¿Cómo salir del ciclo de la violencia de género en Venezuela?
Por Luisana Herice – 21/07/23
La falta de capacitación, sensibilización y empatía de los funcionarios y funcionarias que se encuentran en las instituciones encargadas de la protección y seguridad de la mujer, así como la burocracia y el paulatino proceso que rodea a las denuncias de violencia basada en género (VBG), han generado que muchas se cohíban y no actúen, o que desistan del proceso legal que decidieron emprender en contra de su agresor. Así lo aseguran expertas consultadas para este trabajo.
Sin embargo, existen alternativas como organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoyan a mujeres en contextos de violencia. Pero ¿qué pasa cuando una mujer pide ayuda?
Para dar respuestas oportunas las activistas de los diferentes movimientos de mujeres han establecido una serie de acciones. Ante la inacción gubernamental, son estas organizaciones las que apoyan no solo en las denuncias, sino que también en la asesoría legal, y se vuelven guías y acompañantes de un proceso emocionalmente muy demandante.
Muchas de estas activistas han logrado salvar vidas, pues el trabajo que vienen realizando desde las comunidades les ha permitido detectar casos de violencia y sacar a las mujeres del círculo de su agresor antes de que ocurra lo peor. Además, brindan conocimientos sobre lo que deben hacer si son atacadas por sus parejas o familiares, y buscan la forma de que se corra la voz en la comunidad.
“Trabajando de la mano con las autoridades para lograr que las mujeres vivan una vida libre de violencia como lo indica la ley. Nos ha tocado denunciar estos hechos, porque muchas no sé atreven”, dijo Roselin Sánchez, quien ha participado en los talleres sobre VBG, realizados en su comunidad.
Además, relató que en una ocasión les tocó actuar frente al caso de un hombre que había secuestrado en su propia casa a su exesposa e hijos y amenazaba con explotar la bombona de gas. “Al escuchar los gritos de la mujer supimos que algo pasaba y de inmediato alertamos a las autoridades, quienes lograron resolver la situación sin dejar víctimas que lamentar”, mencionó.
Es así como cada una, desde sus áreas de especialización, funcionan como puentes o enlaces para proceder con la denuncia y protegerlas de su victimario en caso de que se mantenga en libertad. Las redes de mujeres buscan velar por los derechos de su género y lograr que puedan tener una vida libre de violencia.
Las ONG fortalecen los servicios de atención
Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora ejecutiva de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), aseguró que mientras se mantenga las condiciones de vulnerabilidad en el país, exista la impunidad y que no se cuente con programas y proyectos dirigidos a la prevención y erradicación de la violencia basada en género, las mujeres no dejarán de ser víctimas.
“Es muy preocupante como ha habido una naturalización de la violencia de género y esto no va a disminuir hasta tanto se desarrolle un plan nacional con la participación de los diversos sectores para combatir esta forma de violencia. Las diferentes organizaciones de la asociación civil no tenemos cifras de la totalidad de denuncias de estos casos, pero podemos constatar que la violencia sexual, la explotación sexual comercial, la violencia de género, la trata de mujeres con fines de explotación sexual en otros países es una realidad”, añadió.
Es por ello que, en los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria que se lleva adelante en Venezuela, han desarrollado servicios de gestión de casos para sobrevivientes de VBG.
En estos servicios se identifica la violencia, las necesidades y se implementa un plan de protección y de seguridad para la persona que está viviendo la situación y familiares que puedan estar afectados, se canaliza la atención requerida por la usuaria, bien sea carácter legal, médica, económica o formación en algún área laboral.
Desde la gestión de casos, se procura un abordaje integral, para que puedan empoderarse en sus condiciones de vida, y afrontar y poner límites a la violencia con apoyo de diversas organizaciones e instituciones, indicó la especialista.
Aun así, los esfuerzos deben estar vinculados e integrados con todas las instituciones del Estado, es decir, órganos receptores de denuncias, como el Ministerio Público, Policía Municipal, Estadal y Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como las fiscalías y tribunales especializados en violencia de género.
Sin embargo, reconoció que éstas tienen deficiencias, en su mayoría barreras que deben enfrentar las mujeres a la hora de denunciar, algunas vinculadas con la formación y la receptividad de los propios funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, otras relacionadas al procedimiento o a las distancias que pueden existir desde el lugar a la residencia. “Todas estas y otras barreras deben ser erradicadas para que el acceso a la justicia de mujeres que viven violencia sea posible”.
Perdieron el miedo
Desde el ámbito oficial hay avances en la capacitación de las activistas. María Valbuena, responsable de la Comisión de Organización de la Unión Nacional de Mujeres en La Guaira e integrante de la Red de Mujeres de Vargas, informó que en la entidad hay 19 movimientos compuestos por más de 300 mujeres, las cuales se encuentran federadas y registradas dentro de la Unión de Mujeres.
La activista dijo que se encargan de revisar las políticas de atención de la mujer en la entidad y, sobre todo, trabajan en la creación de un proyecto de ley para mejorar y potenciar la respuesta del estado a estas denuncias.
Valbuena, expresidenta del Instituto de la Mujer, aseguró que en la entidad el número de denuncias por VBG ha aumentado, pero que esto se debe a que muchas han perdido el miedo gracias al acompañamiento, la orientación y asesoría legal de las activistas.
“En La Guaira nos hemos empoderado, ya no hay miedo. Y es que estamos trabajando incansablemente con la formación de las defensoras comunales, lo que nos ha ayudado a que en las comunidades haya más herramientas e información de cómo y a dónde deben acudir a la hora de hacer una denuncia de este tipo. Saben que no deben quedarse calladas y que no están solas”, agregó.
Con los más de 100 talleres y encuentros que han realizado en las diferentes comunidades, las mujeres han aprendido a identificar y a reconocer que están siendo víctimas de violencia, según Valbuena. “Muchas acuden a los órganos correspondientes, al movimiento de mujeres para recibir asesoría o se comunican a mi número de teléfono 0426-5104989 para solicitar ayuda. La defensora Oneida Sequera, está trabajando arduamente para que los agresores reciban sanciones acordes a los delitos cometidos”, dijo.
Como parte de las acciones que ejecutan desde los órganos estadales y los movimientos de mujeres, el 5 de mayo se publicó el Decreto 042 que contempla la atención integral de la mujer y la parroquialización de la justicia de género. Esta ley tiene el objetivo que cada parroquia tenga un personal especializado y capacitado para la atención inmediata de una denuncia de este tipo.
También el personal de cada una de las jefaturas civiles, ubicadas en las nueve parroquias de La Guaira está en proceso de formación que les brindará las herramientas exactas para recibir y trabajar de forma correcta las denuncias de VBG que lleguen al sitio. Dichas capacitaciones, que reforzarán el papel de las activistas, están a cargo del personal del Ministerio Público, ente responsable de la investigación y sanción penal de este delito.
Señaló que, como resultado del trabajo de campo, lograron la creación de los Tribunales de Protección de la Mujer y el Instituto Municipal. “Esta plataforma nos ha permitido organizarnos y demostrar que la violencia basada en género debe ser prioridad en la entidad. Gracias al esfuerzo de todos, logramos avanzar con este decreto. En ningún estado hay uno similar”.
Valbuena expresó que La Procuraduría de La Guaira, el Concejo Legislativo, MinMujer y la Unión Nacional de Mujeres, realizaron una mesa de trabajo para la creación de una Ley de Atención Integral de la Mujer en el estado, que va a permitir darle protección y respuesta oportuna a las guaireñas o a turistas que les sean vulnerados sus derechos.
Foto: María Valbuena con las activistas de la Red de Mujeres de Vargas
Más casas de abrigo
“Debido a la falta de estos espacios, muchas de las mujeres que denuncian a sus agresores terminan regresando a las viviendas que comparten con sus victimarios”, alertó Francis Prieto, licenciada en Investigación Penal, con una maestría en Seguridad Ciudadana.
La activista resalta la necesidad de aumentar las atenciones psicológicas, pues en su mayoría, deben esperar hasta cuatro meses para ser atendidas. “Esto es fundamental, hay que brindar espacios donde la víctima pueda ser escuchada, orientada y asesorada porque una mujer que ha sufrido violencia por años está muy afectada psicológicamente”, añadió.
Debido al desgaste, la burocracia, la revictimización, las debilidades y barreras que presentan los órganos encargados de brindarles protección y seguridad a las mujeres, muchas abandonan los casos y terminan en manos de sus maltratadores.
“Es imperativo que capaciten a los funcionarios y funcionarias en cuanto al abordaje, atención e investigación de los casos y que la respuesta sea oportuna. Las universidades con carreras de Seguridad Ciudadana deberían implementar que los trabajos de grado y especializaciones estén dirigidos a las comunidades y así mantener una constante atención a estos casos porque este flagelo y el abuso infantil es un problema de salud pública”.
La especialista destacó que desde su lugar también se han topado con mujeres agresoras. “En La Guaira un grupo de profesionales estamos trabajando en conjunto para orientar y brindarle asesoría legal a víctimas de abuso sexual infantil y violencia basada en género. También realizamos el enlace con las instituciones encargadas de darle respuesta, disminuyendo así la deserción en los casos”, dijo.
Alrededor de 40 mujeres han sido asesoradas y esto es gracias a la información difundida en las redes sociales, dónde han publicado artículos sobre este tema y han dejado sus números de teléfono. Asimismo, han expresado la disposición de ayudar a quienes estén siendo víctimas de este delito.
“Actualmente, no tenemos una oficina donde atenderlas, pero nos trasladamos a la vivienda de la víctima o a cualquier sitio donde ella nos indique. Lo importante es brindarle las herramientas necesarias para que pueda salir de esa situación. Es por ello, que sí hay alguien que requiera asesoría legal o acompañamiento, puede comunicarse al 0424-2217773 y con gusto la ayudaremos”, dijo Prieto.
Foto: Francis Prieto junto a la doctora Wilda Cordero y Roxana Pacheco brindando asesoría a sobrevivientes de VBG
Finalmente, pese a que cada vez son más los grupos y mujeres que de manera independiente trabajan por reivindicar sus derechos, aún falta mucho camino por recorrer, pues, aunque el Estado es el garante de los programas y políticas públicas en las que se respaldan muchas de estas acciones, al momento de dar una respuesta, no son efectivas ni oportunas.
No obstante, la esperanza se mantiene y el trabajo para lograr una vida libre de violencia es cada vez mayor.
El llamado que realizan estás activistas es a buscar apoyo en las diferentes redes de mujeres que se mantienen desplegadas en todo el país y que, en el caso de La Guaira, se fortalece desde el ámbito gubernamental, privado y desde la sociedad civil organizada. Estás mujeres se han abocado a impulsar respuestas efectivas cuando denunciar no representa una solución.
