IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Siete casos de violaciones contra la libertad de expresión registró IPYS Venezuela durante la semana del 10 al 17 de septiembre por abusos de poder, acciones judiciales por delitos de odio, medidas de censura, hechos de intimidación, ataques a medios digitales y fallas en los servicios de telecomunicaciones que limitaron la cobertura informativa y el acceso a la información de periodistas y ciudadanos en cuatro estados del país
Detenciones arbitrarias, agresiones verbales, acusaciones falsas, sentencias de privativa de libertad, hackeos y fallas en la señal de los servicios de telefonía móvil e internet fueron los incidentes que acumularon seis violaciones en el monitoreo de libertades informativas de IPYS Venezuela, entre el 10 y 17 de septiembre de 2018. Estos hechos se registraron en los estados Zulia, Mérida, Sucre y en la ciudad de Caracas, en su mayoría ejercidos por funcionarios estatales.
En Caracas, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazó a la periodista de El Pitazo, María Vallejo, cuando cubría una manifestación en la urbanización El Silencio el martes 11 de septiembre. Ese mismo día se conoció, a través de la Gaceta Oficial N° 41.435 con fecha del 10 de septiembre de 2018, que fue prorrogado nuevamente por 60 días el Decreto de Emergencia Económica, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en todo el país.
Este documento permite al Ejecutivo Nacional adoptar “medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos”. Sin embargo, en junio del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el uso arbitrario de este decreto podrían derivar en limitaciones a la libertad de expresión además de otros principios democráticos y garantías de DDHH.
En Mérida, fueron detenidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) dos bomberos adscritos a la estación número 8 del Cuerpo de Bomberos ubicada en la población de Apartaderos, el jueves 13 de septiembre. Ambos fueron privados de su libertad luego de que el domingo 16 de septiembre fueran presentados ante el Tribunal de Control N° 2 de Mérida para una audiencia preliminar, en la que el fiscal Silvio Villegas solicitó que fueran imputados por el delito de incitación al odio con agravante, estipulado en los artículos 20 y 21 de la Ley contra el Odio.
Esta semana funcionarios de la GNB también detuvieron arbitrariamente a tres periodistas extranjeros que se encontraban en la frontera de Venezuela y Colombia, ubicada en el sector Paraguachón del municipio Guajira en el estado Zulia.
En el estado Sucre, usuarios de la compañía estatal de telecomunicaciones, Cantv y ABA, en el municipio Cruz Salmerón Acosta de la península de Araya, reportaron que están sin señal telefónica e internet desde el sábado 15 de septiembre. Durante las lluvias, un rayo partió la antena principal de la empresa en dicha región. Hasta ahora se desconoce si se están realizando las labores necesarias para el restablecimiento de ambos servicios.
ZULIA: Sebin detuvo arbitrariamente a tres periodistas extranjeros
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron el viernes 14 de septiembre a tres periodistas extranjeros en la frontera de Venezuela y Colombia, ubicada en el sector Paraguachón, en el municipio Guajira del estado Zulia.
#AlertaIPYSve Tres periodistas extranjeros (dos británicos y una periodista argentina) detenidos por la GNB en Paraguachón, frontera Colombia-Venezuela.
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) September 14, 2018
Los implicados, que trabajan para la cadena inglesa ITN (en inglés Independent Television News), fueron la periodista argentina Laura Saravia, el camarógrafo Barnaby Green y el productor Dan Rivers, ambos británicos.
Se conoció que los periodistas fueron aprehendidos por los efectivos de la GNB en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en Paraguachón, cuando se disponían a sellar sus pasaportes para salir del país.
Posteriormente fueron entregados al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes los trasladaron en una patrulla hasta la sede del organismo policial ubicada en Maracaibo.
Al llegar a las instalaciones del Sebin, decomisaron sus teléfonos celulares y los dejaron incomunicados durante las 14 horas que permanecieron retenidos. Luego los funcionarios policiales los trasladaron nuevamente hasta Paraguachón, en donde los reporteros abandonaron el país con dirección a Colombia.
Durante la detención los periodistas debieron aclarar las razones de su viaje, sus recorridos y sus contactos en el país. Saravia aseguró que los funcionarios se preocuparon por las denuncias en las redes sociales, hechas por defensores de derechos humanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y distintas organizaciones no gubernamentales.
#Paraguachón
Informar no es delito, la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser respetado, protegido y garantizado por el Estado venezolano
Actualización de la nota de prensa sobre la detención de tres periodistas británicos en Paraguachón: https://t.co/Kk8YMC1pjL pic.twitter.com/OSxHw1eCyu— Codhez (@Codhez) September 15, 2018
Al enterarse de la situación, la Cancillería de Argentina expresó: “Esta Cancillería ha tomado conocimiento de que la periodista argentina Laura Amalia Saravia, junto con un equipo de prensa internacional que se encontraba en el estado de Zulia, próximo a la frontera con Colombia, ha sido retenida y se encuentra a disposición de las autoridades venezolanas correspondientes. La Embajada argentina en Caracas está realizando las gestiones del caso para velar por la situación de la mencionada connacional”.
Los tres periodistas ingresaron a Venezuela como turistas el miércoles 12 de septiembre. Ese día fueron detenidos tres trabajadores venezolanos, quienes fueron identificados como Richard Micel, Eduardo Hernández Ocando y Kennet Kladnik, y que habían sido contratados por la cadena ITN como conductores y personal de seguridad de los periodistas. Estas personas aún se mantienen detenidas en el Sebin, y se desconocen las causas y el estado actual de su reclusión.
IPYS Venezuela rechaza el acoso y la detención de corresponsales extranjeros como un mecanismo de intimidación a la prensa. Esta organización exige que se garantice la libertad de ejercer la profesión del periodismo en Venezuela.
#AlertaIPYSve Se confirma la estadía de los choferes en el Sebin junto con los tres periodistas, hasta ahora se desconocen las condiciones de todos los detenidos.
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) September 14, 2018
#ALERTAsntp | Los periodistas extranjeros detenidos hoy #14Sep, cuando salían de #Venezuela, habían llegado por tierra desde #Colombia el miércoles #12Sep. No sabían que el medio para el que trabajan les había contratado personal seguridad por lo que no advirtieron la detención
— SNTP (@sntpvenezuela) September 14, 2018
CARACAS: GNB intimidó a periodista de El Pitazo
El martes 11 de septiembre un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazó a la periodista de El Pitazo, María Vallejo, cuando realizaba la cobertura de una protesta en la urbanización El Silencio de Caracas.
La reportera cubría una manifestación en la que los ciudadanos denunciaban la falta de unidades en la ruta Caracas-Vargas. Vallejo iba acompañada por el reportero gráfico Rayner Peña, del mismo medio de comunicación. “Estaba grabando con mi teléfono y un guardia nacional me dice ‘si no apagas el celular, te voy a partir la cámara’(…)”, narró la periodista a los medios de comunicación. Una vez que Vallejo y Peña se identificaron como trabajadores de la prensa, el funcionario militar le permitió continuar documentando la situación.
Ipys Venezuela intentó comunicarse con los reporteros afectados, pero no fue posible. Esta organización alerta sobre el uso abusivo de poder de los cuerpos de seguridad contra los periodistas durante las coberturas de hechos noticiosos. Estas acciones vulneran los principios de libertad de expresión establecidos en la Constitución Nacional así como las normas y pactos internacionales.
Derechos Digitales
Ley contra el Odio se aplicó por segunda vez en Mérida
Los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto, adscritos a la estación número 8 del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, ubicada en la población de Apartaderos, fueron detenidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la entidad, el jueves 13 de septiembre.
#AlertaIPYSve El juez Carlos Márquez del Tribunal de Control N° 2 del estado Mérida dictó privativa de libertad a los bomberos acusados de grabar un video donde comparan al presidente Maduro con un burro.
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) September 16, 2018
La causa de la detención sería la presunta grabación de un video de un burro que recorre esa estación de bomberos mientras una voz masculina dice que se trata del “presidente Maduro”. El video fue difundido a través de redes sociales.
El domingo 16 de septiembre los funcionarios bomberiles fueron presentados ante el Tribunal de Control N° 2 de Mérida para una audiencia preliminar, la cual tuvo lugar en la sede del Circuito Judicial Penal de la ciudad, donde Varón y Prieto permanecían recluidos desde el momento de su detención.
#AlertaIPYSve El fiscal, Silvio Villegas, fue quien pidió la condena al imputarles el delito de promoción e incitación al odio con agravante, trasgresión estipulada en los artículos 20 y 21 de la Ley constitucional contra el odio.
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) September 16, 2018
El juez de control designado para este caso, Carlos Márquez, dictaminó la medida de privativa de libertad para ambos bomberos luego de que el fiscal Silvio Villegas solicitara que fueran imputados por el delito de incitación al odio con agravante, estipulado en los artículos 20 y 21 de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Las penas que se establecen por tal delito van de 10 a 20 años de prisión.
Aunque en este caso aún se desconoce el tiempo y el grado de la condena, el tiempo que Varón y Prieto permanecerán privados de libertad podría ser el máximo, ya que el fiscal Villegas solicitó la imputación de dicho delito con agravante. Así lo establece específicamente el artículo 21 de la referida normativa.
La norma contra el odio fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituye y publicada en Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2017. Desde entonces ha sido aplicada en el estado Mérida en dos ocasiones.
El 5 de marzo de 2018 dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, funcionarios del Sebin detuvieron a Jhohann Adolfo Lobo Goyo y MichaelI Efrén Labrador Ramírez luego de participar en un programa de televisión en un canal regional, en donde invitaron a la comunidad a participar en una protesta. Este caso constituyó el primer antecedente de la aplicación del artículo 20 de la norma contra el odio en el estado Mérida.
Hackean portal del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA
El pasado viernes 7 de septiembre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) informó a través de su cuenta en Twitter (@Uladdhh) que su portal web había sido atacado.
En el mismo tuit se indicaba que ese sería el segundo ataque cibernético perpetrado al sitio web en lo que va de año. En total, desde que se creó en 2014, han sido cinco los ataques, que han provocado desde daños menores hasta la imposibilidad de ingresar a esa dirección web temporalmente.
Mayda Hocēvar, directora del ODH-ULA, informó a IPYS Venezuela que en esta ocasión el ataque sólo había generado daños menores, es decir, alteraciones temporales en la imagen del sitio web, que el atacante habría logrado utilizando un método de código de fuente.
“Nuestro web master nos indicó que el portal web sufrió el pasado viernes un ataque proveniente de una dirección IP de China. Es la segunda vez que ocurre en lo que va de año, pero diariamente recibimos al menos 50 ataques cibernéticos que se logran frustrar o rechazar. Todos los ataques que hemos sufrido, que suman un total de cinco, suelen provenir de direcciones IP de Rusia, China e India”, precisó Hocēvar.
Una nota de prensa del ODH-ULA, publicada el martes 11 de septiembre, dio a conocer que el primer ataque perpetrado este año, ocurrió el 24 de febrero. En esa ocasión el portal estuvo fuera de línea al menos por 24 horas y una semana, y después pudo ser recuperado en su totalidad. “Para ese entonces, el hacker dejó su firma ‘H4XR3’ y un mensaje en inglés que decía ‘tengan cuidado”, indica el escrito.
El ODH-ULA fue creado el 17 de marzo de 2014 como una iniciativa impulsada por varios sectores de la Universidad de Los Andes, a propósito de las protestas sociales iniciadas en febrero de ese año que conllevaron a la violación de varios derechos humanos. Desde su creación, este observatorio se ha encargado de crear bases de datos con información estadística de violaciones de la libertad académica, elaborar informes y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos en general, realizar actividades de formación en esa materia y asistir jurídicamente, de forma gratuita, a personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados.
