IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 21 de abril de 2016, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, despojaron de su cámara, por unos minutos, a Keren Torres, corresponsal de IPYS Venezuela en Lara y quien cubre en esta entidad para el medio digital El Pitazo. El hecho ocurrió luego de que la reportera grabara unos videos y tomara una serie de fotos a una fila de personas que esperaban para adquirir alimentos en Cooperativa Los Horcones, en la comunidad de San Francisco, al oeste de la ciudad de Barquisimeto.
“Me acerqué hasta el lugar porque recibí la denuncia de que las colas en Cooperativa Los Horcones son muy largas, al no quedarle a la comunidad que allí reside otra opción de compra dado el cierre de varios Mercales y Pdvales en la zona”. Según cuentan a la periodista, las colas son de hasta cuatro mil personas, pero solo logran comprar setecientas, luego de que la misma comunidad aprobara la entrega de setecientos números por sorteo para evitar la venta de mercancía a revendedores.
“Comencé a grabar, estaba haciendo mi trabajo cuando se me acerca un guardia y me pregunta que por qué estoy grabando. Le explico que hago mi trabajo. Me pide carnet del medio y cédula de identidad”, relató Torres en declaraciones a IPYS Venezuela.
Ante el acercamiento del guardia, en el que tomó una foto a la identificación de la reportera, las personas que se encontraban en la cola se mostraron molestas, “le decían que me dejara tranquila, el efectivo de la GNB hizo caso y se fue”.
Poco tiempo después, cuenta Torres, se presentó una situación irregular en la fila, puesto que dos personas buscaban “colearse”. “Hice unas tomas en las que sale el guardia, pero yo grababa lo que ocurría, no estaba pendiente de grabarlo a él”.
La periodista subrayó que las personas de la cola le decían, insistentemente, que se fueran, a ella y a la persona que conducía el carro en el que se trasladaban, porque sabían que el guardia la había visto grabando y se encontraba haciendo una llamada. “Decidimos caminar rápido hacia el carro, las personas buscaban resguardarnos, al entrar al vehículo metí la cámara debajo del asiento, pero el guardia me dijo: ‘Bájese del carro y deme la cámara. No es algo en tu contra, lo que pasa es que hay muchos periodistas que mal informan”.
Torres señaló que luego de decir esto, el guardia le devolvió la cámara, pero no tardó en llegar otro funcionario militar a quitársela. Ante el hecho, el reclamo de la comunidad se acentuó, “le decían que me devolviera la cámara”. Después de una llamada que realizó, el guardia se acercó y sin decirle nada a Torres y a su compañero se la entregó.
Las personas ahí presentes le informaron a la periodista que la placa del vehículo también había sido fotografiada por los funcionarios.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en un uso abusivo del poder estatal, específicamente de la función militar, vinculado a una acción intimidatoria ante el intento de despojar a la periodista en dos oportunidades de su herramienta de trabajo.
Los derechos a la libre expresión y al acceso a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
