Una red de mujeres impulsa la acción contra un agresor
Dos jóvenes tachirenses fueron violentadas por un sujeto que merodeaba la parte alta de San Cristóbal y después revictimizadas por los organismos de seguridad. Gracias a la acción de una red de mujeres, las autoridades tomaron cartas en el asunto y apresaron al agresor.
Por Rosalinda Hernández – 21/07/23
“No te iban a violar, te querían seducir…”. Es la frase dicha por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el momento en que Teresa* denunció a sus agresores.
El pasado 11 de mayo, Teresa caminaba en horas de la tarde entre las avenidas España y la Ferrero Tamayo de San Cristóbal, a la altura de un antiguo vivero, cuando fue sorprendida por dos hombres. “Me agarraron y me llevaron a la fuerza al matorral donde quedaba el vivero, ahí adentro hay una casa abandonada, me llevaron hasta ese lugar, forcejeé con ellos, pero me sometieron y golpearon, me tocaron mis partes íntimas. Me quitaron todas mis pertenencias, trataron de quitarme los pantalones y me rompieron la camisa, mientras yo gritaba desesperada que me dejaran tranquila”, dijo.
Conmovida aún por el mal momento, la muchacha narró que de pronto apareció otro hombre que enfrentó a los delincuentes. Los agresores salieron huyendo y fue el instante que aprovechó para levantarse, recoger del piso las pocas cosas que pudo y salir corriendo a toda prisa del lugar.
Por su parte, María*, estudiante de la Universidad de Los Andes en San Cristóbal, aseguró que uno de los hombres que intentó violar a Teresa ya le ha atacado dos veces. “La tercera vez no sé qué pueda pasar, ¿Me matará?”, dijo en su momento.
El 9 de mayo, cuando ella transitaba por la avenida Ferrero Tamayo, metros más arriba de un reconocido club social, lo encontró por primera vez. “Salió del monte, me pidió el bolso y mi reacción fue lanzarlo al otro lado de la calle porque no quería que me robara el dinero que llevaba conmigo”, dijo.
La situación se volvió violenta cuando el sujeto sacó un cuchillo largo, un machete, y amenazó a la joven, quien al verse en semejante peligro salió corriendo y gritó en busca de ayuda.
“Estaba lloviendo. Corrí mucho, y en medio de mis gritos pidiendo ayuda, apareció un señor en una camioneta blanca de luces intermitentes. No era policía, pero así parecía. El tipo que me perseguía al ver esto se frenó y no me persiguió más”, contó.
María asegura que si no hubiera aparecido alguien para ayudarla este hombre le hubiera hecho daño, porque esa era esa su intención. Días después del primer suceso, la muchacha caminaba por la avenida que conduce a la ULA, a la altura del antiguo IUJEL, cuando fue agredida de nuevo por el mismo hombre.
“Traté de protegerme y me agaché en el piso. Empezó a darme patadas, a golpearme la cabeza y jalarme el cabello. Cuando pude me levanté del piso y corrí pidiendo auxilio. Boté un zapato y me caí, pero a pesar del dolor me levanté de nuevo y entré a una venta de frutas en donde un señor me protegió”, acotó.
A pesar de estar en resguardo, el delincuente seguía esperando por ella afuera del local. Ante esta situación el hombre que le brindó auxilio llamó a la policía, llegó una patrulla, pero el agresor salió corriendo. “Nadie fue detrás de él, ni tampoco los policías se acercaron a mí para preguntarme cómo estaba o qué había sucedido”, comentó la estudiante.
Días más tarde las jóvenes se pusieron de acuerdo y acudieron a la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), ubicada en el sector Paramillo de San Cristóbal, a denunciar. Allí no encontraron la receptividad esperada.
“Tomaron la denuncia en un estacionamiento. A los funcionarios, en su mayoría hombres, los acompañaba una femenina que en ningún momento se acercó a preguntarnos qué nos había pasado. No mostró nada de empatía. Al contrario, dio media vuelta y se fue”, describió María el contexto de la denuncia.
“Ellos se burlaron de nosotras. Nos dijeron que, si ellos fueran nuestros novios, entonces sí salían y buscaban a quien nos atacó. Les dimos la dirección del atacante, en dónde podían encontrarlo, y respondieron que no tenían unidades, pero nosotras nos percatamos que sí había una patrulla ahí”, agregó.
Teresa, por su parte, comentó que le preguntaron si hubo o no abuso sexual. “Les dije que no, pero que sí lo intentaron. Me respondieron ‘no hay pruebas’. Ellos estaban más preocupados por comprar una botella de anís (…) que por recibir denuncias. Todo era risa y bromas. Llegaron a decirme que esos hombres (los atacantes) lo que querían era seducirme, a pesar de que mostré las fotos de cómo me dejaron el cuerpo”, relató.
Beatriz Mora, abogada, directora general de la fundación PROIDHEAS y representante de la Red Naranja, aseguró que: “Estamos ante un acto de violencia de género por parte de dos hombres, pero también estamos ante un acto de violencia institucional por parte de un órgano receptor de denuncias que no recibe a la víctima como se debe procesar, ni atender”.
Una de las sobrevivientes de violencia de género reconoce que sus derechos fueron vulnerados por los funcionarios. “Si me hubieran violado y matado a ellos tampoco les importaría, no pasa nada”, dijo.
De acuerdo con su testimonio, en la PNB no les dieron un acta de denuncia o constancia. Solo les dieron un número de celular al que debían llamar en caso de encontrarse con el sujeto. Tres días después trataron de comunicarse con la policía ya que el hombre estaba en el lugar donde pesca a sus víctimas, y al llamar nadie respondió. Ante esta situación de indefensión acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a relatar lo sucedido nuevamente. Allí, luego de escuchar sus experiencias, les dijeron que, si ya habían acudido a la PNB, esperaran la actuación de este organismo.
“Nos dijeron que no puede haber dos organismos actuando en el mismo caso. Les explicamos cómo había sido la atención en la PNB, que ni siquiera teníamos un número de denuncia. Igualmente nos dijeron que por ahora nada podían hacer”, señaló Teresa.
Previa a la denuncia hecha en la PNB, las jóvenes aseguran haber realizado un primer contacto con la línea telefónica de emergencia 171 y tampoco obtuvieron respuesta.
Las dos mujeres fueron recibidas finalmente por la Policía Municipal de San Cristóbal, organismo donde fueron escuchadas. Allí las remitieron a una revisión forense que resultó ser extemporánea (de acuerdo al médico forense) pues habían transcurrido varios días de los hechos. Les informaron que continuarán la investigación con los organismos correspondientes. Días después, solo tras la presión de una red de mujeres, las autoridades apresaron al responsable.
De acuerdo con Beatriz Mora, la experta consultada, no brindar los primeros auxilios psicológicos, no asesorar legalmente, no enviar a una víctima al forense al ver los moretones, rasguños y demás evidencias que estaban en el cuerpo en primera instancia, fue negligente, violento y revictimizante. “Lo que hicieron es revictimizar a sobrevivientes de violencia de género diciéndoles que sus agresores las querían seducir”, dice Mora.
Otra activista por los derechos de las mujeres que prefiere mantenerse anónima confirma que hubo revictimización porque ellas fueron expuestas a contar a varios actores (PNB, CICPC, Policía Municipal) su situación. Además, dice, estuvieron expuestas al descrédito, comentarios machistas y fuera de contexto. Esa situación no es excepcional y expertas ya han señalado que es uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres que buscan salir de una situación de violencia de género en Venezuela.
Durante mucho tiempo, María se sintió indefensa y atemorizada, pues el sujeto ya la tenía identificada y, al verla, la amenazaba.
“Estamos ante un problema muy grave donde el Estado venezolano que es responsable de proteger a las víctimas de violencia basada en género y no lo está haciendo”, añade la activista. Además, explica que su actuación está penada por la ley.
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia existen sanciones o multas para quien en el ejercicio de su función pública “retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude”.
Las redes salvan
Esta situación quedó en evidencia cuando se publicó una primera nota contando los hechos en el medio aliado La Nación, a través de la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
La historia causó un repudio colectivo en las audiencias tachirenses. En seguida empezaron a señalar de negligentes y cuestionar a los cuerpos de seguridad involucrados, por no actuar como era debido y no aprehender al agresor.
Ante esta situación, un día después de la publicación periodística, la policía del Táchira envió a medios de comunicación y periodistas de la región un boletín en donde se reseñaba la captura del sujeto en cuestión. El cuerpo policial aseguró que el hombre fue detenido “infraganti, gracias al patrullaje efectivo” que los policías realizaban.
Esta acción causó molestia en las personas que habían conocido el caso por los medios de comunicación y en redes sociales. Por ese mismo medio reaccionaron para desmentir lo informado por la policía del Táchira.
“El lunes salió un reportaje de Rosalinda Hernández en redes sociales, página web e impreso de Diario La Nación, el martes lo agarraron, de no ser así seguiría aterrando a las mujeres?”, escribió un usuario. Otro aseguró que “si no se hace público el delito no actúan”.
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En los comentarios puede leerse otro que dice: “Que bien por la detención, además deberían de capturar a los PNB, que se burlaron y faltaron el respeto a las valientes que hicieron la denuncia, un merecido reconocimiento al periodista”. Estas personas también consideran que los policías deberían ser detenidos por no tomar en serio la denuncia, ni cumplir con el deber. La mayoría de medios locales reseñaron la captura del agresor a partir de la nota enviada por la oficina de prensa de la Policía del Táchira y en todos los portales la audiencia desmintió la versión.
Este caso revela cómo los entes gubernamentales no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades, pero también cómo desde el periodismo y las redes de mujeres se puede presionar por justicia. Ante estas fallas del sistema, lograr la aprehensión del sujeto ha sido un logro colectivo, más allá de impactar a las sobrevivientes también impacta a toda una comunidad que encontró en las redes y el periodismo una última, pero efectiva, forma de encontrar justicia.
*Teresa y María son nombres utilizados para proteger la identidad de las víctimas
