IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El arresto se realizó luego de sus participaciones en un programa de televisión en el que denunciaron los problemas del transporte en el estado Mérida
El hecho ocurrió después de que ambos se expresaran en un programa transmitido por la Televisora Andina de Mérida (TAM) sobre la decisión de algunos transportistas de cobrar el pasaje completo a los estudiantes, según informó la periodista María Fernanda Rodríguez, corresponsal de IPYS Venezuela en esa entidad.
En el mismo programa televisivo los jóvenes invitaron a la comunidad merideña a participar en una concentración pacífica el miércoles 7 de marzo como medida de protesta ante la crisis general que vive el país. Esta actividad había sido organizada por distintos sectores de la comunidad universitaria.
La ONG Foro Penal, a través de su coordinador en Mérida, Fernando Cermeño, informó sobre el hecho el pasado jueves 08 de marzo, cuando los abogados Antonio José Rivas Jerez y Franki Márquez ejercieron la defensa técnica de los jóvenes en la audiencia de presentación realizada ese día en horas de la mañana en el Tribunal de Control Nro. 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. A Lobo y Labrador se les imputó incitación al odio agravado, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad.
El primero de los delitos está previsto y sancionado en los artículos 20 y 21 de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 8 de noviembre de 2017. Los abogados defensores del Foro Penal rechazaron las imputaciones y la detención de los estudiantes, alegando que los mismos fueron apresados “por funcionarios del Sebin sin su indumentaria, identificación y testigos, por lo que se trata es de un secuestro, mas no de una aprehensión”.
También señalaron que los supuestos instrumentos incendiarios que la Fiscalía dice haberle encontrado a los estudiantes “no fueron sometidos a una experticia química para comprobar o descartar la existencia de elementos químicos que, junto con una experticia dactiloscópica, haga creíble la participación de los jóvenes estudiantes en la presunta comisión de los delitos imputados”. En cuanto a la supuesta arma de fuego encontrada a los detenidos, la defensa alegó que “no se individualizó a quién de los dos supuestamente pertenecía, basándose la Fiscalía solo sobre lo dicho por los funcionarios aprehensores”.
En consecuencia, los abogados del Foro Penal solicitaron la nulidad de las actuaciones y libertad plena para los estudiantes, así como copias certificadas de la decisión. El Tribunal hizo caso omiso de dicha solicitud y ratificó las imputaciones, decretando medida preventiva de libertad a ambos estudiantes. Los abogados defensores preparan los recursos jurídicos para proceder a impugnar la decisión judicial y suman a estos dos estudiantes a la lista de presos políticos de Venezuela.
