IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
En el lapso comprendido entre el 01 y el 12 de noviembre del 2013, y luego de una solicitud de acceso a la información pública introducida el día 31 de octubre (de acuerdo al artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, son 10 días hábiles posteriores a la presentación del comunicado) instituciones del Estado venezolano, ubicadas en Caracas, Distrito Capital, se negaron a suministrar información pública sobre la importación, ensamblaje y comercialización de motocicletas en el país a los reporteros de la Unidad de Investigación del diario Últimas Noticias (UN), de capital privado perteneciente a la corporación Cadena Capriles.
La información era necesaria para un trabajo especial sobre este tema que se ha publicado en serie desde el 24 de noviembre de 2013.
Los periodistas denunciaron a IPYS Venezuela que un funcionario del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, prohibió al colectivo de motorizados “Águilas Rojas” suministrar información al diario, luego de la publicación del primer reportaje titulado Sobre dos ruedas y fuera del carril.
El diario UN ha publicado desde el 24 de noviembre de 2013 una serie de reportajes e infografías que reseñan la situación de los motorizados en Venezuela.
El primer trabajo versó sobre el descontento de los motorizados debido a la normativa regulatoria, vigente desde el 4 de octubre de 2011; convenios entre el gobierno nacional y empresas ensambladoras de motocicletas; el crecimiento industrial y comercial de motos en casi 200% en los últimos años, señalando el ensamble de 400 mil motos en 2012; el hecho de que la compra de motos de alta cilindrada a Kawasaki Motors Enterprise, de China, por parte de dos ensambladoras venezolanas, Bariven o Vemixca, no se encuentre registrada en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), principal órgano estatal que informa sobre el sistema estadístico nacional. .
Negación de información pública
Entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2013, Últimas Noticias envió cartas de solicitud de información pública a varios despachos estatales y no fueron atendidas. Entre los funcionarios consultados están Ricardo Menéndez, ministro de Industrias; Alejandro Fleming, ministro de Comercio; Ower Manrique, presidente de Bariven, la cual se ocupa de la adquisición de materiales y equipos para las actividades de exploración, producción y refinación de petróleo y gas, es filial de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA); Giuseppe Yoffreda Yorio, presidente de Veximca, Venezola de Exportaciones e Importaciones; y a Chung-Kai Chen, presidente de Corpivensa, Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela Sociedad Anónima.
En las solicitudes de información, se les consultó sobre la asignación de “las licencias de importación para piezas de motocicletas, niveles de producción de empresas mixtas ligadas al ramo, niveles de producción de partes para motocicletas; importación por organismos del Estado, los recursos destinados a estos fines y los objetivos”.
Jesús Alberto Yajure, reportero de la Unidad de Investigación, aseguró que se hicieron alrededor de 80 llamadas telefónicas a estos organismos solicitando información y tampoco recibieron respuesta a sus peticiones.
Entre tanto, la periodista de Últimas Noticias, Airam Fernández acudió al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) para solicitar información sobre la normativa que regula el tránsito de motocicletas en Venezuela. Señaló que el coronel Gustavo Espinoza Flores, director de despacho, admitió desconocer el tema y prometió prepararse para una entrevista posterior, o en su defecto, concretar un encuentro con la funcionaria, Ileana Martínez, abogado, quien podría proporcionarle los datos que requería la reportera para la investigación periodística. Sin embargo, hasta el 27 de noviembre, el funcionario no había ofrecido respuesta.
El 25 de noviembre de 2013, la Unidad de Investigación recibió una llamada del coordinador general del colectivo “Águilas Rojas de la Revolución II – Fuerza Motorizada”, Luis Armando Ñáñez, quien manifestó que la periodista, Airam Fernández, había reseñado una información que él no había suministrado.
Durante la llamada, Náñez informó a la reportera que la funcionaria del INTT Ileana Martínez se encontraba a su lado. Cuando Fernández solicitó hablar con la abogada, ella alegó que luego de la publicación de la investigación, no les suministraría información.
El reportero Jesús Alberto Yajure explicó que en la redacción del diario acordaron darles un derecho de palabra a los miembros del colectivo “Águilas Rojas” para que acudieran a la sede del periódico y contaran sus perspectivas sobre la investigación que adelantaban los reporteros. No obstante, Náñez aseguró que la funcionaria del INTT, Ileana Martínez, dio la orden de no suministrar información a los reporteros de Últimas Noticias sobre el tema.
Estos incidentes configuran limitaciones arbitrarias a la información pública. Las obstrucciones a las consultas sobre asuntos de interés públicos por parte de funcionarios estatales representan una violación del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación de los agentes públicos de atender y dar respuesta pertinente y oportuna a las solicitudes de información, relacionados a sus competencias.
