IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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La Fundación Redes señaló que actualmente hay cinco estaciones de radio vinculados a grupos guerrilleros en el país
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Mientras en el espectro radioeléctrico venezolano aparecen estas emisoras de grupos irregulares, vinculados a la guerrilla colombiana, Conatel ha sido restrictivo con los espacios de radio y televisión privados, comunitarios y extranjeros.
El 10 de abril de 2018 miembros de la Fundación Redes denunciaron ante la dirección general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la aparición de dos nuevas emisoras de la guerrilla colombiana que iniciaron transmisión desde territorio venezolano y con influencia en cuatro estados del país. Con estas, suman cinco las radios de frecuencia abierta que, de acuerdo con la denuncia, operan con anuencia gubernamental.
Javier Tarazona, director general de la Fundación Redes, denunció “la injerencia de la guerrilla colombiana en el espectro radioeléctrico venezolano”, con estas dos nuevas estaciones que transmiten desde el páramo El Tamá, en el estado Táchira. “Queremos alertar a las ONG hermanas, a la comunidad nacional e internacional que estos irregulares usan medios de comunicación para llevar su mensaje de adoctrinamiento, ideologización, y tal y como lo hemos advertido también, captación de niños y adolescentes para sus filas”.
Se trata de la 105.5 FM Radio Frontera Rebelde, que surgió en febrero de 2018, y la 94.7 FM Radio Insurrección Caribeña, perteneciente al Frente de Guerra Norte–Zulia, que inició transmisiones en marzo de 2018.
Otra emisora denunciada previamente también ante Conatel y que, de acuerdo con Tarazona, siguen funcionando es la 96.7 FM, que comenzó sus operaciones en julio de 2006. Esta radio salió del aire en 2009, tras denuncias de la ONG Fundación Redes, pero volvió en 2013.
En octubre de 2015 denunciaron la existencia de la emisora 95.5 FM La Voz de la Libertad, que operada por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que en enero de 2007 abrió la 90.1 FM Antorcha Elena del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, “para un total de cinco estaciones de la guerrilla colombiana transmitiendo en este momento”, aseguró Tarazona. “Le exigimos a Conatel que bloquee estas cinco frecuencias que violentan el espectro radioeléctrico venezolano”.
La Fundación Redes presentó el 10 de abril un boletín que precisa que 36 municipios de seis estados de Venezuela reciben la señal de estas cinco emisoras de la guerrilla del ELN.
La Constitución Nacional establece en sus artículos 13, 15 y 327 que el Estado está obligado a proteger y cuidar la soberanía nacional y a defender el espectro radioeléctrico venezolano. Mientras en el espectro radioeléctrico venezolano aparecen estas emisoras de grupos irregulares, vinculados a la guerrilla colombiana, Conatel ha sido restrictivo con los espacios de radio y televisión privados, comunitarios y extranjeros. En 2017 ordenó, de manera arbitraria, la salida de 54 medios de comunicación del ecosistema radial y televisivo del país. Estas medidas de censura ocurrieron bajo un patrón de opacidad al no respetar el debido proceso, y ninguna de estas regulaciones ha impedido que continúen aumentando las transmisiones de emisoras de la guerrilla colombiana en territorio nacional.
De acuerdo con los Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su apartado 5 que: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Antes de la denuncia ante Conatel, miembros de la ONG Fundación Redes emitieron comunicaciones a la Defensoría del Pueblo, en Caracas, y a la Fiscalía General de la República. Interpusieron también la denuncia ante la Asamblea Nacional, poder público al que solicitaron un derecho de palabra en sesión plenaria luego de la apertura de una investigación sobre el tema en la comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional.
