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El 10 de febrero de 2015, la diputada Blanca Eekhout, presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, anunció el inicio de una investigación contra el diario Tal Cual, impreso de circulación nacional y de capital privado, por reseñar en su portal web, un artículo del periódico estadounidense, El Nuevo Herald, sobre el asesinato del diputado Robert Serra.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Elvis Amoroso, hizo la solicitud, luego de que el diario Tal Cual citara las declaraciones del analista político Helly Angel, publicadas en una nota del diario El Nuevo Herald, en las que se dijo que el carácter temperamental del joven diputado, así como su vínculo con los colectivos simpatizantes con el oficialismo, posiblemente hayan motivado su asesinato.
Aunque el diario Tal Cual no reseñó los presuntos detalles de la vida íntima de Serra, y que El Nuevo Herald obtuvo supuestamente, a través de registros policiales; los parlamentarios aseguraron que se iniciará dicha investigación por una información que desmoraliza la memoria del diputado fallecido el 1 de octubre de 2014.
“Esta es la confesión del crimen de la burguesía asesina y sus medios de comunicación que organizaron con el paramilitarismo colombiano el asesinato de un joven diputado”, aseguró Eekhout.
La diputada aseguró que este hecho se asemeja a lo sucedido en 2006, cuando el Tribunal sexto de Control prohibió a los medios de comunicación, entre ellos el diario Tal Cual, publicar las actas del expediente del homicidio del fiscal Danilo Anderson, asesinado en 2004, quien entonces investigaba a los responsables del golpe de Estado de abril de 2002.
Este hecho se enmarca en una amenaza de acción administrativa contra un diario con una línea editorial crítica al gobierno nacional, por reseñar la publicación de un artículo de opinión de un medio internacional.
Cabe destacar que el próximo 27 de febrero de 2015, el diario Tal Cual se convertirá en un semanario, luego de que anunciantes privados recibieran presiones oficiales para que no pautaran publicidad con el mencionado diario. Este hecho aunado con siete procedimientos judiciales en contra del periódico y la inflación registrada en el país, llevó a su Junta Directiva a subir el precio de sus ediciones en papel, y posteriormente a modificar la salida al mercado de dichas ediciones.
El artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que el uso del poder del Estado para castigar a los periodistas y los medios de comunicación social, en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibido por la ley.
