El 30 de enero de 2013, la delegación del estado Zulia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) -órgano adscrito al Ministerio para las Relaciones de Interior y Justicia- le abrió un expediente a Juan José Farías, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, y reportero de sucesos para La Verdad, diario privado de circulación en esta región, ubicada al occidente del país. Este organismo de seguridad intentó implicar al periodista con presuntos cargos por instigación al delito, asociación para delinquir, y generar zozobra, por publicaciones de varias notas sobre un suceso que ocurrió en Maracaibo.

El 12 de marzo de 2010, efectivos policiales detuvieron a los periodistas Rafael Uzcátegui, Marcos Ponce y Robert Calzadilla, de la organización defensora de los Derechos Humanos, Provea, y los despojaron de su cámara filmadora, cuando la organización ofrecía una rueda de prensa en el estado de Aragua, al norte del país.

Se le negó el acceso al palacio presidencial (Miraflores) a un equipo del canal Globovisión, que encabezaba la periodista Carolina Alcalde.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Caracas declaró inadmisible la intervención de los 59 periodistas del canal Globovisión, como declarantes en el juicio contra la multa impuesta por el Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) incautó los equipos de tres emisoras radiales del estado Nueva Esparta, al oriente del país.

El 24 de diciembre de 2011, la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jackeline Farías que su despacho evalúa la expropiación de la antigua sede del Diario El Nacional ubicada en el centro de Caracas