Alerta IPYSve | Reportero gráfico Jesús Medina Ezaine va a juicio

  • El periodista de Dólar Today que fue detenido por el Sebin a finales de agosto de 2018 será juzgado privado de libertad, luego de ser imputado por los delitos de instigación y agavillamiento por el Tribunal 13 de Control del Área Metropolitana de Caracas

Posterior a ocho diferimientos de la audiencia preliminar ante el Palacio de Justicia, el 23 de mayo culminó la audiencia al reportero gráfico de Dolartoday, Jesús Medina Ezaine, con la desestimación de tres de los cincos delitos que le fueron adjudicados tras su detención el 28 de agosto del 2018 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Los delitos imputados al trabajador de la prensa eran “legitimación de capitales, asociación para delinquir, lucro ilegal de actos de la administración pública, agavillamiento e instigación al odio”. Se conoció que estos dos últimos son los presuntos delitos con los que pasa a juicio el reportero gráfico, mientras que los tres primeros fueron retirados por el Tribunal 13 de Control del Área Metropolitana de Caracas, debido al trabajo defensor de la organización no gubernamental Foro Penal.

Los abogados de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé y Stefania Migliorini, anunciaron la consecución del proceso judicial abierto a Medina Ezaine desde las adyacencias del Palacio de Justicia, en el municipio Libertador de Caracas el mismo 23 mayo en horas de la tarde.

Migliorini, denunció en abril que Jesús Medina Ezaine presentaba serios problemas de salud, depresión y la pérdida de al menos 10 kg de masa corporal por la prisión preventiva de la que es víctima en la cárcel militar (Cenapromil) ubicada en Ramo Verde, estado Miranda. Esta denuncia fue hecha por esta organización en rechazo absoluto ante las condiciones agravantes para la salud del reportero.

IPYS Venezuela sigue el caso de Jesús Medina por ser un hecho que vulnera los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la prensa en Venezuela al ser objetivos de detenciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del Estado y de procesos judiciales irregulares en tribunales por cumplir con sus labores informativas. Además de significar un caso con un proceso condenatorio y privativo de libertad que no cumple con las condiciones mínimas de detención.

El retardo del proceso judicial, la falta de atención médica, los impedimentos de traslado a tribunales en ocho ocasiones consecutivas son acciones u omisiones al respeto y garantía de los derechos humanos de Medina Ezaine, derechos que son obligación y responsabilidad del Estado venezolano según los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el país en materia de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.

No es la primera vez que esta organización ha constatado medidas restrictivas contra la labor de Jesús Medina Ezaine. En noviembre de 2017 el reportero gráfico se vio forzado a huir hacia Colombia después de que el Sebin lo detuviera a él y a los periodistas extranjeros Roberto Di Matteo y Filippo Rossi mientras realizaban un trabajo de investigación acerca de la situación en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón.

A principios de mayo de 2019 se filtraron en las redes sociales fotografías sobre las condiciones de detención de Jesús Medina. Estas imágenes, que fueron difundidas por periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, muestran al reportero gráfico tras las rejas durmiendo en el piso. Evidentes condiciones que deben ser atendidas con prontitud por el Estado en el cumplimiento de su responsabilidad.  

Los delitos de instigación al odio están contemplados en el documento emanado de la Asamblea Nacional Constituyente denominada Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Este proyecto es una presunta ley que evidencia graves retrocesos para la libertad de expresión en el país al aplicar restricciones a la circulación de informaciones ideas y opiniones en el espectro digital.

IPYS Venezuela reitera su preocupación ante la imputación de delitos cuyas sanciones incluyen penas de hasta 20 años de cárcel. Por lo que su aplicación solo busca censurar a los medios de comunicación social y a sus trabajadores, además de representar una contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública.

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