El 14 de julio de 2014, la periodista María José Pacheco denunció en IPYS Venezuela que directivos de El Informador, impreso regional de capital privado, ejercieron acciones de presión interna que conllevaron a su renuncia luego que la reportera, junto con otros colegas, formara parte de una campaña en contra del diario, a través de la cuenta de red virtual de Twitter, con el hashtag #CensuraEnElInformador. Dos días después, el 9 de julio, la periodista renunció al diario con sede en el estado Lara, región centro occidental del país.

El 9 de julio de 2014, un grupo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) acompañados por un conjunto superior a 10 efectivos de la Guardia Nacional se trasladó hacia el municipio Sucre del estado Barinas, región sur-occidental del país, para ejecutar antes del mediodía, el cierre técnico de la emisora Omega 104.9 FM, la cual tenía siete meses de vigencia en el aire.

El 1 de julio de 2014, Francisco Armada, ministro del Poder Popular para la Salud, acusó a varios medios de comunicación privados de promover una campaña mediática de desestabilización en el país sobre el virus de la fiebre Chikungunya y el suministro de los medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH/SIDA.

El 12 de junio de 2014, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvieron alrededor de siete horas a cuatro fotorreporteros que se encontraban haciendo una cobertura sobre un enfrentamiento sucedido entre un grupo de encapuchados y funcionarios de este cuerpo de seguridad del Estado, en Santa Fe Sur, al este de Caracas. Los funcionarios alegaron que la detención se llevó a cabo para verificar la autenticidad de sus credenciales.

El 3 de julio de 2014, Gonzalo Ruiz, corresponsal del canal de noticias colombiano NTN24, fue agredido y posteriormente retenido alrededor de 20 minutos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando cumplían funciones informativas durante un enfrentamientos entre manifestantes, estudiantes de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) y funcionarios de este cuerpo policial. El hecho ocurrió en San Cristóbal, capital del estado Táchira, región sur-occidental del país.

El 26 de junio de 2014, el poder ejecutivo nacional ordenó la creación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), de acuerdo al decreto 1.014, publicado en la Gaceta Oficial n° N°40.440. Las consideraciones de esta normativa afectan la libertad de información de los ciudadanos y ordena la reserva de documentación de interés público. Además, permite prácticas de inteligencia y legaliza las penalidades contra cualquier tipo de persona, hechos que vulneran las garantías de expresión e información, establecidas en la Constitución Nacional.