IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El funcionario denunció a la periodista por difamación, debido a un comunicado publicado en un espacio pagado el 23 de julio de 2003. La querella fue entablada en septiembre de aquel año.
El texto era un anuncio pago que planteaba un supuesto robo de droga en manos del Cicpc y en el que se involucraba directamente a Rojas. El comunicado fue producido y pagado por catorce funcionarios de ese cuerpo de investigaciones, que solicitaron a Zurita la reserva de sus identidades ante el riesgo de ser destituidos de sus cargos. Rojas exige que la periodista revele los nombres de los denunciantes.
Zurita señaló a IPYS que ella no redactó el comunicado y por tanto no aplica la denuncia. Indicó que en la primera audiencia, realizada el 22 de marzo de 2006, casi tres años después de entablado el juicio, la parte querellante solicitó la pena máxima de treinta meses de cárcel y entre 700 y 1.400 dólares americanos de multa.
