Balance #21Nov | Prensa sin acceso durante los comicios regionales y municipales 2021

• IPYS Venezuela constató 48 violaciones a la libertad de prensa a lo largo de la jornada electoral del domingo 21 de noviembre. Entre los hechos hubo una detención arbitraria, 35 restricciones de acceso a la información y 12 hechos de intimidación

• Estas irregularidades e impedimentos vulneraron los derechos de al menos 86 trabajadores de la prensa, cuatro medios de comunicación y dos defensores de DDHH en 19 estados del país. Las entidades donde hubo más denuncias de este tipo de vulneraciones fueron Portuguesa, Monagas y Lara

• Según la medición colaborativa realizada por esta organización con la plataforma de MLAB, se demostró un promedio de velocidad de 4,14 mb/s en la navegación, de acuerdo a las  pruebas realizadas en 18 estados de Venezuela

• Mediante la metodología del observatorio de internet, OONI, también se recabaron evidencias de bloqueos digitales. Los medios venezolanos donde se constataron más interrupciones fueron VivoPlay, VPItv, NTN24, Noticia al Día, Alberto News, Caraota Digital, Monitoreamos  y Armando.info

Las elecciones regionales y municipales en Venezuela 2021, en las que los representantes del oficialismo se consolidaron en 20 gobernaciones y la Alcaldía de Caracas, estuvieron marcadas por las irregularidades, la baja participación de votantes y por las negativas de acceso a la información que ejercieron de forma constante los efectivos militares que custodiaban los centros de votación. Estas limitaciones también se perpetraron a través de acciones intimidatorias y prohibiciones a los trabajadores de la prensa de realizar registros  audiovisuales de los comicios que se llevaron a cabo el domingo 21 de noviembre. 

Durante la jornada electoral, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) verificó 48 violaciones a las libertades informativas, que perjudicaron a 86 trabajadores de la prensa, cuatro medios de comunicación y dos defensores de derechos humanos. En total se constataron 48 violaciones a las garantías de libertad de prensa que comprendieron: 35 restricciones de acceso a la información, 12 hechos de intimidación y ataques y una detención arbitraria.

Mediante la Red Nacional de Corresponsales y el trabajo del equipo de monitoreo de esta organización, se registraron 41 casos que obstaculizaron el ejercicio periodístico en 19 entidades del país. Los estados más afectados fueron Monagas y Portuguesa, con cinco hechos cada uno, y Lara y Mérida, con cuatro cada uno. También se reportaron incidencias en Carabobo, Apure, Amazonas, Falcón, Táchira, Trujillo, Aragua, Miranda, Cojedes, Guárico, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Nueva Esparta y el Área Metropolitana de Caracas.

Con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales, y bajo la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI por sus siglas en inglés) y del Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB), esta organización realizó una serie de mediciones que evaluaron la velocidad de internet en 18 estados del país y las dificultades para acceder a información de interés público en 31 plataformas digitales de medios nacionales, extranjeros y redes sociales, desde las conexiones de los proveedores, públicos y privados: Cantv, Movilnet, Digitel y Movistar. 

Cobertura restringida

Durante la cobertura de los comicios predominaron las restricciones de acceso a los centros de votación, las prohibiciones en la documentación a través de material fotográfico y audiovisual, y las negativas para pedir datos o entrevistar a funcionarios públicos, incluso cuando los periodistas contaban con acreditación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Al menos 75 reporteros y cuatro medios fueron limitados en 35 violaciones relacionadas con obstrucciones a su trabajo periodístico en el transcurso de la jornada del pasado domingo. Los principales victimarios de estos impedimentos fueron efectivos militares del Plan República y los coordinadores de los colegios electorales.

Los obstáculos contra la prensa iniciaron desde tempranas horas de la mañana. En Barquisimeto, estado Lara, a las 6:15 a.m., la coordinadora del centro de votación Federico Carmona impidió la cobertura electoral a los periodistas Liz Gascón, de El Pitazo; Ramón Veliz de Televen; Gustavo Giménez, de TV Venezuela, y Yelitza Figueroa, de Crónica Uno. Luego de insistir y mostrar sus credenciales del CNE, los reporteros pudieron recibir información y hacer tomas solo desde afuera del plantel.

1/2 #AvanceIPYSve | La coordinadora del centro de votación Fedérico Carmona en #Barquisimeto, #Lara, impidió la cobertura electoral a los periodistas Liz Gascón (@ElPitazoTV), Ramón Veliz (@Canal_Televen), Gustavo Giménez (TvVenezuela) y Yelitza Figueroa (@CronicaUno). #21Nov

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) November 21, 2021

De forma similar ocurrió en Mérida. Temprano dos periodistas denunciaron que les impidieron entrar a centros de votación pese a estar acreditados por el CNE. A Maury Aranda, corresponsal de la Televisora Andina de Mérida (TAM), no lo dejaron ingresar al Colegio Fe y Alegría del municipio Tovar. Asimismo, a la reportera María París le negaron el acceso a la U.E Gran Mariscal de Ayacucho, del municipio Campo Elías. También en la entidad andina, el Plan República limitó la cobertura a los comunicadores Enrique Rivera y Leydy Blanco en la U.E. 1° de Mayo, en el municipio Alberto Adriani, en El Vigía.

Estos impedimentos injustificados en centros de votación también fueron denunciados en los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Trujillo y Portuguesa. 

Por su parte, el director de El Pitazo, César Batiz, denunció que el CNE negó la emisión de credenciales para el equipo de periodistas de este medio de comunicación. Batiz resaltó que esta es una medida reiterada en contra del medio desde las elecciones parlamentarias del 2017. El directivo informó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que también fueron negadas las credenciales al equipo de la alianza Guachimán Electoral.

Otra restricción frecuente fue impedir la cobertura informativa específicamente durante los actos electorales de candidatos opositores o disidentes. Así ocurrió desde comienzos del día en Maracay, estado Aragua, cuando funcionarios del Plan República impidieron la cobertura de periodistas acreditados por el CNE en el centro de votación Fundacomun a pesar de que el coordinador del plantel había aprobado su ingreso para cubrir el sufragio del candidato a la gobernación por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henry Rosales. 

Los reporteros impedidos fueron Carmen Elisa Pecorelli, Carla Carrera, Reinaldo Campins (Unión Radio); Glen Requena (comando de campaña de la MUD); y Janine Ojeda (El Periodiquito), además de reporteros de los medios TVS, El Aragüeño y El Siglo. 

#AvanceIPYSve | Cobertura de periodistas acreditados por el CNE fue impedida por funcionarios del Plan República en #Aragua pese a que el coordinador del centro aprobó su ingreso para cubrir el voto del candidato a la gobernación por la MUD, Henry Rosales. #21Nov pic.twitter.com/KUGfSIQ77V

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) November 21, 2021

En Guanare, estado Portuguesa, los militares también limitaron el acceso de ocho periodistas para fotografiar el momento en el que ejercía su voto Antonia Muñoz, ex gobernadora de la entidad y candidata del chavismo disidente. La cobertura se permitió alrededor de media hora después de que los funcionarios hicieran llamadas para pedir autorización y posterior a la protesta de Muñoz y los representantes de los medios en el sitio. En la entidad ocurrieron dos casos más bajo esta tendencia, que además fue denunciada en los estados Monagas, Carabobo, Mérida, Falcón y Sucre.

La documentación del proceso electoral a través de material fotográfico y audiovisual también fue obstaculizada el domingo. Aproximadamente a las 10:00 a.m., funcionarios del Plan República prohibieron a Génesis Velásquez, reportera del partido Alianza Democrática, tomar fotos en la U.E. Villa Rosa, en el estado Nueva Esparta. Los uniformados le autorizaron una sola imagen y le hicieron borrar las demás, porque  “no era permitido tomar tantas”. En la U.E.E Aníbal Lárez, la mantuvieron esperando un rato antes de permitirle hacer la cobertura.

El periodista Elvis Rivas, corresponsal de Globovisión en Mérida, también denunció que un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) limitó su trabajo en el centro de votación del Liceo Libertador en el municipio Libertador. “Me fastidió hasta que se cansó. Incluso me tapó la cámara insistiendo en que no podía grabar ni desde afuera las mesas”, dijo Rivas.

A las reporteras Juana Inés Molina, Rut Cuauro y Josana Morales también se les impidió tomar gráficas o grabar en los estados Portuguesa, Falcón y Guárico, respectivamente.

El acceso a la información de interés público también se vio restringido por las prohibiciones de cobertura por parte de los equipos de prensa de candidatos y por las negativas de los responsables de los centros electorales a ofrecer declaraciones sobre el desarrollo del proceso electoral en sus colegios.

En la región llanera, en San Fernando, estado Apure, María Eugenia Díaz, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, denunció que la coordinadora del centro de votación escuela Arnaldo Reina, le negó información sobre la cantidad de votantes. Este tipo de limitación también afectó el trabajo periodístico de Clara Chirinos en el centro electoral móvil Ojo de Agua, en Puerto Ayacucho, Amazonas.

En esa misma localidad el equipo de prensa de Miguel Rodríguez, candidato a la reelección de la gobernación de la entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), negó a la periodista Ana Muñoz, de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM, la autorización para entrevistar a Rodríguez después de ejercer su derecho al voto en la U.E. Félix Solano. El mandatario regional accedió al intercambio luego que la comunicadora protestara ante la negativa de su equipo.

Intimidación y abuso de poder

Los hechos de intimidación y ataques se elevaron a 12 de acuerdo con lo registrado por IPYS Venezuela durante los comicios municipales y regionales. En total 11 trabajadores de la prensa y dos defensores de derechos humanos se vieron afectados por ataques de simpatizantes oficialistas o por el abuso de poder de los cuerpos de seguridad del Estado.

En el centro de votación Comedor Escolar Antonio Ramírez de Santa Rosa, en Barquisimeto, Lara, un funcionario del Plan República amenazó a la periodista Andreina Ramos, de VPITV, con quitarle sus equipos.  “O te quitas o te los decomiso”, le dijo el uniformado. La reportera contó a IPYS Venezuela que el militar se acercó y la amenazó cuando se encontraba sentada en un banco a cinco metros del plantel mientras esperaba a que llegara Sobella Mejías, candidata por la MUD. Ramos explicó que era periodista, que no estaba grabando sino esperando a la candidata, y se quedó en el lugar puesto que un grupo de personas salió a respaldarla.

1/2 #AvanceIPYSve | Un funcionario del Plan República amenazó a la periodista @Aramoss8, de @VPITV, con quitarle sus equipos en el centro de votación Comedor Escolar Antonio Ramírez de #SantaRosa en #Barquisimeto, estado #Lara. #21Nov https://t.co/kTQCoLcI11

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) November 21, 2021

Ramos y sus colegas Liz Gascón de El Pitazo; Karina Peraza; y Yelitza Figueroa, de Crónica Uno denunciaron que durante toda la jornada, desde horas de la mañana hasta aproximadamente las 2:00 p.m., fueron seguidas por colectivos identificados con gorras de las Cuadrillas de Paz (Cupaz) —grupos parapoliciales al servicio del oficialismo— mientras recorrían distintos centros de votación en Barquisimeto.

También en la capital larense, simpatizantes oficialistas en aproximadamente 20 motos agredieron a Yonaide Sánchez y Nelson Freitez, del equipo de Transparencia Activa, organización dedicada a velar por el acceso a la información pública, por documentar la permanencia de un punto rojo cerca del centro electoral Antonio Pinto Salinas.

#AvanceIPYSve | Los integrantes de Transparencia Venezuela (@NoMasGuiso), Nelson Freitez y Yonaide Sánchez, dieron su testimonio de las agresiones que sufrieron cuando monitoreaban en las inmediaciones del centro electoral Antonio Pinto Salinas en #Barquisimeto, #Lara. #21Nov pic.twitter.com/tDMIuVs3Ot

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Las intimidaciones y agresiones igualmente estuvieron presentes en la región andina. En San Cristóbal, estado Táchira, la periodista Lorena Bornacelly denunció que simpatizantes oficialistas fotografiaron a los trabajadores de la prensa que cubrían el proceso electoral en la Escuela J.A Román Valecillos. Bornacelly además reportó que en el municipio Michelena de la entidad cuerpos de seguridad del Estado intentaron robar los equipos de Carlos Eduardo Ramírez, camarógrafo de Fernando Andrade, candidato por la MUD.

Aproximadamente a las 2:00 p.m., en San Carlos, Cojedes, un funcionario del Plan República exigió a la periodista Pilar Guerra, de Mango Noticias, borrar el video que grabó para denunciar la presencia de puntos rojos cerca del centro de votación Liceo Creación.

Más de dos horas después, a las 4:40 p.m., los periodistas Luis Gonzalo Pérez, de NTNT24 Venezuela, y Gabriela González, de W Radio Colombia, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) obligaron a reporteros y ciudadanos borrar videos y fotos recabadas en el centro de votación Escuela Municipal Andrés Bello de Chacao en Caracas. Al camarógrafo Pérez, Julio Urribarri le revisaron la cámara mientras grababan para medios españoles, según denunció Pérez en Twitter.

De acuerdo con lo reportado por Pérez, la Dgcim amenazó a González con tomar “las acciones necesarias” si no borraba un video.

#AHORA 4:40 PM – Al rededor de 20 funcionarios de la DGCIM llegaron al centro electoral Escuela Municipal Andrés Bello en Chacao, intimidandonos a varios trabajadores de la prensa. A mi camarógrafo @JulioUrribarri8 le revisaron la cámara mientras grabamos para medios españoles

— Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) November 21, 2021

El sábado 20 de noviembre, día previo a la jornada electoral, un funcionario del Plan República llamó “terroristas” a la periodista Deisy Martínez y a la reportera gráfica Liseth González, ambas del medio Efecto Cocuyo, en el liceo Fermín Toro en Caracas durante una cobertura para verificar la instalación de mesas. Este ataque discursivo ocurrió luego que las reporteras fotografiaran la fachada del centro educativo. El funcionario insistió en que tenían que pedir permiso para hacer las tomas.

Asimismo el abuso de poder se ejerció el 21 de noviembre mediante una detención arbitraria ocurrida en Los Teques, estado Miranda. En el centro de votación N.S. del Carmen, un efectivo del Plan República apuntó con su arma de reglamento al periodista Orlando Montlouis, de El Liberal Post y El Tequeño, cuando hacía fotos del plantel y luego lo siguió hasta el vehículo en que se movilizaba, donde lo obligó a bajarse e ingresar a un salón del centro de votación. Alrededor de 40 minutos después, el GNB dijo a Montlouis que estaba prohibido hacer fotografías y lo obligó a borrar el material periodístico que había registrado de su teléfono para dejarlo ir.

Internet precario 

Las fallas en los servicios de navegación persistieron durante los comicios regionales y municipales. Entre el 20 y 21 de noviembre, IPYS Venezuela ejecutó una serie de pruebas de velocidad de descarga de internet en distintos estados del país, gracias al trabajo conjunto de la Red Nacional de Corresponsales. Las mediciones se ejecutaron mediante un test del Measurement Lab (MLAB), un laboratorio de medición de internet abierto, efectuándose en dos momentos del día, el primero de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y el segundo de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.

Los resultados evidenciaron que la velocidad de descarga promedio en Venezuela fue de 4,14 megabits por segundo (Mbps), de acuerdo con 117 pruebas realizadas desde las conexiones fijas y móviles de los prestadores de servicios de internet, públicos y privados, Cantv, Movilnet, Digitel y Movistar. El dato obtenido aún ubica a Venezuela por debajo de la media regional que es de 5 Mbps, y la mundial que se ubica sobre los 15 Mbps, de acuerdo con los estándares de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). 

Se evidenciaron índices de velocidad por debajo de un megabit por segundo, desde conexiones fijas y móviles, en los estados Barinas (0,5), Cojedes (0,37) y Sucre (0,81). Asimismo, la calidad de la navegación en las conexiones fijas fue la más precaria, con un promedio de 2,15 megabits por segundo (mbps) según las 55 pruebas efectuadas en ambos días, desde los proveedores Cantv y Supercable. Mientras que en ese mismo período, la velocidad promedio desde las redes móviles fue de 6,13 mbps, a partir de los resultados de 62 mediciones efectuadas desde Movilnet, Digitel y Movistar.

Cerco digital continuo

IPYS Venezuela además recabó evidencias de censura digital a través de mediciones realizadas bajo la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI). Gracias a la Red Nacional de Corresponsales y al equipo central de esta organización, se identificaron 1071 pruebas que demostraron impedimentos para acceder a información de interés público en 22 portales de noticias nacionales, cinco de medios extranjeros, y cuatro redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, desde los proveedores públicos y privados, Cantv, Movilnet, Digitel y Movistar.

En todos los portales consultados entre el sábado 20 y el domingo 21 de noviembre, se confirmó la ocurrencia de al menos un bloqueo. Según los datos registrados, del total de 3720 pruebas realizadas mediante 120 consultas que se hicieron a los 31 dominios de las plataformas digitales seleccionadas, 558 fueron bajo la modalidad de censura por DNS, 497  de tipo HTTP y solo 16 mostraron bloqueos por TCP/IP. Una vez más estos resultados arrojaron mayores evidencias de bloqueos en el sitio web de la televisora VIVOplay, que apareció bloqueado 88 veces en total, mostrando en 45 pruebas bloqueos por DNS, y en 43 por HTTP. Estas interrupciones se comprobaron desde las conexiones de Cantv (42), Digitel (33), Movistar (11) y Movilnet (2). 

Seguidamente se encontró el portal de VPItv, otra televisora digital que mostró bloqueos en 78 pruebas, de las cuales en 43 las restricciones fueron bajo la modalidad de DNS, en 34 por HTTP, y en una sola ocasión se verificó un impedimento de tipo TCP/IP. Estas vulneraciones se observaron desde los servicios de Cantv (33), Digitel (33), Movistar (11) y Movilnet (1). Los medios NTN24 y Noticia al día, que estuvieron bloqueados en 74 y 70 oportunidades respectivamente, también demostraron principalmente bloqueos por DNS y estos se encontraron en su mayoría en las pruebas realizadas desde Cantv y Digitel.

El portal informativo El Pitazo, que ha sido víctima de la censura digital desde 2017, apareció bloqueado 47 veces, siendo en 42 de tipo DNS y solo en cinco ocasiones por HTTP. Destacó que las limitaciones a este medio fueron mayormente encontradas desde las conexiones de Digitel, proveedor que acumuló 32 de las evidencias de bloqueos, mientras que las pruebas realizadas a través de Cantv solo mostraron restricciones en cinco oportunidades.

Los otros medios informativos donde se encontraron bloqueos fueron: Caraota Digital (76), Albertonews (73),  Monitoreamos (70), Armando.Info (69), La Patilla (69),  Efecto Cocuyo (49), Aporrea (40), 2001 (42), Correo del Orinoco (24), Punto de Corte (13), Runrunes (10), Crónica Uno (8), El Cooperante (4), El Universal (3), Globovisión (3), VTV (2), El Nacional (1). En cuanto a los medios internacionales, la frecuencia de bloqueos identificados fue la siguiente:  Infobae (46), El Tiempo de Colombia (45), EVTV Miami (38), BBC (16) y El País (8). En el caso de las redes sociales, Youtube apareció censurado en 7 oportunidades, Facebook en 4, mientras que Twitter e Instagram solo en 2 y 2, respectivamente. Todas las incidencias de bloqueos en estas plataformas fueron bajo la modalidad HTTP. 

IPYS Venezuela exige a los proveedores de servicios de internet el cese de las acciones de censura que son ejecutadas y respaldas por Conatel, y que afectan la circulación libre de información en la esfera digital. Esta organización además reitera su rechazo a las medidas arbitrarias realizadas por parte de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que atentan contra los derechos de libre expresión e información contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los estándares internacionales que defienden la comunicación libre y plural.