El sábado 25 de septiembre de 2010, el vicepresidente de la República, Elias Jaua, empujó al reportero de Globovisión, Jhonny Ficarella. Esto ocurrió durante una visita de Jaua al estado de Vargas -norte de Venezuela- donde fue para hacer un balance de los daños dejados luego de fuertes lluvias. Ficarella intentó entrevistarlo, pero el vicepresidente se negó y argumentó que él, como fuente, podía hablar cuando quisiera. Ante la insistencia del reportero, Jaua lo empujó.

El sábado 25 de septiembre de 2010, al periodista de Globovisión, Jhonny Ficarella, a José De Bastos, de Televen, y a la periodista del diario El Nacional, Maolis Castro, se les impidió la cobertura del recorrido del Vicepresidente de la República, Elías Jaua, por el Hospital Pérez de León, en Caracas.

El 14 y 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en primera discusión, el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que incluye restricciones para los contenidos de internet, y el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), que amplía el control del Estado sobre las licencias para medios radioeléctricos.

El 8 de noviembre de 2012, Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, dependencia del poder ejecutivo amenazó con aplicar las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal a algunas organizaciones de derechos humanos que trabajan en la promoción y defensa de las garantías de las personas privadas de libertad, por supuestamente utilizar "falsos testimonios" en el contexto internacional con la finalidad de desacreditar la gestión del gobierno actual, presidido por Hugo Chávez.

El 05 de noviembre de 2012, Elsy Barroeta, jefe de información del canal de noticias privado Globovisión denunció que este medio no fue convocado a la rueda de prensa que ofreció el Comando Estratégico Operacional, unidad militar dependiente del poder ejecutivo, encargada de la coordinación de la seguridad durante los procesos electorales del país.

El 23 de noviembre de 2012, tras la publicación del libro La presa del Comandante, investigación periodística de Francisco Olivares, el Ministerio para el Servicio Penitenciario solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal, civil y administrativa, por difamación e injuria contra la jueza María Lourdes Afiuni.