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Funcionarios de la PNB despojaron a reporteros gráficos de memorias fotográficas

El 26 de enero de 2015, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo de seguridad del Estado, despojaron de sus memorias fotográficas a María Gabriela López y Alex Delgado, reporteros gráficos de los impresos El Propio y El Nacional, respectivamente, cuando se encontraban registrando un operativo policial. Los funcionarios amenazaron a los reporteros con quemar sus equipos de trabajo si no les entregaban las respectivas memorias.

MagaLópez.26.01.2015.

IPYS Venezuela pudo corroborar con fuentes internas del diario El Nacional que efectivamente los reporteros gráficos, María Gabriela López y Alex Delgado, se encontraban cumpliendo funciones informativas durante un operativo policial en el barrio los Cagilones, estado Miranda, en horas de la mañana, cuando efectivos policiales impidieron su labor reporteril.

En una noticia publicada en la página web del diario El Nacional, se publicó el testimonio de ambos reporteros gráficos, quienes aseguraron que los funcionarios de la PNB los amenazaron con quemar sus cámaras fotográficas si no entregaban las memorias de sus equipos.

“Nos rodearon porque estábamos cubriendo como maltrataban a los detenidos. Prácticamente nos robaron. Le pedimos al director de la PNB que se haga responsable las tarjetas de memoria que nos quitaron”, afirmaron los fotógrafos.

El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus ideas y opiniones, y para ello puede hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.

Por otro lado, el numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida,  a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Además, su artículo 9 señala que los hechos de amenaza e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

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