miércoles , marzo 27 2024

Mutismo en la antesala electoral

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) con el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) presentan una radiografía de las limitaciones al acceso a la información pública y las restricciones que enfrenta el periodismo de cara a las elecciones parlamentarias.

A Venezuela la delinean los rasgos de una sociedad del secretismo, donde se ha impuesto la desinformación como estrategia política. Estos trazos tienden a acentuarse ante la opacidad y el mutismo que marcan esta antesala electoral.

Se ha vuelto recurrente que las autoridades estatales -entre ellas las del Consejo Nacional Electoral- así como los candidatos parlamentarios se nieguen a responder las consultas de los periodistas en relación a los comicios parlamentarios que están pautados para el próximo 6 de diciembre.

Este análisis surge a propósito de los resultados preliminares del Estudio 2015 Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela. Fue una consulta de percepción que realizó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) entre los meses de septiembre y octubre de 2015. Para esta oportunidad, dada la importancia de las elecciones parlamentarias que se llevan a cabo en nuestro país, IPYS Venezuela y el OEV unieron sus esfuerzos para evaluar la libertad de expresión, la censura y autocensura en este contexto.

Esta radiografía del ejercicio del periodismo en Venezuela se construyó con la participación confidencial de 227 periodistas y trabajadores de medios estatales, privados, comunitarios e independientes en 16 estados del país: Anzoátegui, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Táchira, Trujillo, y Zulia. La investigación se llevó a cabo con la colaboración de 25 periodistas de distintas regiones del país, y un equipo multidisciplinario en el que también participaron sociólogos, estadísticos y activistas de Derechos Humanos (DD HH).

El círculo de la censura

La percepción de los encuestados reveló que en Venezuela prevalecen -de manera directa o indirecta- limitaciones para el ejercicio de su labor informativa sobre los asuntos que rodean el contexto electoral. Preocupa que, por mecanismos diversos, los actores estatales y no estatales ejerzan presiones para condicionar el ejercicio del periodismo.

Este panorama hace que Venezuela esté frente a un escenario velado, bajo un círculo en el que la censura comienza a tejerse mediante constantes negativas de diversos sectores para informar sobre asuntos de interés público; se agudiza con diversas presiones sutiles e indirectas que deriva en la omisión informativa, y termina en la decisión voluntaria de los periodistas de guardar silencio. Este patrón da cuenta de la dinámica más auténtica en la que se instaura la autocensura, un mecanismo que parece natural para sortear los miedos y las posibles represalias que se presentan al momento de ejercer el derecho a la información.

Círculo de la censura

La campaña electoral existe para darle oportunidad a los ciudadanos de informarse, poder tomar decisiones responsables, y en este sentido los medios de comunicación deberían tener un rol fundamental. Sin embargo, evidenciamos que  en esta coyuntura está comprometida la pluralidad, la diversidad, la independencia y autonomía, principios básicos de la libertad de expresión y fundamentos esenciales de la vida democrática.

Predominan las restricciones para el pleno ejercicio del periodismo como fuerza de  contrapoder y ventana habitual de las denuncias ciudadanas. Estas coacciones, incluso, confinan la posibilidad de que los ciudadanos conozcan todas las perspectivas que marcan los asuntos que son de interés público.

Esta situación deriva en un escenario  electoral hostil, arbitrario y desequilibrado, en el que no están dadas las condiciones necesarias de un auténtico proceso de comunicación libre, plural e independiente, indispensable en cualquier contexto.

Opacidad y secretismo

En este panorama las mayores preocupaciones están relacionadas con las restricciones al acceso a la información pública. En el estudio de censura y autocensura, 68% de los periodistas expresó haber tenido limitaciones de diversas fuentes de información, previo a la campaña electoral.

1Una de las restricciones constantes tiene que ver con las negativas para conceder entrevistas por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en distintos estados del país. Así lo refirió más de la mitad de los participantes, específicamente 59% de ellos, sea por experiencia personal o la de algún compañero de trabajo.

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Esta práctica también se ha extendido entre los candidatos para las próximas elecciones parlamentarias y dirigentes políticos de distintas plataformas partidistas. Al menos 52% de los periodistas coincidió en tener este tipo de limitación.

Gráfico 4

Estos patrones de opacidad y secretismo penetran en una coyuntura en la que la desinformación -como estrategia política- se ha instaurado en las salas de redacción, por decisiones de las empresas mediáticas y por presiones de las diversas fuerzas de poder. En la investigación, 18% de consultados coincidió en esta consideración y refirió que desde los medios de comunicación se omiten noticias de interés público. Este fenómeno configura una práctica sutil que tiene la finalidad de invisibilizar irregularidades y denuncias que son contundentes, de interés público.

Gráfico 5

En la legislación electoral de Venezuela no está establecido el derecho al acceso a la información pública[3], aunque es un principio fundamental que estimula la participación ciudadana y fortalece la democracia, según los estándares internacionales de derechos humanos.

Desde IPYS Venezuela hemos insistido en que las obstrucciones al acceso a la información pública son una forma de censura y nos preocupa que esta anomalía se haya naturalizado en el país.

Cuando se niega el acceso a la información pública, no solamente se le limita a los periodistas las posibilidades para hacer su trabajo, sino que se le restringe a los ciudadanos su derecho a saber, a estar informado, para poder tomar decisiones acertadas y oportunas sobre la oferta electoral.

Este proceso marcado por la ausencia de transparencia deja en evidencia la debilidad y la falta de compromiso de las instituciones estatales y no estatales con los principios democráticos.

El miedo deriva en autocensura

En esta antesala electoral prevalecen las órdenes para silenciar a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Estas presiones se ejercen desde las instituciones del Estado y desde las propias empresas mediáticas. La intención es clara: prohibir que se cubran temas sensibles del contexto sociopolítico.

La quinta parte (20%) de los periodistas dijo tener conocimiento, de manera directa e indirecta, de que los poderes públicos giraron órdenes expresas de censura para limitar la cobertura informativa libre plural e independiente, previo a las elecciones parlamentarias. También, 18% refirió que las empresas mediáticas han impuesto medidas de censura interna para limitar los espacios informativos.

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Este patrón de censura incide en las decisiones personales de los periodistas para desistir en su cobertura de asuntos álgidos por temor a represalias.

Se impone, de esta manera, el círculo del silencio que da cuenta de una sociedad en la que se ha instaurado el miedo. Al menos 18% de la muestra consultada admitió haber tomado la decisión personal de no informar sobre algún tema noticioso, por posibles riesgos y amenazas. Estos datos dan cuenta del auge de la autocensura, como un fenómeno que se ubica en el eslabón más alto de la censura.

De acuerdo a los resultados, el silencio que asumen voluntariamente los periodistas en este contexto electoral está condicionado por las diversas presiones directas e indirectas que afectan el derecho a la información en Venezuela.

Uno de estos aspectos se relaciona con los temores que tienen los periodistas y los trabajadores de medios de comunicación de ser afectados por procedimientos judiciales y administrativos, que llevan adelante los organismos de justicia y de regulación de telecomunicaciones del país. Así lo indicó 11% de la muestra que formó parte de esta investigación.

Estos temores no son fortuitos. IPYS Venezuela ha registrado 64 procedimientos judiciales en contra periodistas y medios de comunicación entre 2002 y 2015. Al menos 25 de estas demandas han ocurrido durante la gestión presidencial de Nicolás Maduro.

En los últimos dos años el patrón más recurrente ha sido el de las demandas penales, fundamentadas en delitos de difamación e injuria, que además han sido ejercidas por altos funcionarios del Estado.

Descalificaciones televisadas

Este efecto de inhibición que se ha extendido entre los periodistas tiende a agudizarse frente a un contexto de alta conflictividad en materia de libertad de expresión. En este panorama ha habido un aumento significativo de las violaciones a este derecho fundamental y se han debilitado las condiciones esenciales para el ejercicio del periodismo, como fuerza de contrapoder.

Un factor determinante ha sido el discurso cargado de violencia que ha tomado distintos espacios de la sociedad, poco saludable para la campaña electoral y para la democracia. La percepción de los periodistas consultados en este estudio así lo confirma. Al menos 14% denunció la preeminencia de las campañas de desprestigio que han emprendido candidatos parlamentarios, en contra del periodista o de alguno de sus compañeros.

A la par, 14% señaló las constantes acciones de hostigamiento en contra de los periodistas, que se han difundido a través medios de comunicación estatales, privados y comunitarios.

La violencia uniformada

Observamos, también, con preocupación que en este contexto ha sido constante el uso de la fuerza pública para obstaculizar la labor periodística. De los 227 consultados, 28% denunció actuaciones irregulares de los cuerpos de seguridad del Estado para restringir su cobertura informativa.

A esta situación se suman las amenazas y ataques contra los equipos reporteriles, un patrón que, además, ha marcado las tendencias de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Este análisis se sustenta en la percepción de 23% de los periodistas, quienes mostraron su preocupación por las amenazas que ponen en riesgo el pleno ejercicio del periodismo en Venezuela.

También, 15% señaló como un patrón constante el robo o confiscación de equipos o material periodístico durante las coberturas de calle; mientras que 13% coincidió en los riesgos inminentes de las agresiones a la integridad personal, por experiencia propia o la de alguno de sus compañeros.

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Las agresiones y ataques, las restricciones al acceso a la información pública, el uso abusivo del poder del Estado, y las medidas de censura han debilitado las condiciones para el ejercicio del periodismo en país. Entre enero y octubre de 2015, IPYS Venezuela contabilizó 322 casos de violaciones a la libertad de expresión  a nivel nacional.

Al menos 271 de estos incidentes, que representa 84%, ocurrieron en los 16 estados en los que se realizó el Estudio 2015 Censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, IPYS Venezuela y el OEV exhortan a las instituciones estatales y no estatales, a que respeten las condiciones necesarias para un proceso de comunicación libre, equitativo, plural e independiente de cara a las elecciones parlamentarias. Es indispensable que se respete y se garantice el acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión, como pilares fundamentales de la democracia.

Creemos que es urgente que los diversos actores revisen y tomen en cuenta las siguientes consideraciones:

Consejo Nacional Electoral:

1- Es urgente que el CNE promueva y garantice el derecho al acceso a la información pública. Consideramos que los ciudadanos tienen derecho a saber y necesitan información oportuna para tomar decisiones conscientes y responsables durante el evento electoral.

2- El CNE debe corregir la política de opacidad. Como institución de justicia electoral, debe ser garante y responsable de la transparencia, pues esta es una de sus principales obligaciones. Este principio democrático es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer el pleno derecho a la participación ciudadana.

3 – El CNE debe cumplir con su obligación de respetar y velar por el pleno ejercicio de la comunicación libre, plural e independiente. Así como está establecido en la legislación electoral venezolana, según el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La libre expresión y la libre información son indispensables para garantizar un proceso electoral justo y equilibrado.

Candidatos a diputados:

4 – Los candidatos parlamentarios deben entender que los ciudadanos tienen derecho a saber. Como aspirantes a diputados, están en la obligación de difundir ampliamente sus planes y sus perspectivas, y estar dispuestos a que se ejerza el escrutinio público.

5 – Los candidatos deben promover la libertad de expresión y contestar los cuestionamientos que surgen desde el periodismo. Los periodistas están para escrutar sus perfiles e informar abiertamente a los ciudadanos sobre sus candidaturas para que la población pueda tomar decisiones responsables en los comicios parlamentarios.

6 – Los candidatos deben ser transparentes y promover la contraloría social.  El rol que van a desempeñar los diputados amerita una conducta fundamentada en la democracia, la libertad de expresión y la promoción constante del acceso a la información pública.

Medios de comunicación:

7- Los representantes de las empresas mediáticas deben cumplir su función de servicio público. Los medios de comunicación deben garantizar el pleno ejercicio del periodismo.

8.- Los representantes de las empresas mediáticas deben responder a los principios de la libre información. Su compromiso es con los ciudadanos y no deben estar al servicio de intereses gubernamentales o partidistas.

9- Los dueños de medios de comunicación deben ejercer la libre expresión e información. Sus espacios deben dar cuenta del respeto a los principios de pluralidad, independencia y autonomía, y no servir como fuerza de presión para promover la censura.

Periodistas y trabajadores de medios:

10- Los periodistas deben exigir más y mejor calidad en el acceso a la información pública. La opacidad y el secretismo no se pueden naturalizar.

11-Los periodistas deben ser garantes de su función social. Son portavoces de las informaciones y las denuncias provenientes de los ciudadanos.

12- Los periodistas y trabajadores de medios deben fortalecer y defender los principios periodísticos. Deben fundamentar su acción responsablemente, en las buenas prácticas, fundamentadas en estándares de calidad.

Descargue el informe aquí:

Descargar (PDF, 283KB)

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