IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 13 de noviembre de 2012, funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia, dependencia del poder ejecutivo, prohibieron la entrada de los medios privados a una rueda de prensa convocada por esta dependencia, en coordinación con representantes de las instancias públicas y privadas de la banca, con la finalidad de anunciar el inicio del operativo de seguridad a propósito del cobro de utilidades, regular durante los últimos dos meses del año. El incidente ocurrió en Caracas, Distrito Federal.
Carjuan Cruz, reportera de la fuente Banca y Finanzas Públicas de la Cadena Capriles, corporación privada a la que pertenecen los diarios Últimas Noticias, y El Mundo, Economía y Negocios, relató a Ipys Venezuela que luego de identificarse y esperar, alrededor de 20 minutos en un despacho donde se encontraban también equipos reporteriles de medios públicos, para que comenzara la rueda de prensa, una funcionaria la llamó a parte y le informó que la convocatoria era exclusivamente para medios estatales, por lo que no podía ingresar a la sala donde se darían las declaraciones. A pesar de que la periodista insistió en tener interés de cubrir la información, la funcionaria se negó.
Cruz salió del lugar y al rato logró comunicarse, telefónicamente, con Jorge Galindo, jefe de prensa del ministerio, a quién le planteó lo ocurrido. Galindo le dijo que acudiera a la rueda de prensa. Sin embargo, cuando la periodista llegó a la sala había culminado la actividad en la que se anunció el despliegue de 3600 funcionarios para la seguridad en las entidades bancarias durante el mes de noviembre y diciembre, así como la conformación del Comité de Seguridad Bancaria, plataforma que propondrá a la Asamblea Nacional (organismo del poder legislativo), un proyecto de ley sobre esta materia. En el mismo lugar, habían convocado a los medios públicos y privados para otra rueda de prensa en la que se comunicó la prohibición de la venta informal de juegos pirotécnicos.
Esta situación representa una limitación arbitraria a la cobertura de asuntos de interés público. Además, existe una discriminación por cuanto se excluye a los medios de gestión privada, y solo se permite el acceso a medios públicos.
