Enjuiciados por protestar

Le quiero decir a los guardias que estas agresiones no prescriben

Un grupo de militares avanza a trote en plena vía e ingresa violentamente en un edificio en la avenida Morán de Barquisimeto. Empujan, disparan, y acorralan en el piso a unas 20 personas. Una joven capta todo con un teléfono celular desde el balcón de su apartamento, unos pisos más arriba. Hay gritos, pánico y caos.

El video, que fue grabado el martes 16 de abril de 2013 y dura 3:07 minutos, ha sido reproducido más de 57 mil veces. Dos días antes, El Consejo Nacional Electoral (CNE) había dado como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela al candidato oficialista Nicolás Maduro Moros sobre el opositor Henrique Capriles Radonski. El estrecho margen -apenas 1,49% de diferencia- y las irregularidades en la contienda encendieron las protestas callejeras.

Pero ese no fue el único registro de la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones que pedían un conteo de votos. La mayor parte de las evidencias –fotografías, vídeos– fueron colectadas por los manifestantes mediante el uso de teléfonos celulares y lanzadas a la Internet y redes sociales casi de inmediato. También los periodistas, reporteros gráficos y medios de comunicación reprodujeron en sus formatos las informaciones que daban cuenta de golpes, agresiones, lesiones físicas, detenciones ilegales e incluso testimonios de jóvenes que aseguraron haber sido víctimas de tratos vejatorios y tortura.

Un informe preliminar del Programa Venezolano para la Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló: “Durante los días 15 y 16 de abril se realizaron manifestaciones pacíficas en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral en todo el país, las cuales fueron reprimidas por funcionarios policiales y militares, especialmente por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”. La Organización No Gubernamental también constató hechos de violencia y represión en los estados Miranda, Táchira, Zulia, Bolívar, Carabobo, Aragua, Mérida, Portuguesa y Lara. En este último, Provea verificó la detención de al menos 62 personas, además de 38 lesionados, 11 de estas personas profesionales de los medios de comunicación.

La represión de las manifestaciones dejó marcas en el cuerpo y la mente de jóvenes barquisimetanos que no se borrarán. Siete de ellos contaron sus experiencias a la periodista de Radio Francia, Andreína Flores, quien grabó los testimonios y publicó los videos en su cuenta en Youtube. Algunos de los afectados coincidieron en que más allá de los golpes recibidos por funcionarios de la GN, la humillación es la marca más difícil de ignorar.

El caso del estudiante Ehisler Vásquez, de 19 años, es uno de los más dramáticos. Una imagen de su mejilla izquierda en carne viva y destrozada por cinco balines de perdigón se tornó viral en las redes sociales. Un guardia le disparó en el rostro cuando tropezó y cayó al momento de correr por los alrededores del Centro Comercial Sambil (Avenidas Venezuela y Bracamonte) y en las dos operaciones a la que fue sometido, solo pudieron extraerle un balín debido a la rotura de un vaso sanguíneo.

“Cuando caigo en uno de los jardines, siento que están disparando y me impactan cinco perdigones directo a la cara. Comienzo a gritar, mis compañeros me ven y me ayudan a levantar, y en lo que me toco la cara, imagínate tocarte la carne viva, es algo que en el momento te pasa de todo por la cabeza”, relató el joven en entrevista con la corresponsal de Radio Francia.

El Ministerio Público imputó a 171 personas por las manifestaciones, todos civiles. “Casi todos están en libertad, aunque con causas abiertas y en espera de juicios. Solo dos casos han sido sobreseídos”, indica Andrés Colmenarez, vocero de Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), un colectivo que reúne afectados por el accionar de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas.

Esta agrupación envió en agosto del año pasado una misiva al diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, solicitando la designación de una comisión mixta para que investigase los hechos ocurridos durante los días 15 y 16 de abril en las avenidas Venezuela y Morán de Barquisimeto (Lara). En el documento también se exige que se establezcan responsabilidades por la “violación a derechos fundamentales de ciudadanos venezolanos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, violentándose derechos y principios contemplados en la Constitución (…) el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal y Tratados Internacionales”.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, negó las denuncias sobre agresiones, maltratos y violaciones a derechos fundamentales de los manifestantes. En rueda de prensa el 25 de abril de 2013, expresó: “En Venezuela no se maltrata a las personas privadas de libertad. Las personas que fueron aprehendidas durante estos hechos se les respetaron y garantizaron todos sus derechos. Estas personas fueron debidamente atendidas”. La titular del Ministerio Público acusó a los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de una “campaña” para “hacer ver al Estado como violador de derechos humanos”.

Fotografías cortesía de la Fototeca de Barquisimeto. Imágenes de Ricardo Marapacuto, Edickson Durán, Héctor Andrés Segura y Juan Carlos Leal.

Solidaridad en riesgo

Muchos de los jóvenes corrieron hacia el centro comercial Sambil, ubicado en el cruce de las avenidas Venezuela y Bracamonte, en Barquisimeto. La mayor parte de los detenidos fue llevada al Destacamento 47, conocido también como Desur. Allí, se les mantuvo por más de 48 horas, hasta su presentación en tribunales.

Dos gerentes del centro comercial también fueron imputados y privados de libertad en los días siguientes. José Melitón Guerrero Contreras, de 53 años, gerentes de seguridad; y Luis Roberto Suárez Bohórquez, de 38 años, gerente de operaciones fueron acusados de impedir y obstaculizar las labores de las autoridades para restablecer el orden público. Ambos permanecieron más de dos meses detenidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Barquisimeto. La fiscal 5° de ese estado, Yurancy Arteaga, les imputó cargos por intimidación pública, instigación y asociación para delinquir, según informó el diario local El Impulso.

Pedro Troconis, abogado de los dos gerentes, introdujo en noviembre del año pasado un recurso de apelación contra la medida de privativa de libertad que fue declarado con lugar, según acta publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Para este trabajo se intentó consultar a los gerentes, pero ambos declinaron comentar sobre el caso, alegando que el juicio está en curso. Además el tribunal les impuso régimen de presentación y que “cualquier declaración puede ser contraproducente” su causa.

Perdigones

A pesar de su herida, Ehisler Vásquez volvería a salir a las calles para expresar lo que siente. “Si cantar consignas o un himno nacional o ponerse una gorra, o caminar las calles de tú ciudad, de tú país, si eso es un delito y por eso yo me enfrenté a esto, Dios mío entonces ¿en qué vivimos? Quisiera saber si lo que hicimos es un pecado, o acá en este país no se permite una libertad de expresión”, se pregunta.

Jordan Romero, también estudiante de 19 años, mira la cicatriz que tiene en la mano derecha. Al igual que Ehisler fue atacado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana quien le disparó cuando se encontraba en la avenida Venezuela protestando contra de los resultados de las elecciones presidenciales. Corrió hacia el Centro Comercial Sambil buscando refugiarse y los funcionarios penetraron el área privada para llevarlo detenido junto a otro grupo de manifestantes al Destacamento 47.

“Nos dijeron que recogiéramos unos escombros y yo necesitaba una cura, tenía mucha sangre, ellos me miraban mientras me contaminaba más las heridas. Tuve que hacerles caso, recoger con la mano toda rota y después nos pusieron a aplaudir y decir ‘Maduro Presidente’, y eso iba en contra de nuestra voluntad. Nos empujaban, nos daban patadas y cascazos”.

Luis Castro, de 20 años, pasaba por la avenida Venezuela, una de las principales arterias viales de Barquisimeto, en su carro cuando fue obligado a bajarse por militares para luego ser detenido junto a su primo menor de edad. A ambos los acusaron de tener material para hacer explosivos dentro del vehículo. “Yo soy estudiante de ingeniería civil, no creo en la violencia y pensé que nos iban a matar porque ellos nos decían que nos iban a lanzar por una zanja y que nos dispararían por detrás”.

“Le quiero decir a los guardias que esto no prescribe, las evidencias y fotos están”, dice Ricardo Pino, de 38 años. Su padre, Gonzalo Pino, de 66 años, fue baleado nueve veces en el pecho por perdigones. Mientras eso pasaba, él estaba en el suelo con un cartucho de perdigón que penetró en su ingle. “El orificio era de 8 cm de circunferencia, era grande. Duré 4 horas y media en la operación. El médico me dijo que tengo el cartucho entero en la pierna y que estuve a 6 milímetros de que me tocara la arteria femoral”, cuestiona.

Al menos 64 jóvenes denunciaron legalmente lo que ellos consideraron un abuso de poder. Sus abogados acusaron a los funcionarios de la GNB que actuaron en estos hechos por los delitos de homicidio calificado frustrado y tortura. Pese a que la Fiscal General prometió investigar y encausar los excesos ninguno de los funcionarios ha sido detenido o enjuiciado.

Campaña ¡Exige tus derechos!

Producción del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social