IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Ana Karolina Mendoza
En medio del gas lacrimógeno en los alrededores del retén El Marite, el lunes 28 de marzo de 2016, los uniformados de la brigada antimotín del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) golpearon a Humberto Matheus, jefe de fotografía del diario Versión Final, a José Antonio González, reportero -redactor- de La Verdad, y a Ángel Romero, redactor del portal noticialdia.com y a su compañero, José López. Los comunicadores cubrían el supuesto rescate de un Tritón 350 y una camioneta FX4 robados que “enfriaban” dentro de la penitenciaría, cuya capacidad es de 600 reclusos y actualmente alberga a cuatro mil.
Fotos: Humberto Matheus / José López
Los periodistas corrieron para ocultarse y poder ver lo que sucedía, así como también para hacer las gráficas del momento. Los funcionarios avistaron a Matheus, quien estaba en cuclillas, intentando fotografiar a un grupo de uniformados que golpeaban a la visita que se ocultaba en una callejuela al frente del retén. “Los policías se me acercaron y me gritaron que qué hacía. Me eché hacia atrás y ellos se me acercaron y me rodearon. Me empujaron e intentaron arrebatarme la cámara. Yo la tenía enrollada en el antebrazo, con la correa, y no pudieron quitármela. Ahí fue cuando me amenazaron: ‘¿Vais a entregar la cámara sí o no? porque si no te doy dos tiros y aquí quedáis’.
Bajé la guardia y lo que hice fue que empecé a borrar algunas fotos. Pero ellos me pidieron la memoria. Me negué a entregársela y vinieron a golpearme. Se las di y ellos borraron todo el material y me la entregaron. Ya en el periódico logré recuperar las fotos”, relató Matheus a IPYS Venezuela.
A su compañera, Fabiana Delgado, la socorrieron unos vecinos del barrio Mi Esperanza -contiguo a El Marite-, ya que se ahogaba con el gas lacrimógeno. Al mismo tiempo, los policías golpeaban con el escudo de acrílico a González, a Romero y a López.
Retención
Luego de los maltratos físicos y verbales contra los reporteros y tras cercenar la labor periodística de los zulianos, los “detuvieron preventivamente” en patrullas del Cpbez apostadas a seis cuadras -unos 300 metros- de la entrada del retén. Ahí permanecieron al menos dos horas. A las 7:30 de la noche, ya estaban liberados.
IPYS Venezuela intentó comunicarse vía telefónica con Biaggio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, pero la comunicación no se logró. Se conoció de manera extraoficial que los policías iban a frustrar el traslado de Harold Soto, pram del “Búnker”, a la cárcel de Tocorón, en Aragua, donde su hermano, el “Mocho Edwin”, estuvo recluido tras el cierre de la Cárcel Nacional de Maracaibo y donde también fungía como líder criminal.
Denuncia
Carlos Hernández, fiscal auxiliar 10.º del Ministerio Público, llamó el martes 29 de marzo de 2016 al diario Versión Final, para exhortar a los comunicadores a denunciar las agresiones que recibieron en la tarde del día 28 de marzo. Gustavo Ocando Alex, jefe de Edición de este rotativo, convocará una reunión con sus periodistas.
Este hecho atenta contra la integridad física de los periodistas y trabajadores de medios de comunicación e información y representa un ataque contra los bienes y herramientas de trabajo de los reporteros, así como también constituye un abuso del poder estatal, en este caso, de la función policial.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 57 y 58 el derecho que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura. El derecho se encuentra sujeto a responsabilidades ulteriores.
Las amenazas, agresiones y hechos intimidatorios, así como la destrucción del material de los medios de información, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libre expresión, de acuerdo con el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es deber de los Estados deben prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores.
