de 2012, se presume que personas desconocidas intervinieron el correo electrónico de Afiuni. A través de su cuenta Twitter, @mariafiuni escribió: “hago constar: quienes estn recibiendo correos d mi cuenta, no es esta servidora! No envio correos a nadie! (sic)”. Ipys Venezuela, intentó corroborar este hecho con fuentes cercanas a la jueza, pero no fue posible obtener mayores detalles.
Para más detalles sobre el caso de María Lourdes Afiuni, revise el resumen ejecutivo preparado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí.
