El 6 de abril de 2009, el Consejo Legislativo Regional del estado Aragua, al centro del país, creó una comisión que se encargará de revisar y regular las informaciones publicadas por los medios de comunicación de la región, y así velar con el cumplimiento de los artículos dela Leyde Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley Resorte), según se informó.

El 10 de mayo de 2009, el presidente Hugo Chávez, a través de su programa "Aló Presidente", acusó a los medios de comunicación privados de transmitir mensajes de odio y conspiración, y les advirtió que el gobierno les aplicaría sanciones previstas en la ley, entre éstas el cierre por la revocatoria de la concesión de licencia de transmisión.

El 29 de enero de 2008, el Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, acusó a un grupo de medios nacionales e internaciones de "causar el terror" y de difundir una imagen de distorsionada del país, a raíz de la cobertura que hicieron sobre el secuestro de una agencia bancaria en Altagracia de Orituco, estado de Guárico, al centro del país.

El 15 de enero de 2009, la directiva de la Asamblea Nacional decidió prohibir el ingreso de cámaras de televisión al palco de prensa ubicado en la sala de plenarias de esa entidad. La medida fue anunciada por el diputado Iván Zerpa, quien señaló que los canales tendrán que usar las imágenes de la estatal Asamblea Nacional Televisión (ANTV), que será el único canal que podrá grabar las sesiones.

El 18 de enero de 2008, la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), la diputada Cilia Flores, acusó al canal Globovisión de hacer "terrorismo informativo" y de atentar contra la estabilidad del país, por informar que el parlamento aprobó un acuerdo que respalda la propuesta del presidente Hugo Chávez de pedir al gobierno colombiano y a la comunidad internacional que reconozcan como fuerzas beligerantes y no terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

El 3 de diciembre de 2006, funcionarios identificados como empleados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron a la cadena Telemundo suspender la transmisión de las elecciones presidenciales que realizaba desde un hotel en Caracas