El 21 de enero de 2010, funcionarios de seguridad del Banco Central de Venezuela (BCV) negaron el ingreso de la prensa privada a una conferencia de prensa ofrecida por los representantes del Gabinete Económico de Venezuela. Según los funcionarios, la rueda de prensa estaba planificada solo para medios estatales.

El 10 de junio de 2011, la reportera gráfica Lesly Martínez, del semanario El Crítico, fue impedida de cubrir una audiencia en el Palacio de Justicia de la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, al sur del país.

El 30 de junio de 2011, el canal de TV Globovisión fue notificado de un proceso administrativo sancionatorio que le acusa de haber difundido imágenes que "incitan al odio y la intolerancia por razones políticas, fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público".

El 5 de mayo de 2011, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció que ella y los periodistas Marianella Salazar, Patricia Poleo -actualmente exiliada- y Nelson Bocaranda son acusados por una publicación militar de querer desestabilizar a las Fuerzas Armadas de su país con el fin de provocar un golpe de estado al presidente Chávez.

La intervención del diario De Frente, ejecutada el pasado 14 de diciembre de 2009, se mantendrá durante tres meses, según informaron funcionarios de la comisión que realizaron la medida. El diario circula en el estado Barinas, al oeste de Venezuela.

El 24 de enero de 2010, las empresas de televisión por suscripción sacaron de su programación a los canales RCTV Internacional, América TV, TV Chile, American Network, Ritmo Son y Momentum, luego de que el Ministro de Obras Públicas y Viviendas y Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, así se los exigiera por supuestamente incumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión "Ley Resorte".