El 29 de julio de 2008, la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente la solicitud de medida cautelar que hicieron abogados, directivos y periodistas de la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), en la que solicitaban la reanudación de sus transmisiones en señal abierta, suspendidas el 27 de mayo de 2007 luego que su licencia no fuera renovada por el gobierno.

La noche del 31 de julio de 2009, el Ministro de obras Públicas y Vivienda y Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Diosdado Cabello, anunció la revocatoria de las licencias y cierre inmediato de transmisiones a 32 radioemisoras y 2 televisoras, por presunta violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, debido al supuesto incumplimiento de un proceso de actualización de datos que ordenó CONATEL y que realizó en junio pasado.

El 13 de agosto de 2009, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley Orgánica de Educación que contiene principios que podrían fomentar la censura y restringir la función informativa de los medios de comunicación.

El 3 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de una medida cautelar, ordenó a los canales Venevisión, Meridiano Televisión, Globovisión y a las radios Onda 107.9 FM y Fiesta 106.5 FM, dejar de transmitir todas las piezas de la campaña "En defensa de la propiedad", por considerar que dichos mensajes causan angustia, temor y zozobra en la población, alteran el orden público y la seguridad nacional, violando así el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

El 3 de julio de 2009, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que junto a un grupo de abogados y expertos del organismo preparan un proyecto de ley contra los denominados "delitos mediáticos", con el fin de establecer sanciones penales para periodistas y medios de comunicación.

El 30 de julio de 2009, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta para penalizar las conductas de dueños y trabajadores de medios de comunicación que generen alteraciones en la salud mental y la tranquilidad de los ciudadanos, sensación de impunidad o alteración del orden público, causando así falta de credibilidad en las instituciones del Estado.