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La periodista Alexandra Belandia responsabiliza al gobierno nacional sobre lo que pueda ocurrirle a su familia en Venezuela luego de recibir amenazas a través de su cuenta de Twitter.
El 10 de marzo de 2017, Iris Varela, ministra para los Servicios Penitenciarios, aseveró que emprendería acciones legales contra quienes generaron y se hicieron de eco acerca de la existencia de una presunta agencia bancaria en el interior del Centro Penitenciario de Tocuyito que permite a los reclusos del penal obtener dinero en efectivo.
La ministra Varela aseguró que existe en el penal de Tocuyito es una pizzería y no una agencia bancaria. Foto. Contrapunto
“Si respetaran al Estado, los señores de la institución bancaria me hubieran llamado y yo los hubiera invitado para Tocuyito a que corroboraran la verdad de una información que es simplemente un chisme; siempre se busca descalificar”, aseguró la ministra quien aseguró girar instrucciones a su consultora jurídica para emprender acciones legales contra “la persona que dirigió la información” y los representantes de la agencia que se pronunciaron por este presunto hecho.
Debe recordarse que el 26 de febrero pasado, la periodista Alexandra Belandio denunció, a través de su cuenta de Twitter @abelandia, que familiares estarían depositando dinero en efectivo a los reclusos del penal en esta presunta agencia, y que los pranes cobrarían un porcentaje por el servicio ofrecido. La periodista difundió la información con el apoyo de fotografías en las que puede apreciarse el logotipo de la agencia Banesco y presuntos números de cuentas corrientes de esta institución bancaria y del Banco Occidental de Descuento (BOD).
Dos días después, Banco Banesco Universal deploró que se hubiese utilizado el nombre de la institución financiera para usurpar sus funciones, y aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter @Banesco, que acudiría a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) para denunciar el hecho.
Por @Abelandia, conocimos la supuesta existencia de una agencia bancaria ILEGAL en el penal Tocuyito, que usurpa el nombre de Banesco (1-3)
— Banesco Banco Universal (@Banesco) February 28, 2017
Estamos procediendo a denunciar esta grave irregularidad ante la @SudebanInforma y autoridades para que se proceda al cierre (2-3)
— Banesco Banco Universal (@Banesco) February 28, 2017
El portal digital El Pitazo informó, con relación a la pancarta de la institución, que puede tratarse de una imagen sustituida en 2016, y que pudo obtenerse con el asalto que sufrió un proveedor de Banesco en Araure, estado Portuguesa. Aunque el proveedor denunció, para su momento, el robo; el camión con el que trasladaba el material descontinuado nunca fue recuperado.
En conversaciones con IPYS Venezuela, Belandia desmintió que hubiese salido del país por amenazas de acciones legales y de agresión física, puesto que se encuentra en los Estados Unidos desde hace varios meses por motivos laborales. Aseguró que continuaría denunciando esta irregularidad con el apoyo de videos que comprueban la existencia de la agencia, y responsabiliza al gobierno nacional sobre lo que pueda ocurrirle a su familia en Venezuela.
La periodista comenzó a difundir en portales digitales venezolanos, el 4 de marzo pasado, un video en el que puede apreciarse conversando, vía telefónica,a un presunto preso dentro de lo que para ese momento sería la agencia bancaria, objeto de denuncia, a la espera de hacer una transacción bancaria.
Video del presunto "banco" del penal d Tocuyito; véalo; compártalo. Lo que no quieren q se sepa: https://t.co/gB8HP6jyrm
— Alexandra Belandia R (@abelandia) March 12, 2017
Las declaraciones de la ministra Iris Varela se enmarcan en una amenaza de acción legal con fines intimidatorios.
Este hecho vulnera los principios constitucionales sobre libertad de expresión y acceso a la informacióninformación que prohíben la censura y establecen la responsabilidad ulterior ante la información expresada y difundida.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos establece en sus numerales 10 y 11 que los funcionarios públicos se encuentran sujetos al escrutinio público, y por ende, la protección a su reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles. En este tipo de casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño en pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o que haya actuado con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
