Represión y Silencio

El reloj marcaba las 3:30 de la tarde. Miércoles. 12 de febrero. El sol se imponía sobre el cielo de Caracas. La ciudad estaba convulsionada.

Comenzaban los reportes informativos a través de las redes sociales, de ciudadanos alertando al país con su testimonio de los hechos. Los portales web informativos eran cautelosos. Las llamadas se cruzaban entre familiares y amigos que intentaban ubicarse y saber luego que estaban a salvo. Corrían rumores, reporteros tratando de confirmar y aclarar lo sucedido.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, veinte minutos después, en una alocución oficial desde el estado Aragua, por el Día Nacional de la Juventud, interrumpía su discurso con un elevado tono de confrontación para ratificar la noticia que estremecía a la ciudad y empezaba a darle la vuelta el mundo. A la vez, llamaba a sus seguidores “a la calma y a la cordura”. Informaba sobre el asesinato de Juan Montoya, simpatizante del oficialismo, funcionario del Departamento de Inteligencia de la Policía Municipal y miembro del colectivo armado del 23 de Enero, de Caracas.

Le pedimos en verdad, desde el alma y el corazón, a los compañeros de los colectivos del 23 de Enero, confíen en el camarada Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario. No nos van a sacar a nosotros del camino de la paz, pero tampoco nos va a temblar el pulso para que se imponga la ley”, alardeaba el presidente del poder legislativo, al tiempo que advertía: “no van a llevar a este país a la guerra. Y si quieren quemar este país, lo va a tener que quemar con nosotros adentro porque lo vamos a defender, porque éste es el país de todos los venezolanos ¡Inmorales!, ¡Sinverguenzas!

De esta manera, respondía e incriminaba el también representante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a la dirigencia de las fuerzas políticas de oposición que había marchado pacíficamente, con la compañía de una multitud de ciudadanos y estudiantes, desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Fiscalía General de la República en un llamado por la paz y en rechazo a los hechos de violencia que se presentaron días previos en distintas ciudades del país. Ese día también se movilizaron sectores oficialistas en respaldo al gobierno.

Un estruendoso sonido. Un disparo. Motos. Desconcierto. Desesperación. Angustia. Los manifestantes corrían de esquina a esquina, hasta que cayó por el impacto de una bala Juan Montoya, quien según la versión que presentaron familiares a los medios, había llegado al lugar en ese momento tras recibir una llamada telefónica. En esa misma zona, también, recibió un impacto de bala Bassil Da Costa, estudiante de 24 años, que luego de culminado el recorrido de la protesta por la paz, convocada por el movimiento estudiantil y partidos políticos, se disponía a retirarse junto con otros compañeros. En la búsqueda de la salida, consiguió la muerte[1].

Un trabajo periodístico que produjo la Unidad de Investigación del diario Últimas Noticias -con videos y fotos capturadas desde diversos ópticas por camarógrafos, fotógrafos y reporteros ciudadanos desde sus celulares- reconstruyó el momento en el que asesinaron al joven y mostraban a funcionarios a bordo de motos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, encubriendo a un hombre vestido de civil, que accionó un arma y mató a Da Costa.

Cortesía de la Unidad de Investigación de Últimas Noticias

En el centro de Caracas se reportaron personas heridas, desaparecidas y detenidas arbitrariamente. La mayoría de ellas fueron víctimas del abuso de poder de los cuerpos de seguridad del Estado, la actuación criminal y al margen de la ley de los colectivos armados, que se reconocen como fuerzas parapoliciales. Un grupo de personas fueron llevadas a prisión por varias horas y enjuiciadas por estar en el sitio de los hechos, muchos de ellos, como reporteros ciudadanos. Con cámara en mano, captando videos y fotografías de lo que sucedía.

Luego de estos hechos de violencia, se presentaron focos conflictivos en la ciudad capital. Estudiantes y vecinos se concentraron en una de las calles principales del municipio Chacao, donde 6 horas después de la primera crónica negra, asesinaron de un disparo a Roberto Redman. Vecinos contaron que fue un motorizado quien accionó el arma cuando se concentraban en rechazo a los hechos de violencia que se habían generado en la tarde.

El hombre de 31 años, más temprano de conseguir la muerte de forma violenta, comentó en su cuenta en Twitter @EscualidoReload: “hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, trague bomba lacrimogena, cargue al chamo que fallecio, y tu que hiciste?” (sic). Esa noche, la muerte de Bassil, Redman y los heridos por estos hechos convulsionados no existieron en las declaraciones oficiales.

hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, trague bomba lacrimogena, cargue al chamo que fallecio, y tu que hiciste?

— Escualidox Reload (@EscualidoReload) February 12, 2014

La orden es el silencio

Entre la tarde y la noche del día de los hechos, para toda la televisión venezolana tanto gubernamental como privada -sin excepción- no hubo necesidad de cambiar su programación de variedades, entretenimiento y los dramáticos noticieros edulcorados. Para los medios televisivos, estos hechos no ocurrieron.

La noticia no fue noticia. En esos espacios lo más cercano fueron consultas a los ciudadanos sobre las motivaciones que tenían para acompañar tanto la marcha de las fuerzas de oposición como la del sector oficialista. No hubo información pertinente y oportuna, ni mucho menos en vivo y directo. En su lugar, hubo complicidad y silencio.

Los canales decidieron apegarse a la alocución oficial que obligaba a transmitir una cadena nacional, en la que el Presidente de la República, cerca de las 9 de la noche, criminalizaba la protesta pacífica y anunciaba un “Golpe de Estado en desarrollo” que buscaba sacarlo del poder. Fue un discurso agresivo, acompañado de un desfile militar, que jugaba con el imaginario colectivo para demostrar fuerza y poder.

Mientras el país estaba conmovido, el acto oficial acompañó las palabras del dirigente nacional con un concierto por la Paz, dirigido por Gustavo Dudamel. Mientras los ciudadanos experimentaban sentimientos encontrados de luto, angustia e incertidumbre. La calle era otra realidad distinta. En ella se vivía un “concierto de balas”, según describirían días posteriores ciudadanos en sus panfletos de protesta.

En la radio la situación no fue muy distinta. Entre 4:30 y 5:30 p.m. -el prime time radioeléctrico venezolano- 30 de 39 emisoras del espectro radioeléctrico de Caracas[2], tampoco, consideraron importante alterar su agenda y sus pautas publicitarias. Continuaban con su guión de música, comentarios de farándula, salud y bienestar.

Otros 4 diales sí se refirieron a los hechos pero no informaron. En su lugar hubo solo opinión y una decisión editorial deliberada de posicionar lo que sería el discurso oficial reiterativo sobre estos acontecimientos. Como un guión, estas emisoras que conforman el sistema nacional de medios gubernamentales, hablaban de un plan violento debidamente estructurado por las fuerzas de oposición, de acciones fascistas, escenarios que trataban de revivir la crisis política del 11 de abril de 2002. Aquí no hubo noticia. Fue, excesivamente, propaganda oficial -hay que decirlo-. Esa propaganda que ha desplazado a la información, que se ha naturalizado y ya se siente con mucha normalidad, en este país de lo posible.

Cambiando los diales, se encontraron 5 emisoras que sí reportaban la situación, pero en general con mucho temor. No ofrecían detalles de la magnitud de lo ocurrido. Recurrían a eufemismos para describir el escenario. Hablaban de “situaciones irregulares”, “congestión”, en el centro de Caracas, pero ningún relato informativo se aproximó a la realidad. Cerca de las 5.30 p.m. un periodista despedía su espacio en un circuito informativo nacional con un balance desteñido de lo ocurrido y enfatizando la versión oficial. Sus soportes eran las declaraciones del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres quien decía que todo había “vuelto a la calma”. Cuando en verdad, comenzaban dos semanas continuas de represión y censura . Días en los que aumentó el silencio ensordecedor [3]. La criminalidad estatal y parapolicial pasó a tener más nombres[4]: Bassil, Juan, Roberto, José Alejandro, Génesis, Arturo, Geraldine, Jimmy, Wilmer, José Ernesto…

Mapa de Personas Fallecidas en el Contexto de Manifestaciones

Fuente: Producción del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

En asombrosa excepción, solo 2 emisoras privadas de las sintonizadas informaban con detalles de lo ocurrido. Una dupla de locutores acompañó su espacio con entrevistados que ofrecían avances de los hechos de violencia que se había presentado cuando los manifestantes se retiraban de la movilización política.

En otro espacio hubo cabida -durante el lapso monitoreado- para relatar la situación en el centro de Caracas, los fallecidos, las personas heridas y se informaba de la presencia en el lugar de los hechos de cuerpos de seguridad del Estado y miembros de colectivos armados Además, se refirieron a la situación en el estado Táchira, entidad que también estuvo convulsionada y con una agenda de protestas que alcanzaba su décimo día consecutivo, principalmente, en rechazo a la inseguridad ciudadana y a la represión de los conflictos por parte de las fuerzas militares, principalmente.

Aunque hay que aclarar que ante la conmoción y la inminente necesidad informativa que se vivía en el país, días posteriores, algunos circuitos radiales ampliaron sus micrófonos para el análisis de la situación.

El censor de Conatel

Esta cobertura radioeléctrica mísera obedecía, evidentemente, a decisiones editoriales consensuadas para no informar. Para guardar silencio por temor a presiones estatales. Era una situación previsible luego de las tajantes declaraciones de William Castillo, quien se estrenaba como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con agudas advertencias a los medios.

Entretanto, el 11 de febrero de 2014, el Directorio de Responsabilidad Social de Conatel[5] consideró “de suma gravedad” que los medios radioeléctricos privilegiaran la cobertura noticiosa de las protestas en el país, por alegar que era una estrategia para la promoción de la violencia en “tiempo, tratamiento y lenguaje” que, además, se jerarquizaba por encima de las convocatorias al diálogo y al respeto de la ley realizadas por altos funcionarios del gobierno nacional .

Conatel, en este sentido, exhortó “a todos los prestadores de servicios audiovisuales y medios electrónicos al estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, sin menoscabo del derecho que tienen a darle cobertura comunicacional a hechos significativos de la vida nacional”. Recordó “que la violación o desconocimiento de la Ley acarrea penas y sanciones claramente establecidas y conocidas por todos y todas”.

Este llamado surgió ante la “preocupación que la cobertura mediática que están recibiendo los lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares específicos del país, por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos, pudiese ser considerada violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública”.

Estas disposiciones previstas antes que ocurrieran los hechos de violencia del 12 de febrero, fueron los sustentos que se alegaron desde Conatel, para la misma tarde, ordenar a los servicio de televisión por suscripción nacionales a retirar de sus parrillas de programación a la cadena NTN24, televisora informativa con sede en Colombia, interesada en los asuntos sociopolíticos de Venezuela.

Ante el silencio informativo, para quienes accedían a sus contenidos por los servicios de TV por suscripción y por internet, la cobertura que realizó NTN24 sobre los hechos que ocurrieron en el centro de Caracas fue imprescindible. En los espacios de este canal informaron sobre los focos de violencia, y además, entrevistaron a los líderes políticos de oposición que promovieron la movilización y exigían mecanismos para la salida constitucional del Presidente de la República Nicolás Maduro, por considerar que el país enfrenta un conflicto de ingobernabilidad. Aun cuando es cuestionable el discurso de los dirigentes de oposición ante esta coyuntura, la suspensión de la señal de este medio de comunicación internacional representó una medida arbitraria y de censura que no se corresponde con los principios constitucionales de libertad de expresión.

NTN24 se convirtió en el enemigo mediático. En varias oportunidades, el representante ejecutivo justificó la actuación del gobierno para suspender la señal de esta televisora en Venezuela. El 13 de febrero, dijo que ésta era “una decisión de Estado”.

William Castillo, Presidente de Conatel argumentó el 17 de febrero, que la decisión de suspender al canal obedecía a la protección de la soberanía. “Ningún país del mundo acepta que un canal internacional, con el cuento de la defensa de la libertad de expresión de sus dueños, desarrollando una línea política desde su línea editorial -sobre todo si es evidente su intención de dañar a Venezuela e irrespetar al pueblo venezolano- agreda desde otro país al nuestro. Eso no lo vamos a aceptar”.

De acuerdo a la información publicada por Conatel, Castillo “confirmó que la página web de NTN24 fue bloqueada y que hasta tanto este canal no desista de sus intentos de apoyar activamente la desestabilización, la situación seguirá como hasta hoy”[6].

La amenaza a los medios fue continua. El Presidente de la República insistió en responsabilizar a los impresos y televisoras nacionales e internacionales, de manera recurrente, de generar violencia, conspirar, manipular y formar parte de un plan que buscaba desestabilizar su gobierno.

Estas afirmaciones oficiales resultaron irresponsables ante la insistencia de los poderes estatales de ocultar la realidad y la magnitud de los conflictos que se presentaron en el país. Fue una insensatez gubernamental al querer cambiar la agenda pública y desdibujar el impacto que tenía el uso abusivo del poder estatal, que dejaba un balance de 10 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones, cifras elevadas de detenidos, desaparecidos, heridos y personas bajo procesos judiciales por ejercer su legítimo derecho a la protesta[7].

#CNNfueradeVzla

De acuerdo a los reportes del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), el 20 de febrero, en cadena de radio y televisión, el Presidente de la República amenazó con expulsar del país al equipo de la cadena CNN en español. “Se va CNN de Venezuela, ya basta de propaganda de guerra, si no rectifican, fuera de Venezuela”, afirmó Nicolás Maduro en una alocución oficial, al tiempo que los acusó de incitar los hechos de violencia que se registraron en las manifestaciones políticas que se desarrollaron en el país. Justamente, estos fueron los alegatos que sustentaron el comunicado del 11 de febrero del ente regulador de las telecomunicaciones.

Esta campaña contra este medio internacional fue acompañada por acciones discriminatorias e irresponsables de anclas de medios oficiales. Luego de las declaraciones del Presidente de la República, los conductores de los noticiarios de Venezolana de Televisión “el canal de todos los venezolanos” incitaba a los simpatizantes oficialistas a sumarse a la etiqueta en Twitter #CNNfueradeVzla. Aupada, además, por dirigentes gubernamentales y el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación (SIBCI).

El 21 de febrero, “Francisco Pérez, viceministro del Ministerio de Información y Comunicación (MINCI), notificó a los reporteros del canal de noticias CNN en Español, Patricia Janiot, periodista y presentadora de noticias; Magdalena Cabral, su productora; Rafael Romo, corresponsal de CNN Internacional; y Osmary Hernández, corresponsal; que se les había revocado el permiso que otorga el gobierno venezolano para trabajar como periodistas en el país”, confirmó IPYS Venezuela[8].

Esta medida fue revertida, el mismo 21 de febrero en la noche, según informó su corresponsal en Venezuela. Explicó que funcionarios del Ministerio de Comunicación e Información contactó al equipo para revertir la medida[9]. Janiot, una de las anclas principales del canal, dijo que ese día, también, fue víctima de “hostigamiento en el aeropuerto, luego de que fuese retenida momentáneamente en la oficina antinarcóticos presuntamente por funcionarios de seguridad”, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuando se disponía a regresar de su país, documentó IPYS Venezuela.

El 23 de febrero, el Presidente de la República volvió a insistir en la acusación contra la cadena extranjera y crítico la transmisión de imágenes sobre los hechos de violencia que se han generado en los últimos días en varias ciudades del país. “Quieren Guerra”, afirmó. CNN “Lo que quiere es que Venezuela se incendie y se destruya. Destruir la patria para quitarnos el petróleo”, continuó con su discurso.

El supuesto plan golpista que refirió, sistemáticamente, el Presidente de la República, comprendía además la participación de medios regionales y locales. Días antes, ya el primer mandatario nacional había lanzado una advertencia. El 10 de febrero, ante los hechos de violencia que se desarrollaban en el estado Táchira, Maduro señaló que las televisoras Promar TV (con sede el estado Lara) y TVR (circuito de televisoras regionales) estaban vinculadas a “planes golpistas”, al tiempo que las amenazó con una revisión de sus contenidos, por parte del ente regulador de las telecomunicaciones[10]. La causante había sido la cobertura de las protestas y exigencias de los ciudadanos tachirenses quienes estaban enardecidos ante la represión estatal a las protestas, la privación de libertad y el juicio de estudiantes detenidos días previos.

Mientras agudizaban las presiones contra los medios, Conatel insistió: “en Venezuela no hay violación de derechos comunicacionales. Es falso que en Venezuela se impida la libre circulación de la información. Operan libremente más de 600 emisoras de radio y 64 canales de televisión privados en señal abierta; además de emisoras de radio y televisoras alternativas y comunitarias; sistemas de suscripción por televisión, telefonía fija, móvil y servicios de Internet donde coexisten operadores públicos y privados”[11].

Bastaba hurgar en las conversaciones de las personas que viajaban en el metro, que se concentraban en las plazas, las señoras de limpieza de los centros de trabajo, el taxista que sube y baja a diario al aeropuerto, los motorizados, la estilista, o los compañeros de la cola del supermercado, para contrastar las posición institucional de Conatel con la realidad de los medios en el país, que ante esta coyuntura se sumieron en el silencio y en el medio a informar por temor a represalias oficiales.

“Es falso que se haya instaurado censura previa. Hoy en día no existe, ni ante Conatel, el Directorio (de Responsabilidad Social) o ante alguna instancia administrativa o judicial, denuncia o demanda alguna de un medio de comunicación que afirme haber sido objeto de ella”, reiteraba Conatel.

Presiones llegaron al papel

Estas amenazas oficiales permearon hacia la cobertura de los medios impresos, que pese a las presiones oficiales ofrecían detalles y versiones más completas de la realidad a través de sus páginas reducidas de papel periódico y sus versiones digitales.

Durante el 13 de febrero de 2014, se monitorearon 26 medios impresos de distintas ciudades del país. De ellos, 18 informaron en sus portadas sobre hechos de violencia. 12 titularon con esta información mientras que otros 4 lo colocaron como información destacada pero no de apertura. Otros tres medios solo reseñaron la “movilización pacífica”, 3 periódicos fijaban la posición oficial que indicaba plan similar al de abril de 2002. La opción para otros dos medios locales fue no informar sobre estos acontecimientos.

De este seguimiento, resaltó el caso de Últimas Noticias, periódico de mayor tiraje y circulación nacional, por haber cerrado su visión editorial con la sobrevaloración oficial -con el titular “El gobierno está enfrentando un golpe de estado en desarrollo”, cita del Presidente de la República- y poca visibilidad de los hechos de violencia que dejó como saldo a tres personas fallecidas. Periodistas de la Cadena Capriles expresaron su malestar, rechazaron la línea editorial del medio y el cambio de la primera versión que orientaba: “Dos muertos tras protestas”. Los reporteros en una asamblea de periodistas comentaron que esta situación agudizaba la incertidumbre que se vivía dentro de este medio en el que suponen cambios editoriales, por presuntos vínculos con el poder oficial tras la venta a nuevos accionistas, que aun no tenían la certeza a qué grupos económicos respondían. En ambas ediciones, se podía constatar el enfoque predominante a la versión oficial de los hechos.

Ante un hecho de violencia de la magnitud como el que ocurrió el 12 de febrero, causó ruido el titular del diario El Universal: “Escasez de alimentos de enero es la más alta en cinco años”, pues era su información predominante. En la segunda nota de apertura tampoco aparecieron referencias sobre los hechos que causaron conmoción: “Jóvenes se movilizaron en todo el país”, así refería y los detalles de las personas fallecidas, heridas y detenidas arbitrarias al finalizar la marcha en Caracas, se ofrecieron en el sumario del mismo titular.

Mientras tanto, para los diarios Visión Apureña (Apure) y La Razón (Zulia) estos sucesos no ocurrieron.

Sobre el caso de Últimas Noticias, hay que destacar la independencia y la defensa de los espacios que ejercieron sus periodistas. Muestra de ello la investigación periodística que circuló 4 días después de aquella tarde cuando comenzó el horror que se ha extendido por más de 10 días en Caracas y otras ciudades del país. Ante el impacto de los contenidos de la Unidad de Investigación de Últimas Noticias, los ciudadanos se hacían una idea de lo ocurrido. La misma noche, en cadena nacional, de obligatoria transmisión en radio y TV, el Presidente de la República, con palabras encubiertas le tocó reconocer la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en estos hechos, alegando que había desconocido la orden ejecutiva de mantenerse al margen. Pero también, arreció y descalificó la actividad periodística y de medios, como ya se ha vuelto costumbre.

Otros diarios, también, destacaron en sus investigaciones y presentaron elementos que podrían ser útiles para la documentación de los casos y para que se iniciaran las averiguaciones correspondientes por parte de las instituciones del Estado, orientado la lucha para combatir verdaderamente la impunidad.

Pero la actuación oficial fue otra. En vez de tomar los elementos periodísticos y evaluarlos, arreció la descalificación a la actividad periodística y de medios, como ya se ha vuelto costumbre.

Redes para sortear la censura
Ante la opacidad en los medios masivos, los ciudadanos se volcaron a las redes sociales, principalmente en Twitter para establecer, consultar y compartir información sobre este contexto. Sin embargo, todos los ciudadanos no poseen cuentas en las redes sociales y los medios digitales en el país no tienen el alcance y la cobertura que llegan a tener los medios radioeléctricos.

Entre el 12 y el 14 de febrero, circuló información que evidenciaban violaciones y abusos de poder durante el contexto de manifestaciones y que eran invisibilidades por los espacios informativos de los medios. Esta situación se mantuvo hasta el 23 de febrero, fecha de cierre de esta investigación. Sin embargo, fueron esos primeros días cuando se presentaron limitaciones verificadas. De acuerdo al monitoreo que realizó IPYS Venezuela[12], Twitter presentó fallas, por un bloqueo parcial, que dificultaba compartir imágenes, luego que los usuarios en gran medida intentaban compartir fotografías de las protestas estudiantiles en varias ciudades del país.

Mediante un comunicado la empresa Twitter INC, representante legal de la compañía, verificó que se habían aplicado mecanismos de bloqueos en esta plataforma a través del servicio de CANTV, principal servicio de internet en el país. Por su parte, la compañía telefónica estatal desmintió que se aplicara una estrategia deliberada para que Twitter presentara fallas en el país.

Entretanto, en el estado Táchira, entre el 19 y el 21 de febrero, ciudadanos reportaron fallas generalizadas en el servicio de Internet de CANTV. Fue tumbada la plataforma y no hubo una respuesta oficial que explicara este inconveniente de comunicación. Aunque, el 24 de febrero, el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, negó que se hubiese restringido el acceso a internet en la entidad.

“Es falso que desde el Estado se hayan saboteado las redes sociales que operan en Internet. Si resulta útil recordar que, como espacio libre de información y opinión, estas redes han sido inundadas en los últimos días de informaciones falsas, montajes fotográficos, videos alterados y un conjunto de fenómenos que constituyen una agresión comunicacional”, fue el pronunciamiento que emitió Conatel al respecto, como una manera de intimidar al ciudadano que se convirtió en reportero ante las necesidades informativas insatisfechas.

Cobertura en una batalla campal

El verbo agresivo que acompañó el discurso oficial se materializó, también, en hechos conflictivos para los periodistas que fueron víctimas de agresiones e intimidaciones. De esta manera, se explicó la lógica de la impunidad. Ante palabras violentas y amenazas incesantes aumentan los riesgos para la cobertura periodística, sobre todo en la calle, escenario que se convierte en un campo de batalla.

Al momento del cierre de esta investigación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportaba 62 periodistas víctimas de represión por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, grupos parapoliciales, y en casos aislados por manifestantes. En promedio, esta cifra supone que entre el 12 y el 23 de febrero, resultaron agredidos 6 reporteros diarios. Además, se denunciaron ataques a sedes de medios de comunicación regionales y nacionales privados y gubernamentales, así como órganos de comunicación como Conatel y la Oficina de Comunicación del estado Miranda. De acuerdo a los registros de IPYS Venezuela, en este período los hechos, principalmente, estuvieron vinculados a agresiones físicas, detenciones arbitrarias, acciones de intimidación, amenazas de muerte, robo y confiscación de equipos y material periodístico.

Esta ONG, parcialmente[13], registró 50 casos de violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información. Una cifra alarmante que presumió 4 casos diarios, durante los 11 días. Es dato aún más significativo, si se compara con el total de casos de 2013, que acumuló 18 incidentes a lo largo del mismo mes. Esto quiere decir en 2 semanas, se registro tres veces más la cantidad de casos que se contabilizaron durante los 28 días del mes de febrero del año anterior.

Este número, además, llegó a comprender el 20% del total de reportes que documentó la misma organización durante todo el año 2013, que alcanzó 285 incidentes. De continuar los conflictos sociopolíticos que se registraron durante el mes de febrero, el año en curso pudiera superar las cifras de violaciones a la libertad de expresión del año pasado, que en sí, representaron los registros más altos en los últimos 11 años. Un panorama altamente restrictivo para el ejercicio de las libertades informativas y de expresión en el país.

Encadenado

A esta situación se suma el abuso del poder del Estado en la que se ha sacrificado el derecho a la información de todos los ciudadanos por encima de los intereses gubernamentales. Dos episodios arbitrarios y desmedidos se presentaron durante las intensas protestas políticas registradas en el mes de febrero. Mientras que el 12 del mes asesinaban a Roberto Redman, disparaban con armas de fuego, herían y maltrataban a ciudadanos que salieron a expresar sus descontentos en las calles de Caracas y otras ciudades, el Presidente de la República estaba encadenado con en un acto oficial en el que se mostraba un desfile militar en el marco de la conmoración del Día Nacional de la Juventud.

Además, sus palabras estuvieron marcadas por la incitación a la violencia y el desconocimiento a los derechos humanos. A parte de vulnerar la libertad de expresión e información a través del espectro radioeléctrico nacional, Nicolás Maduro prohibía a los ciudadanos ejercer su derecho a la protesta pacífica. Esta situación en vez de generar llamados a la calma, motivó a los ciudadanos a desconocer la orden del primer mandatario nacional y ejercer activamente las manifestaciones en las calles en diversas ciudades del país. Es decir, ciudadanos más movilizados ante un llamado de desmovilización.

Esta actuación estatal continuó. El 19 de febrero, mientras el ejecutivo nacional tenía una locución oficial de obligatoria transmisión en radio y TV, se reportó la agresión desmedida de la Guardia Nacional Bolivariana contra ciudadanos que decidieron expresar su descontento a través de cacerolas y cierre de calles al frente de sus residencias. Esta situación provocó personas heridas de gravedad y desaparecidas. Hubo disparos a residencias en diversos puntos de Caracas a edificios y viviendas por parte de colectivos que actúan como grupos parapoliciales.

Uno de los casos que causaron indignación fue el de José Alejandro Márquez, ingeniero de 42 años de edad, que se encontraba en las adyacencias de su residencia en La Candelaria, en el centro de Caracas, cuando realizaban el cierre de una calle como forma de protesta. Fue golpeado brutalmente en la cabeza por funcionarios de la Guardia Nacional mientras grababa con su teléfono celular la represión militar de los manifestantes, al igual que lo hicieron otros ciudadanos que compartieron, la misma noche, los registros de lo ocurrido a través de las redes sociales. Según el testimonio de su hermana, a Márquez lo torturaron, lo montaron en una patrulla y lo dejaron desnudo en el Hospital Vargas, con una herida de gravedad en el cráneo que le produjo muerte cerebral, y a los 4 días falleció.

En el momento cuando en la calle se reprimía a los ciudadanos, el Presidente de la República reunido con su tren ministerial declaraba: “En Venezuela se está aplicando una forma de golpe de Estado continuado para pegar a la sociedad contra la pared, para llenar de violencia el país, para generar una espiral creciente de odio y de confrontación de pueblo contra pueblo y luego justificar lo injustificable, que es el llamado a una intervención extranjera militar en los asuntos internos de Venezuela, que es llevar al país al caos social, político y militar”.

Entre 12 y el 22 de febrero de 2014, Nicolás Maduro realizó 9 cadenas de obligatorias transmisión en radio y TV. Lo que supuso una cadena diaria. En este lapso acumuló 13 horas 37 minutos de transmisión. “El aumento del abuso de poder en los medios de comunicación del Estado se ha destacado aún más durante las protestas estudiantiles del mes de febrero de 2014. En los últimos 10 días, el presidente de Venezuela ha salido en Cadena Nacional un promedio de 1 hora y 42 minutos cada día, representando un aumento de 264% por encima del promedio del año 2013”, refirió la organización Monitoreo Ciudadano, que ejecuta el proyecto Cadenómetro, registro de las alocuciones oficiales arbitrarias que afectan la pluralidad y la diversidad, fundamentos necesarios para el respeto de la libertad de expresión en el país.

Nicolás Maduro arribó a su décimo mes de gobierno con 182 horas hablando en cadena nacional, en 211 alocuciones. Hay que decir que las cadenas del Presidente, al igual que su antecesor Hugo Chávez, forman parte de una estrategia de manejo de la agenda pública. La particularidad en la administración de Maduro es que los picos de los conflictos durante estos 10 meses de gobierno han estado en abril de 2013, justo al tomar posesión, y en febrero de 2014, momentos en los que se ha colocado en juego su legitimidad y la capacidad de gobernanza. Aunque este período gubernamental ha estado marcado por una profunda crisis económica y social, el quiebre institucional pareciera responder a conflictos políticos.

Ciclo de represión

La incapacidad del gobierno para atender temas como la criminalidad, la violencia, el desabastecimiento, la crisis penitenciaria y las exigencias del sector laboral, ha llevado a los altos funcionarios a hacer un uso abusivo a través de transmisiones obligatorias. Además, este plan se enmarca dentro de una política de criminalización contra la labor informativa privada e independiente, en la que han sido fuertemente afectados periodistas, dueños de medios y las empresas jurídicas de la prensa privada e internacional.

Ha sido una respuesta gubernamental que ha rondado el descrédito, la represión y la censura a través de mecanismos directos e indirectos.

En la investigación Hitos comunicacionales del gobierno de Hugo Chávez para la publicación colaborativa Saldo en Rojo comunicaciones y cultura en la era bolivariana, la autora de este texto determinó el patrón que se ha desarrollado en Venezuela para atacar a los medios de comunicación desde los poderes gubernamentales. Se refiere a un ciclo que responde a agresiones físicas, acciones de intimidación, amenazas, acciones judiciales, aplicación de penas de la expresión, aplicación de acciones de censura con supuestos sustentos normativos reconocidos por la jurisprudencia venezolana y el cierre de medios. Esta dinámica se desarrolló, con sus altos y sus bajos, a lo largo de los 13 años del gobierno de Hugo Chávez.

En esta sucesión gubernamental que va de abril de 2013 a febrero de 2014, liderizada por Nicolás Maduro, se caracterizó por la aplicación apresurada de los mecanismos coercitivos que comprenden todos los elementos del ciclo de restricciones a la libertad de expresión en Venezuela, que se desarrollaron a lo largo del gobierno de Hugo Chávez.

En este lapso, apareció una nueva dimensión en la que las fuerzas oficialistas incorporaron las transacciones y negociaciones de medios privados a sectores vinculados con el poder estatal. Ésta ha sido una forma sigilosa de dominar la agenda pública y desaparecer los espacios para la denuncia comunitaria y la opinión, principalmente. Este último patrón está en desarrollo, todavía faltan elementos para sistematizar, por lo que es necesario ahondar en este fenómeno de las comunicaciones, para ofrecer un análisis más preciso que permitan la compresión de esta situación.

Lo cierto es que éste ha sido un proceso acelerado y agudo -bajo el esquema cívico militarista- en el que la afectación más ponderada la sufre el ciudadano ante las limitaciones para buscar, recibir y difundir información de interés para el ejercicio de sus actividades individuales y colectivas.

Notas

[1] Este relato se cuenta desde la reconstrucción del los hechos que realizó en texto y video la Unidad de Investigación de Últimas Noticias.