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Bolívar: Amenazaron a periodista por cobertura de sucesos

El martes 24 de octubre del 2017, el periodista Germán Dam recibió una llamada amenazante por parte de la abogada María Echegaray, acusándolo de haber hackeado la cuenta de su sobrino Alberto Echegaray, quien, presuntamente, está vinculado con el asesinato del joven José Alberto Arreaza, de 20 años de edad, estudiante de  Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) núcleo Guayana, ocurrido el pasado 22 de octubre en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Echegaray acusó a Dam de estar señalando a su sobrino como el asesino de Arreaza a través de las redes sociales, pero el periodista desmintió tales acusaciones. “Yo solo coloqué en mi Twitter que buscan en Ciudad Guayana a Alberto Echegaray” aclaró.

La abogada le dijo a Dam vía telefónica: “Sé dónde vives, te voy a buscar con el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). Lacras como tú no deberían existir”. Además lo acusó falsamente de haber estado preso y le dijo que lo haría pagar por lo que había publicado.

IPYS Venezuela reitera su preocupación sobre los ataques y amenazas contra periodistas por parte de ciudadanos que incurren en actos de violencia para resolver los conflictos. Esta organización exhorta al Estado venezolano a prevenir e investigar estos casos y proteger a los periodistas en riesgo.

De acuerdo con el Informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia”, publicado por la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, la violencia contra periodistas compromete los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión.

El documento señala que la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza estos derechos en los artículos 4, 5, 13, 8 y 25.

 

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