El 8 de diciembre de 2009, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que investigan la muerte de un estudiante universitario en las protestas sucedidas en el estado Táchira, al sur del país, incautaron material fílmico elaborado por la corresponsalía de RCTV Internacional, como evidencia para el esclarecimiento del crimen.

El 1 de noviembre de 2009, Georgely Morín y Saúl Uzcátegui, periodista y fotógrafo del diario Tal Cual, fueron desalojados del Cementerio General del Sur, ubicado en Caracas, cuando hacían un reportaje sobre el tradicional Día de los Muertos, celebrado en esa fecha.

El 18 de noviembre de 2009, Luis Araujo, periodista de Radio Nacional de Venezuela (RNV), fue agredido por personal de seguridad para impedir que se acerque a la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, quien daba declaraciones durante una marcha contra la violencia convocada por el Consejo Universitario, en Caracas.

El 15 de octubre de 2008, el gobernador del estado Miranda y miembro de la dirección nacional del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó al director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, al director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, y al director del diario El Universal, Andrés Mata, de conspirar para asesinar al presidente Hugo Chávez y exigió a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia abrir una investigación contra ellos y otros presuntos implicados en el caso.

Durante el mediodía del 19 de noviembre de 2009, las oficinas del diario El Nuevo País y de la Revista Zeta fueron cerradas administrativamente. La medida fue dictada por la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat), ente adscrito a la Alcaldía de Caracas. El cierre se extendió hasta el final de la tarde. Ambos medios mantienen una línea editorial opositora al gobierno de Hugo Chávez.

El 5 de noviembre de 2009, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas por el oficial Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), exigió a Globovisión pagar al municipio 7 millones de bolívares (US$ 3,2 millones) por impuestos atrasados desde 2006.