La persecución contra Lusbi Portillo

La persecución contra Lusbi Portillo

De restricciones sabe Lusbi Portillo. En 1985 comenzó una lucha a favor de los pueblos indígenas y el medio ambiente y hoy parece que las ideas provocaran más heridos que las mismas balas. Hay gente herida: los funcionarios del Gobierno Nacional; los terratenientes de la Sierra de Perijá y todo aquél que le adverse. Portillo es profesor universitario y presidente de la asociación Homo Et Natura, una congregación de pacifistas ecológicos que sueñan con defender la naturaleza y a todo aquel que sepa preservarla, disfrutarla y aprovecharse de ella sin lastimarla. Con él hay 12 hombres que le acompañan en las luchas.

Reconoce que desde la década de los 80’ hasta finales de los 90’ fue considerado un peruano guerrillero con ideología comunista que buscaba disolver todo lo que el esfuerzo de los ganaderos había levantado para bien de la región. Acusa directamente a Gadema, la asociación que agrupa a todos los ganaderos del municipio Machiques y que se sienten amenazados desde que, un día, Portillo sembró en los indígenas la idea de recuperar sus tierras a través de una demarcación que debía ser patrocinada por el Gobierno Nacional. Hoy, en 2014, Portillo y Homo Et Natura comulgan y comulgarán con las ideas político partidistas que pregonó el presidente fallecido Hugo Chávez. Su discurso de unidad y apoyo a los pueblos indígenas lo mantienen arraigado en la razón de ser de la organización.

Como ejemplo vivo del contraste entre la opinión y la acción de los funcionarios gubernamentales actuales, Lusbi considera como principales enemigos a todos ellos que hoy dirigen el país a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza política oficial. Sus motivos son remarcados a diario a través de los medios de comunicación y de páginas de opinión que, incluso, siguen la línea del Gobierno. Antes lo acusaban de peruano comunista-guerrillero, una manera de criminalizarlo. Hoy lo difaman al afirmar sistemáticamente que recibe fondos de financiamiento de la oficina de inteligencia de Estados Unidos y por sectores oposicionistas al gobierno actual.

No sufrió antes mayores restricciones Homo Et Natura como hoy le ocurre. La explotación de minas en la Sierra de Perijá, en su piedemonte, le avivó al profesor las ganas de luchar por la naturaleza. Se opuso a la empresa gubernamental Carbones del Guasare y hoy se opone a que esa misma industria abra otras minas cercanas a los ríos que surten de agua las ciudades de Maracaibo, Santa Cruz de Mara y La Concepción. Hurgando entre el monte y el negro del carbón, descubrió que otro depredador hacía pedazos la vida en la Sierra: el terrateniente. Entonces comenzó su defensa a capa y espada favor de los 12 mil indígenas yucpas que viven en sus valles. La lucha se intensificó en 2009, cuando comenzaron las muertes entre indígenas y dueños de fincas por las tierras.

A la fecha van ocho decesos y solo uno de ellos investigado. Para esa fecha, los grupos originarios seguían las directrices del cacique de la etnia Yukpa Sabino Romero, hombre popularizado en el monte y en la ciudad como un luchador contra las desigualdades. A la vez, y por otros grupos, era calificado de delincuente chavista y apoyado que quería arrebatar las tierras que familias enteras han trabajado por años. La situación derivó en una sola conclusión: el Gobierno no intercedió y ahora todos toman la justicia por sus propias manos.

Lusbi Portillo asegura, vía telefónica y forzando un poco la voz, que los ganaderos de Machiques pagaron a unos sicarios motorizados para que asesinaran a Sabino, quien sufrió un sicariato el 3 de marzo de 2013, y cuyo caso se suma a los elevados índices de impunidad en el país. Esa acusación la hizo insistentemente Portillo desde 2010 y, al ver que no encontraba apoyo por parte de la justicia venezolana, se fue a las oficinas de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, en Bruselas.

Ya no confía en el Estado. Se debe a que, según su perspectiva, las de Sabino fue la muerte más anunciada de 2013. Ya todos los organismos sabían que por no existir el mayor interés por parte del Gobierno nacional en agilizar la demarcación de tierras, el cacique articuló grupos para presionar tal organización. Aunque no fue efectiva, la pequeña muestra de interés gubernamental se leyó como una amenaza para los productores agropecuarios y estos se organizaron para acabar con el “problema”. “Lo que pasa con el gobierno es que ellos siguen una línea y para ellos quien no esté en esa línea, no está con ellos”. Portillo está solo porque, lejos de formar parte de alguna organización con identificación política, se basa en defender derechos, aquello que no genera mayores divisas: naturaleza y pueblos indígenas.

Amenazas latentes

El director de Homo Et Natura sabe que todas las organizaciones no gubernamentales sufren como la que él preside. No sabe si la situación se ha agudizado tanto como en su caso, en el que las acusaciones no son ya contra la organización sino contra el profesor en sí.

En 2012, un tribunal de Caracas inició un juicio en contra de Lusbi Portillo, y las organizaciones Homo et Natura y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, que tiene su sede en Caracas. El demandante fue el Ministerio Público, institución que los acusaba de vulnerar los derechos de niños, niñas, y adolescentes y apoyar a un grupo de indígenas que agrupados en familia (con sus hijos menores de edad) protestara, en julio de 2010, frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad capital durante 11 consecutivos para exigir celeridad en el proceso de demarcación de los territorios indígenas, y la resolución plena del caso de Sabino Romero, que ya estaba detenido en el Fuerte Macoa de Machiques y luego fue remitido a la cárcel de Trujillo.

De enero a abril de 2013, se realizaron al menos tres audiencias del juicio. Después de demostrar que no había elementos para condenarlos, se dio por concluido el proceso judicial. Provea manifestó: “El proceso judicial, que fue iniciado por la Fiscalía General contra las organizaciones Provea y Homo et Natura, pretendió criminalizar la solidaridad que las dos ONG durante años han mantenido con los justos reclamos del pueblo Yukpa por la demarcación adecuada de las tierras y por mejores condiciones de vida”.

Luego de esta demanda, Portillo denuncia que se inició una persecución en su contra y en contra de la organización que dirige. El resultado es que Lusbi Portillo no puede pisar la Sierra de Perijá, por temor a que se concreten las amenazas insitentes que lo han tratado de aturdir y de limitar su labor como activista de derechos humanos.

Teme por su vida

Lusbi Portillo teme por su vida. Los ataques a su labor como representante de la organización Homo Et Natura han provocado que el hombre no regrese a la Sierra de Perijá, donde conviven grupos étnicos como los Barí, los Yucpas y otros indígenas del estado Zulia. Está consciente de que nadie le ha prohibido regresar, pero explica, casi enumerando los motivos, por qué no vuelve a las montañas del parque nacional desde 2010.

Asegura que para la fecha, cuando la justicia venezolana le abrió un proceso judicial por “utilizar” menores de edad en una protesta, arreciaron las agresiones en su contra. “Tareck El Aissami y Nicia Maldonado están en mi contra”, asegura, refiriéndose a quienes fueron para el momento, el ministro de Interior y Justicia y la ministra de Pueblos Indígenas. “Yo mismo me prohibí ir a la Sierra”.

Las amenazas son latentes, pues el año pasado, asesinaron a Sabino Romero. Las balas que acabaron con la vida del cacique también hicieron estragos en todos los nervios de quienes le acompañaban. Además de sangre, los proyectiles dejaron correr un mensaje todo aquel que inició la lucha por los indígenas: no ganarán.

Los riesgos son altos y no han cesado. En enero de 2014, atacaron a tiros Silverio Romero, 10 meses después del asesinato de su padre, Sabino, el cacique Yukpa. Portillo asegura que los sicarios lo hallaron porque su acompañante, también de apellido Romero, tiene el teléfono intervenido. Su acusación involucra directamente a funcionarios del gobierno, señalamiento que no se puede comprobar hasta ahora pero que, según sus palabras, van en concordancia con la conducta de los dirigentes políticos. “Machiques está lleno de sicarios, de motorizados. De paramilitares que controlan todo. No se está seguro allá. Los ministros, para ganar la pelea, escogieron a los caciques y les dieron puestos políticos para acabar con la lucha”, afirma el activista. El ejemplo que usa para convalidar esa cita es el caso de los Barí.

Según Portillo, no tienen tierras porque dejaron de pelear. Ahora uno de sus más preparados hombres, Eladio Akadaya, es el presidente de la Asociación Barí de Venezuela, viceministro de Pueblos Indígenas y diputado suplente en la Asamblea Nacional. “Por culpa de él no podemos ayudar a los miembros de las comunidades Barí, porque no quiere”. “El Gobierno solo ofrece consejos comunales para los indígenas. Ellos quieren paz y tierras. También quieren que agarren a los sicarios que están en Machiques, que viajan en motos y son paramilitares”. Otra muerte ya está anunciada.

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