El 15 de enero de de 2014, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a los medios de comunicación de emitir contenidos que hacen culto a la violencia y a las drogas y de promover antivalores. Y ordenó al Ministerio de Comunicación y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) revisar toda la programación de las televisoras abiertas y por suscripción.

El 28 de noviembre de 2013, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector del poder electoral, ordenó a las televisoras el retiro de piezas de propaganda electoral de los candidatos Ramón Muchacho, Miguel Flores y Héctor Catalán, candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), partido opositor, por violentar la normativa que rige la campaña electoral de las elecciones municipales del 8 de diciembre.

El día 06 de diciembre de 2013, la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Sandra Oblitas, anunció la apertura de una investigación administrativa al Semanario Las Verdades de Miguel, edición 466, del 05 al 12 de diciembre, medio de circulación nacional, por supuestamente haber incurrido en violación de la normativa electoral.

El 24 de octubre de 2013, transcurridos 17 días desde la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), el Gobierno realizó la modificación de algunos de los artículos más polémicos aduciendo, “fallas en los originales”, según se lee en Gaceta Oficial 40.279 . No obstante, y a pesar de estos cambios ejecutados, se percibe que en el artículo 9, aún se desconocen y vulneran las garantías del derecho a la información.

La Presidencia de la República anunció la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), de acuerdo a la Gaceta Oficial n° 40.266. Junto a otras disposiciones ejecutivas, esta instancia demuestra un uso desproporcionado del poder del Estado, y podría ser utilizada para restringir la libertad informativa y el acceso a la información pública por parte de los medios comunicación, los periodistas, de los ciudadanos y la sociedad civil organizada en general.

Desde el martes 17 de septiembre, el Presidente de la República Nicolás Maduro y la Ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, han acusado a medios de comunicación privados de mentir, censurar actos de gobierno y de conformar una dictadura mediática.