IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 01 de noviembre de 2012, Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo (máximo órgano del poder público ciudadano) denunció que su despacho adelanta un estudio sobre los trabajos que realizaron caricaturistas venezolanos en medios nacionales y regionales, a partir de la reelección presidencial de Hugo Chávez, en la consulta popular que se celebró el 7 de octubre de 2012. Informó su oficina elabora la compilación “Opinión y Humor en tiempos de cólera”, con caricaturas publicadas en distintos medios, que a su juicio incentivan conductas que están prohibidas en la Constitución Nacional.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa La voz de la Defensoría, que se transmite semanalmente por Radio Nacional de Venezuela, del Sistema Nacional de Medios Públicos. En esta emisión, la autoridad pública señaló: “a partir de lo que se ha querido llamar arte, se ha destilado una gran amargura, como es el caso de los caricaturistas que han impulsado una cantidad de de actuaciones y (han) promovido (un) comportamiento xenófobo”, discriminatorio y racial. Además, Ramírez afianzó que “La Defensoría del Pueblo tiene la obligación y la misión de poner en relieve este tipo de actitudes que nosotros tenemos que desterrar de la sociedad. Nosotros no podemos estar discriminando, promoviendo el racismo”.
Como ejemplo indicó: “Hay una caricatura, que no voy mencionar al caricaturista (…) Es una mujer con un pan debajo del brazo, caminando, y dice ´qué alegría que hayan abierta la panadería número 50 para 28 millones de venezolanos. Y el caricaturista le dibuja a la señora un rancho en la cabeza. O sea, que ella tiene en la cabeza la marginalidad, en el entendido del caricaturista”.
Además, la Defensora añadió que a nivel normativo “la libertad de expresión tiene el coto de no promover el odio, la discriminación y el racismo. Y es precisamente lo que estos señores están haciendo”.
Aunque Ramírez no especificó ante qué instancia presentará este estudio, se puede considerar que esta situación configura una amenaza contra la libertad de expresión, debido a que se utiliza el poder estatal para iniciar averiguaciones contra los caricaturistas venezolanos. Además, este estudio puede generar el inicio de una investigación judicial, así como también, estimular la censura de estos contenidos por parte de los medios de comunicación, y la autocensura de los propios caricaturistas por temor a represalias.
Puede escuchar las declaraciones de la Defensora del Pueblo aquí
