IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 14 de mayo de 2015, Angélica Barrero, Fiscal Auxiliar Interino Vigésima Primero del Ministerio Público, solicitó a la directiva del semanario Tal Cual, con “carácter de extrema urgencia”, la identificación plena del ciudadano, Omar Pineda, así como el cargo que desempeña en el medio de información en el que ejerce como coordinador web. Por su parte, Humberto de Paola, consultor jurídico del semanario denunció abuso de autoridad de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN).
El abogado de Tal Cual relató a IPYS Venezuela que la solicitud de la Fiscalía demuestra un evidente abuso de autoridad por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, debido a que no utilizó el procedimiento de Auxilio Judicial, una figura que se encuentra establecida en el artículo 402 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para ejercer diligencias que puedan formar parte de una investigación preliminar, entre ellas la solicitud de información sobre un particular.
Mendoza de Paola explicó que la solicitud de información de la Fiscalía es inconstitucional, pues significa una extralimitación de funciones de la Fiscalía. “Cuando la fiscal acató la orden, incurrió en un delito porque no se explicaron las razones por las cuales fueron solicitados los datos de Omar Pineda y además los juicios de acción privada no son de su competencia”, dijo.
La solicitud de información del tribunal en torno a las funciones que cumple Omar Pineda, coordinador web del semanario, se produjo dos días después que conociera la admisión de la demanda penal y se prohibiera la salida del país en contra de 22 directivos y miembros de los consejos editoriales de El Nacional, La Patilla y Tal Cual por el presunto delito de difamación agravada continuada, por solicitud de Presidente del Parlamento.
El representante legal de Tal Cual presume que esta acción en contra de Omar Pineda, podría guardar relación con el cargo que representa como coordinador de Tal Cual Digital, puesto que en la demanda también se menciona el sitio web en cuestión, utilizado como plataforma para la publicación de la información del diario ABC de España, y que fue replicada por la versión digital del semanario, El Nacional y La Patilla.
El 15 de mayo el director del diario ABC aseguró que está dispuesto a comparecer ante juez con la evidencia que vinculan al presidente de la Asamblea Nacional con el narcotráfico.
Excesivo procedimiento
Mendoza de Paola calificó de excesivo el procedimiento de entrega de la notificación de la Fiscalía sobre la admisión de la demanda, el 13 de mayo, en la sede de Tal Cual, en Caracas. Aseguró que estuvo acompañado por una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpos de seguridad del Estado.
El abogado aseguró que, independiente de que dicha notificación estuviese dirigida a cuatro miembros de su junta directiva, los trabajadores que se encontraban en la sede, recibieron la carta sin aceptar -por los momentos- el contenido de la notificación, debido a que ninguna de las personas demandadas se encontraba en el lugar.
Apoyo gremial
Después de la solicitud de la Fiscalía, Omar Pineda recibió el apoyo de la junta directiva del semanario Tal Cual, así como de los 60 compañeros y periodistas que formaron parte de la redacción del que hasta el mes de febrero de 2015 fue un impreso de circulación diaria. Mendoza de Paola aseguró que se enviará un comunicado al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) para denunciar la agresión normativa en contra del periodista Omar Pineda.
Demandas recurrentes
Esta es la octava demanda que enfrenta Tal Cual en los últimos 14 años. Diosdado Cabello ha demandado a este periódico en dos oportunidades. En 2014, Cabello demandó al articulista Carlos Genatios y los miembros de la Junta Directiva de Tal Cual por la publicación de un artículo de opinión.
Esta última demanda es contraria a lo que establecen los estándares internacionales de protección de libertad de expresión. En su informe anual 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Venezuela “eliminar el uso de procesos penales” que intentan “inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de interés público y el pleno ejercicio de los derechos políticos”.
