El 14 de junio de 2014 la página web del diario El Impulso informó sobre un aviso oficial que fue colgado en la cartelera del tercer piso de la sede de los tribunales del estado Lara, en el cual el Juzgado Tercero de Primera Instancia en los Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado, sugiere a los abogados litigantes, no publicar temporalmente edictos, carteles de remate y citaciones en el diario de capital privado. Dicho aviso tiene fecha del 26 de marzo de 2014.

El 9 de julio de 2014, un grupo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) acompañados por un conjunto superior a 10 efectivos de la Guardia Nacional se trasladó hacia el municipio Sucre del estado Barinas, región sur-occidental del país, para ejecutar antes del mediodía, el cierre técnico de la emisora Omega 104.9 FM, la cual tenía siete meses de vigencia en el aire.

El 7 de julio de 2014, Miguel Henrique Otero, Presidente Editor de El Nacional, del diario de circulación nacional, informó a IPYS Venezuela, que el diario tiene papel para sus ediciones impresas hasta el mes de octubre debido a que el ente gubernamental correspondiente no liquida a los proveedores de materia prima de papel periódico, lo cual genera una deuda que no permite el buen desenvolvimiento de las publicaciones.

Durante la manifestación llevada a cabo por el movimiento sindical de Sidor la mañana del 07 de julio de 2014, en el sector conocido como La Redoma La Piña, resultaron agredidos y ofendidos verbalmente los periodistas que acudieron a cubrir la quema de dos autobuses producto de la protesta.

El 1 de julio de 2014, Francisco Armada, ministro del Poder Popular para la Salud, acusó a varios medios de comunicación privados de promover una campaña mediática de desestabilización en el país sobre el virus de la fiebre Chikungunya y el suministro de los medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH/SIDA.

El 12 de junio de 2014, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvieron alrededor de siete horas a cuatro fotorreporteros que se encontraban haciendo una cobertura sobre un enfrentamiento sucedido entre un grupo de encapuchados y funcionarios de este cuerpo de seguridad del Estado, en Santa Fe Sur, al este de Caracas. Los funcionarios alegaron que la detención se llevó a cabo para verificar la autenticidad de sus credenciales.