IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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IPYS Venezuela registró 14 violaciones al derecho de acceso a la información pública de periodistas y medios de comunicación en Venezuela en lo que va de enero de 2020
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Los cuerpos de seguridad del Estado y simpatizantes oficialistas fueron los principales responsables de estos impedimentos a la cobertura informativa de la prensa
En los primeros 22 días de enero de 2020, las violaciones al derecho de acceso a la información en Venezuela estuvieron presentes en el marco de los eventos vinculados a la Asamblea Nacional, donde las fuerzas de seguridad del Estado y los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro impidieron que la prensa y los ciudadanos pudieran acceder a información pertinente sobre hechos de interés público vinculados a la instalación del nuevo periodo de sesiones del Parlamento venezolano.
Tanto el domingo 5 como el martes 7 de enero, más de 35 medios de comunicación fueron impedidos en acceder al Palacio Legislativo para dar cobertura a los hechos que se desarrollaron esos días. Adicional a la violación de su derecho de acceso a la información, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos fueron intimidados, agredidos y perseguidos por los alrededores de la sede parlamentaria en el centro de la ciudad de Caracas.
En 2019, estas restricciones al acceso a la información pública generaron preocupación al periodismo en Venezuela. En los 12 meses de este año se registraron al menos 35 hechos en los que se vulneró el derecho de periodistas y ciudadanos a dar y recibir información, que acumularon un total de 72 violaciones en esta categoría de acuerdo con los datos del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.
Cobertura silenciada
En el mes de enero destacaron 13 violaciones en tan solo dos días, caracterizadas por las limitaciones arbitrarias de acceso al lugar y por inseguridad evidente para realizar cobertura en la calle, producto a la hostilidad de los cuerpos policiales y los colectivos simpatizantes del gobierno.
Solo el 5 de enero, se pudo constatar que 35 medios de comunicación agrupados en 23 medios nacionales y 15 medios y agencias internacionales no pudieron ingresar al edificio parlamentario por no encontrarse dentro de una lista de acreditación paralela creada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, ente que no posee las competencias para permitir o bloquear los accesos a la sede del Poder Legislativo.
Estas actuaciones atentan contra el derecho a la libertad de expresión contemplado en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
Esta organización insiste en que el Estado venezolano debe cumplir con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y garantizar que los periodistas realicen sus labores informativas sin perjuicio de sus derechos. Las restricciones de acceso al lugar de los hechos y al derecho de preguntar de los periodistas cercenan las condiciones que promueven una sociedad libre y democrática, al mismo tiempo que afectan a la ciudadanía por la opacidad impuesta a las informaciones sobre temas de interés público.
Periodismo a oscuras
Entre enero y junio de 2019, IPYS Venezuela, con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales, hizo una revisión del impacto de la crisis en los medios de comunicación en 23 estados, y determinó que al menos 99 medios (televisoras, emisoras radiales, periódicos y medios digitales) se vieron afectados en 142 ocasiones por una serie de eventualidades como consecuencia de las fallas de los servicios públicos, hechos de delincuencia y decisiones políticas que derivaron en censura.
Frente a este deterioro en las garantías de las libertades informativas de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que viene ocurriendo en el país desde el 2013, cada vez son más recurrentes las vulneraciones ejecutadas por los funcionarios públicos del Estado venezolano, desde los cuerpos de seguridad y dependencias gubernamentales, que limitan el acceso de los medios independientes en la cobertura de temas de interés público.
En Venezuela este escenario de opacidad en la información pública se ha profundizado en los últimos cuatro años, debido a órdenes oficiales contrarias a los principios de acceso a la información, contemplados en los estándares internacionales y en la Constitución Nacional. Esta política de mimetismo de los datos ha devenido en la ausencia de los indicadores más importantes para la sociedad venezolana, en materia de salud, alimentación, economía, seguridad, educación, entre otros asuntos de relevancia social.
Desde el 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado venezolano “adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, con la finalidad de otorgar a todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático”.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela recuerda que estas vulneraciones al derecho humano de circular informaciones e ideas sin impedimentos, limitan las comunicaciones de los ciudadanos y su derecho a recibir información veraz, oportuna e imparcial que ofrecen los medios tradicionales y digitales para la ciudadanía. El acceso a la información y a la expresión no pueden ser suspendidos ni siquiera de acuerdo con los principios constitucionales.
El Estado venezolano se comprometió en lograr las 139 metas que comprenden los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, donde se destaca que se debe “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”, además de “reducir significativamente todas las formas de violencia”, metas contenidas dentro del Objetivo 16, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces y responsables.
