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Criminalizados por protestar
La persecución a dirigentes sindicales y trabajadores ha sido una tendencia en Venezuela en los últimos tres quinquenios. Su rasgo más distintivo ha sido la criminalización de la protesta a través de un complejo sistema de leyes con la cual se les ha abierto procesos penales a líderes sociales, defensores de derechos humanos.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) calcula que más de 150 trabajadores y dirigentes sindicales enfrentan procesos penales en el país por haber defendido derechos como el salario y la libre sindicalización.
De esos casos, al menos 73 afectados son del estado Bolívar, siendo de todos ellos el más emblemático el del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, preso durante 17 meses y sometido a juicio en Caracas.
Leonel Grisett (Sidor), Alexis Poirett (Pdv Gas) y Ronald González (CVG) cuentan en Criminalizados por protestar su experiencia tras años y meses acudiendo a los tribunales de Ciudad Guayana en busca de la resolución del juicio.
En sus casos se repite el patrón que aqueja a decenas de dirigentes: protestas laborales llevadas al ámbito penal, y criminalizadas a través de la Ley de Seguridad de la Nación.