El 5 de enero de 2016, día durante el cual se llevó a cabo la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, el nombre de la cuenta de Twitter del organismo legislativo venezolano, fue cambiado de manera arbitraria y pasó a llamarse @ContraofensivaR. Oliver Blanco, Director de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional, atribuyó esta medida a una acción de los trabajadores que militan con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El 11 de enero de 2016 fue suspendida, durante aproximadamente nueve horas, la cuenta personal de Twitter de Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, debido a reportes masivos de spam o bloqueos, según informaron los administradores de esta red social a Alejandro Puglia, encargado del manejo de las redes de Ramos Allup.

  El 28 de diciembre de 2015, el medio digital venezolano El Pitazo Informativo recibió una amenaza de acción legal por parte de un abogado que representa a un cineasta argentino y posteriormente uno de sus reportajes audiovisuales fue censurado en Youtube, por supuesto “incumplimiento de derechos de autor”. Luego …

El 6 de diciembre de 2015, Raúl Stolk, director del portal Caracas Chronicles (Crónicas de Caracas), medio digital sobre política venezolana en idioma inglés, reportó la caída de su servidor web, lo que imposibilitó a los usuarios acceder a los contenidos publicados en su plataforma por más de una hora.

El 29 de noviembre de 2015, William Castillo, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) calificó de “miserable” la cobertura que medios de información nacionales e internacionales hicieron acerca del asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente político de Acción de Democrática, partido de oposición.

El 10 de noviembre de 2015 se dio a conocer, a través de la Gaceta Oficial N° 6.202 Extraordinario, de fecha 8 de noviembre de 2015, que la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) tendrá la potestad de sancionar a los medios de difusión y a las páginas web que sean responsables de los delitos económicos previstos en la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos.