IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Fiscalía 20 de Derechos fundamentales otorgó medidas de protección
A pocos días de cumplirse un mes de la brutal agresión física y moral a la que fueron sometidos la periodista Beatriz Lara Mendoza y el reportero gráfico Alfredo Paradas, del diario El Aragüeño, por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones científicas penales y criminalísticas en la población de Villa de Cura en el estado Aragua, la Fiscalía 20 de Derechos fundamentales a cargo del fiscal Elías Martínez finalmente otorgó medidas de protección al equipo reporteril, las cuales tendrán una vigencia de 6 meses.
Leyenda: Gremio periodístico aragüeno expresaron su rechazo un día después de la agresión perpetrada en contra del equipo reporteril
El Fiscal Superior del estado Aragua, Roberto Acosta fue quien inicio el anuncio, en el marco de una reunión solicitada por el Colegio Nacional de Periodistas de Aragua, y en donde estuvieron presentes también, directivos del Círculo de Reporteros Gráficos del estado y un representante legal de la ONG Espacio Público.
El pasado 19 de junio, Beatriz Lara Mendoza y Alfredo Paradas, fueron brutalmente golpeados, maltratados física y verbalmente, vejados y esposados por unos funcionarios del CICPC en Villa de Cura, en un hecho sin precedentes en el periodismo venezolano y en el que se puso de manifiesto, un peligroso abuso de poder. Desde el primer momento, el CNP Aragua, IPYS Venezuela, Espacio Público, Círculo de Reporteros Gráficos de Aragua activaron las alertas y acompañaron a las víctimas para formular las denuncias y exigir sin dilaciones, sanciones correspondientes ante los organismos respectivos.
La Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales en el estado Aragua conoció del caso y allí acudieron las víctimas para solicitar urgentes medidas de protección ante el miedo y temor que sienten luego que fueron varios funcionarios del cuerpo policial y detectivesco quienes los agredieron. Este lunes 6 de junio finalmente les fueron otorgadas tales medidas por un lapso de seis meses.
El CNP Aragua y el CRGV también acudieron a la sede regional del CICPC en tres oportunidades, solicitando un encuentro con el comisario jefe Luis Ollarves. Éste, delegó en los comisarios Leonardo Peña y Mercys Bracho su representación. Ambos funcionarios reconocieron los excesos cometidos y anunciaron el inicio de un proceso de investigación interno, que fue remitido a la Inspectoría general del CICPC en Caracas. A la fecha, se desconocen los avances o resultados de esta investigación interna en contra de los funcionarios que agredieron al equipo reporteril, ni ha habido un pronunciamiento oficial y público por parte de las autoridades policiales sobre el caso, pese a que así fue exigido por los representantes gremiales.
Los comisarios Peña y Bracho, aseguraron además que no existe ninguna reseña policial en contra de la periodista y el reportero gráfico, aunque así se lo señalaron a las víctimas, los funcionarios que participaron en la agresión. Se les acusaba de obstrucción a la autoridad, resistencia a la autoridad y complicidad en un supuesto plan de fuga de unos delincuentes que habían sido detenidos ese día durante un procedimiento policial.
A escasos días de cumplirse un mes de este atropello contra periodistas en Aragua, las víctimas siguen recibiendo asesoría y acompañamiento por parte de los respectivos gremios a los que pertenecen, amén del apoyo por parte de ONG´S como Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público, Expresión Libre, Provea y solidaridad dentro y fuera del país.
Mientras tanto, exigen y esperan justicia.
