IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 4 de junio de 2015, el presidente de la República Nicolás Maduro Moros hizo apología al odio y la confrontación violenta, a través de una alocución oficial transmitida en Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal, en la que dijo: “Prepárense para un tiempo de masacre y de muertes si fracasara la Revolución Bolivariana”.
Este mensaje es contrario a lo que establecen los estándares internacionales de protección de libertad de expresión:
El artículo 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de Naciones Unidas (NN UU), sobre libertad de expresión establece que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia deberá estar prohibida por la ley”.
Por su parte, el numeral cinco del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de la Organización de Estados Americanos, sobre libertad de expresión y el derecho a la información, prohíbe cualquier propaganda a favor de la guerra o en la que se haga apología al odio nacional que incite la violencia o cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Venezuela ratificó ambos tratados en 1.966 y 1.969 respectivamente.
Aunque la denuncia del Estado venezolano en contra de la CADH -que dejó a Venezuela fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- se hizo efectiva en 2013, el carácter de Irreversibilidad de los Derechos Humanos tiene singular relevancia, debido a que los derechos consagrados y ratificados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deben ser respetados y garantizados para todos los ciudadanos.
Maduro emitió estas declaraciones, durante la inauguración de un punto de venta PDVAL, en Ciudad Socialista Belén, estado Miranda, donde enfatizó sobre la importancia de “vencer” la presunta guerra económica que –asegura- existe en el país desde finales de 2013, y que vincula el sector privado y medios de comunicación.
Un precedente a esta declaración ocurrió 5 de marzo de 2014, cuando el presidente de la República hizo, a través de una cadena nacional,un llamado a los consejos comunales, a las comunas y a los colectivos para decirles “candelita que se prende, candelita que se apaga”, durante el contexto de las protestas civiles en el país.
Posteriormente, el 8 de marzo de 2014, el Presidente aseguró que sus declaraciones habían sido manipuladas, y que las mismas giraban en torno a garantizar y mantener la paz entre los venezolanos, a través del diálogo.
IPYS Venezuela elaboró el Informe “Un país en cadena”, y en el que se evidenció cómo los mensajes del discurso oficial, sobre temas recurrentes a temas y problemáticas que afectan la vida de los venezolanos contienen señalamientos en contra de grupos empresariales, sindicatos, y propietarios de comercios en el país que, supuestamente, mantienen una “guerra económica”, con la finalidad de desestabilizar gobierno de Venezuela.
Este hecho se enmarca en una categoría de declaración agraviante de una autoridad pública, a través de un medio de comunicación del Estado.
IPYS Venezuela exhorta el presidente Nicolás Maduro a respetar los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión y el derecho a la información.
