IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El viernes 21 de diciembre de 2012 el periodista César Bátiz, coordinador del área política de diario Últimas Noticias -diario privado, de circulación nacional-, denunció ante la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, las amenazas e intimidaciones de las que ha sido objeto, así como las citaciones telefónicas que recibió por parte de un presunto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por las investigaciones periodísticas que ha realizado, sobre presuntos hechos de corrupción, en la compra de suministros para atender la crisis eléctrica nacional, que se registró en Venezuela desde el 2010 y produjo recurrentes y prolongados cortes del servicio eléctrico, en todo el país.
Batiz solicitó que el Ministerio Público realice una investigación expedita, transparente y apegada al debido proceso de las intimidaciones de las que ha sido objeto, que se determinen las responsabilidades correspondientes y que se garantice el respeto a sus derechos a la vida e integridad física de él y su familia.
Las investigaciones periodísticas de Bátiz publicadas en el diario Últimas Noticias revelaron las “negociaciones irregulares” que realizaron empresas (entre ellas Derwick Associates, contratista del sector eléctrico nacional) contratistas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las también estatales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Electricidad de Caracas, en las compras de equipos eléctricos para solventar las deficiencias eléctricas a nivel nacional.
El 18 de diciembre de 2012, la empresaDerwick Associatespublicó un comunicado en El Nacional, medio impreso privado, que contenía mensajes intimidatorios y descalificativos sobre los trabajos de investigación periodística realizados por Batiz, en el que acusaban al periodista de “mala praxis” profesional y de formar parte de una campaña difamatoria contra dicha empresa.
Además, en dos oportunidades, el periodista fue contactado vía telefónica, por un supuesto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), órgano de inteligencia policial dependiente del Poder Ejecutivo nacional, quien lo llamó a comparecer ante el organismo donde sería interrogado sobre las fuentes citadas en sus trabajos periodísticos (http://www.ipys.org.ve/alerta?id=3238&y=2012&m=12).
Para el desarrollo de sus trabajos periodísticos Batiz realizó solicitudes formales de información pública, fundamentadas en el derecho de petición, establecido en el artículo 51 de la Constitución al Ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodriguez Araque, al Presidente de la empresa Bariven (Filial de PDVSA), al Ingeniero Javier Alvarado, y al Ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y no obtuvo respuesta; por lo que el periodista activó un recurso de reconsideración (abstención o carencia), ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró inadmisible la solicitud, en abril de 2012. Posteriormente, el 12 de junio de 2012, introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de revisión constitucional por la decisión que tomó la Sala Político Administrativa, vinculada a la petición de información pública que el periodista formuló al ministro Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y que no fue respondida (http://www.ipys.org.ve/novedad?id=2922). Hasta la fecha el TSJ no ha dado respuesta.
De igual forma, durante el desarrollo de sus investigaciones, Batiz contactó a la empresaDerwick Associates, y no obtuvo respuesta. En agosto de 2011, y le dijeron que no lo podían atender porque no le habían dado una cita previa. Según el relató que ofreció a Ipys Venezuela, unos guardaespaldas lo sacaron de la sede del la empresa.
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