IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 6 de diciembre de 2015, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo de seguridad del Estado, retuvo por varios minutos a Andrea Lugo, reportera del portal web Caraota Digital, cuando se encontraba registrando imágenes de un grupo simpatizante con el oficialismo, ubicado a 50 metros de un centro electoral en el sector Caricuao de Caracas, ciudad capital. El efectivo también retuvo al motorizado en el que se desplazaba.
Andrea Lugo, reportera de Caraota Digital, relató a IPYS Venezuela que se encontraba tomando fotografía a las afueras de la Clínica Popular de Caricuao, habilitada como centro de votación, cuando un funcionario de la PNB le exigía a un grupo simpatizantes con el oficialismo que se retirara del lugar porque no se podía hacer proselitismo político.
Lugo aseguró que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien resguardaba el centro electoral, se acercó a los reporteros con fusil en mano y les pidió que dejaran de tomar fotografías de lo que estaba sucediendo. Los reporteros continuaron con su labor porque estaba prohibido hacer coberturas a las afueras de la clínica. Por esta razón, el funcionario pidió la intervención del efectivo policial.
Aunque el equipo reporteril portaba el chaleco de prensa, identificado con el nombre del medio de comunicación, y la reportera portaba su carnet de prensa y el permiso del Consejo Nacional Electoral (CNE), que la acreditaba para cubrir los comicios, el efectivo pidió sus documentos y los retuvo. A los pocos minutos se acercó otro grupo simpatizante con el oficialismo, a bordo de motocicletas, conocidos como colectivos.
“Por qué nos retienes a nosotros que estamos cumpliendo con nuestro trabajo y no los retienes a ellos”, reclamó la reportera al funcionario policial, quien los dejó ir cuando reconoció que no podía detener al colectivo.
Este hecho representa un uso abusivo del poder militar y policial con el fin de limitar la labor informativa de los comunicadores sociales.
IPYS Venezuela registró al menos 14 alertas a la libertad de expresión vinculada a la limitación a la cobertura de asuntos de interés público.
