IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 20 de abril de 2016, un hombre que se identificó como “Sargento Mayor, Antonio Bello” expresó un mensaje intimidatorio en contra de la sede de El Estímulo, portal digital, cuando Víctor Amaya, periodista y coordinador editorial de la revista digital Clímax, conversaba con un grupo de vecinos del Campamento de Pioneros Comunidad Socialista Francisco de Miranda, quienes protestaban a las afueras del medio de comunicación y exigían un derecho a réplica por la publicación de un trabajo periodístico.
Los vecinos que protestaron admitieron desconocer a esta persona. Cortesía El Estímulo
“Si no le paras bolas al poder popular, el poder popular viene y te toma la verga esta”. Esas fueron las palabras que pudieron apreciarse en el audio publicado en el portal web El Estímulo, luego de que el periodista Víctor Amaya le exigiera respeto y prudencia a la persona que se autodenominó “chavista” y que portaba una gorra del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Aquí se puede tener acceso al audio de la conversación entre Amaya y el presunto Sargento. Cortesía El Estímulo.
https://soundcloud.com/el-est-mulo-516155371/amenaza-a-el-estimulo-del-sargento-mayor-antonio-bello-gnb
Los vecinos que protestaban admitieron no reconocer al hombre que profirió las amenazas en contra del medio de comunicación social. “Se le solicitó la identificación al sujeto, quien no quiso responder las interrogantes y, manteniendo una conversación telefónica vía celular, evitó ser fotografiado en un primer momento”, dice el texto publicado en El Estímulo.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una amenaza que pretende intimidar a los periodistas o trabajadores del medio de información en el cumplimiento de sus funciones.
Los hechos de intimidación y amenaza violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, según el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La amenaza ocurrió cuando el periodista Víctor Amaya acordaba con voceros del Campamento de Pioneros Comunidad Socialista Francisco de Miranda un derecho a réplica, luego de que rechazaran las declaraciones de un grupo de personas a la revista Clímax para el trabajo periodístico “Misión vivienda de autogestión: construir sin derecho a propiedad”.
En el reportaje periodístico se desprende el testimonio de varias personas; entre ellas, Carmen, quien opta por un apartamento en el Campamento de Pioneros Francisco de Miranda, ubicado en la avenida con ese mismo nombre a la altura de La California Norte, bajo la presunta condición de la autogestión en la construcción de sus viviendas. Los beneficiarios desconocen cuándo podrían ocupar el inmueble en el que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo.
“Los beneficiaros claman la inclusión de personal calificado que los ayude a culminar y las voceras se niegan a elevar la petición a autoridades gubernamentales para no perder el estatuto de autogestión. También hay miedo a ser ignorados y nunca recompensados, por eso las voceras, -encargadas de las relaciones con el Gobierno-, a pesar de tal calificativo, evitan declarar a la prensa, o lo hacen bajo anonimato, el mismo al que opta Carmen cuando decide dar un nombre falso para hablar”, dice la investigación publicada.
En horas de la mañana, 50 personas que forman parte del Campamento de Pioneros Comunidad Socialista Francisco de Miranda exigieron un derecho a réplica por la publicación, luego de aseverar que la misma carece de veracidad. El periodista Víctor Amaya recibió un comunicado que fue publicado al final del reportaje a modo de réplica.
A continuación, el comunicado:
El grupo exigía la identidad de las personas que declararon para el reportaje de El Estímulo. Con el fin de evitar posibles retaliaciones, el medio de información resguardó la identidad de sus fuentes de acuerdo con el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo que establece: “Ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa de hechos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de la profesión”.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que todos los ciudadanos tienen derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
