IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Venezuela
La crisis económica y social que sufre Venezuela desde hace más de un año ha tenido serias consecuencias en la libertad de información. El ambiente se ha vuelto más hostil para la prensa independiente debido a los múltiples ataques físicos a periodistas. La información libre se ha convertido en un bien escaso en Venezuela; así, la carestía de información se ha vuelto tan real como la de los productos de primera necesidad.
“Venezuela debe garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información oficial”. Esta recomendación hecha por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el último Examen Periódico Universal (EPU) dedicado a la República Bolivariana de Venezuela, efectuado en octubre de 2011, fue rechazada por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. De hecho, ninguna de las doce recomendaciones relativas a la libertad de expresión fue aprobada por el gobierno venezolano. En julio de 2014 el organismo internacional de promoción del Examen Periódico Universal, EPU Info, pidió a Reporteros sin Fronteras que colaborara con la evaluación de seguimiento de Venezuela, por lo que nuestra organización hizo un balance de la situación de la libertad de información en el país. La próxima sesión del EPU tendrá lugar en octubre de 2016.
La urgencia de seguridad física
En el Examen Periódico Universal de 2011 se había pedido al gobierno venezolano que garantizara la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, pero esta recomendación fue rechazada por el Estado venezolano. El país también se negó a garantizar de manera efectiva el derecho a la vida y la integridad física; asimismo, rechazó comprometerse a que todas las instancias del Estado respeten y protejan el derecho de las personas a la libertad de expresión. Desafortunadamente, estos temas aún son de actualidad y cada vez se vuelven más preocupantes. El movimiento de protesta por la inseguridad y la carestía de productos básicos no ha perdido fuerza desde marzo de 2014. Las manifestaciones han sido el teatro de numerosas agresiones, amenazas, insultos y robos a periodistas locales y extranjeros, quienes también han padecido la destrucción de su equipo y detenciones arbitrarias. Algunos de ellos han sufrido el encarnizamiento de las fuerzas del orden –como la periodista de Diario 2001 Mildred Manrique, detenida arbitrariamente y que sufrió abusos de las fuerzas del orden al menos cuatro veces entre febrero y mayo de 2014–. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, el ejército nacional) es responsable de 62% de estas agresiones. Las prolongadas protestas han sido un terreno fértil para la aparición de grupúsculos civiles violentos, que también han sido responsables de numerosos excesos. No obstante, las agresiones a los profesionales de la información no sólo ocurren durante las manifestaciones: el 22 de julio de 2014 dos sujetos no identificados le dispararon varias veces a Fernando Zaurín Ramírez, director del grupo de radiodifusoras Circuito Radio y del canal Órbita TV, en el Estado de Anzoátegui. El periodista fue herido a la altura de la clavícula; lo operaron de inmediato y se encuentra fuera de peligro.
A pesar de las deplorables consecuencias de estos acontecimientos, Reporteros sin Fronteras no ha observado ningún avance en lo que concierne a las medidas de protección física de periodistas por parte del gobierno. Es de capital importancia que en el país se respete el derecho a la información, empezando con garantizar la integridad física de los periodistas. El país debe renovar su compromiso ante la comunidad internacional en lo relativo a este principio. Desde el inicio del año 2013 Reporteros sin Fronteras ha registrado más de 500 ataques al derecho a la información. Frente a estos hechos, las autoridades venezolanas deben tomar en consideración las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señalan que todos los países del Cono Sur deben contar con un mecanismo que proteja a periodistas y defensores de los derechos humanos. Frente a una situación de tensiones políticas exacerbadas, el Estado venezolano también debe reconocer la importancia del papel de los periodistas en la cobertura de las manifestaciones, como lo subraya la resolución de la ONU firmada el 28 de marzo de 2014.
El 13 de abril de 2014 la Fiscalía General de Venezuela anunció que investigaría a 97 miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional por actos de tortura y tratos crueles infligidos a manifestantes y periodistas que cubrían las protestas. El SNTP ha registrado 181 agresiones a periodistas desde el inicio de las manifestaciones. Hasta la fecha no se han dado a conocer los resultados de esta investigación. ¿Qué sucedió con las promesas de las autoridades? ¿Se ha interrogado a estos 97 policías y militares? ¿Se ha escuchado el testimonio de las víctimas? Esta información de interés general debe hacerse pública lo antes posible a fin de que se respete el principio de transparencia. Un fundamento recordado en el EPU de 2011 que Venezuela también rechazó.
Polarización y retos económicos
Más allá de las amenazas concretas que representan los ataques a periodistas existe otra, más insidiosa: la falta de pluralismo que caracteriza a los medios de comunicación en Venezuela, en un contexto político muy polarizado. La prensa está muy dividida, existe un enfrentamiento frontal entre los medios de comunicación progubernamentales y los de la oposición. Los primeros se han convertido en defensores del gobierno de Nicolás Maduro ante la amenaza que representan los medios de comunicación privados y sus críticas. El hecho de que el presidente considere cierta información como “propaganda de guerra” con frecuencia se ve agravado por la hostilidad de los funcionarios públicos hacia los medios de comunicación. Miembros del gobierno, como Delcy Rodríguez, Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, a menudo hacen declaraciones insultantes contra la prensa, que no hacen sino echar leña al fuego en un paisaje mediático de por sí muy polarizado. El 23 de julio de 2014 la ministra envió una carta a El Universal en la que reprochó al diario “la ofensa gratuita y la infamia cobarde” del periodista Nelson Bocaranda, por una columna publicada el 15 de julio en la que el articulista criticó la política del ministerio. Este tipo de declaraciones por parte de las autoridades son aún más graves puesto que sólo los miembros del gobierno pueden emprender un proceso por “desacato”, calumnia e injuria, que pueden implicar penas de prisión. Reporteros sin Fronteras considera que la pena de cárcel es completamente desproporcionada, al igual que las multas exorbitantes que pueden ocasionar la quiebra del medio de comunicación o la bancarrota del periodista acusado. En el EPU la comunidad internacional también había recomendado a Venezuela una reforma a la ley de prensa para que, de acuerdo con los estándares internacionales, se despenalizara el delito de “desacato” (propuesta rechazada).
Los medios de comunicación tradicionales, dominados por unos pocos grupos editoriales privados, viven profundos cambios estructurales. Una muestra de ello es la venta en 2013 del grupo mediático Cadena Capriles, al que pertenece uno de los principales periódicos, o la de Últimas Noticias, que fue adquirido por Latam Media Groups, en realidad una sucursal del grupo británico Hanson Group, que también compró el canal de televisión Globovisión. En julio de 2014 el diario El Universalfue adquirido por la firma española Epalisticia, que nombró como presidente del diario a Jesús Abreu Anselmi, amigo de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y ex viceministro de Infraestructura. Recientemente fueron denunciados ante el SNTP algunos casos de censura interna en este diario. El Universal es el diario más antiguo del país y cuenta con uno de los mayores tirajes. Comprobando el éxito de los medios de comunicación de la oposición ante la opinión pública, ¿el gobierno venezolano estaría tentado con adquirir los medios más influyentes a través de sus relaciones con los compradores y sus empresas? Reporteros sin Fronteras deplora la falta de transparencia en la adquisición de estos grupos de medios de comunicación.
La dificultad de tener acceso a la información del gobierno fue otro aspecto subrayado en el EPU. En Venezuela la información del Estado es difundida por algunos medios de comunicación nacionales, como la agencia AVN o las cadenas de televisión Ciudad Caracas y VTV. La tensa situación entre los medios de comunicación del gobierno y los no gubernamentales hace que el acceso a la información del Estado sea un asunto muy delicado. El 25 de marzo de 2014 se negó el acceso a varios periodistas a una audiencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco del proceso del alcalde de San Cristóbal, acusado de desacato. Estos bloqueos al acceso a la información impuestos arbitrariamente por representantes del gobierno son comunes y van en contra de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho a ser informado con transparencia sobre temas de interés público. El artículo 57 de la Constitución obliga a los funcionarios a responder a toda solicitud de información sobre sus actividades. Por otra parte, la prensa oficial tampoco escapa a los ataques a la libertad de información. Las oficinas de la cadena VTV en Caracas fueron atacadas por manifestantes en febrero 2014.
Una información libre sólo será posible si se acepta la crítica y la existencia de la oposición. Tanto el gobierno como la oposición deben aceptar la idea del pluralismo que, más allá del criterio de las diferentes líneas editoriales, debe ofrecer una información independiente de los intereses políticos o económicos de ambas partes. La libertad de información tampoco será posible si todos los venezolanos no tienen un acceso equitativo a los medios de comunicación. Venezuela se encuentra en el lugar 116, entre 180 países, en la edición 2014 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. La situación de la libertad de información, muy preocupante en el país, amerita que el gobierno establezca un verdadero compromiso frente a la comunidad internacional. Con el rechazo de las doce recomendaciones relativas a la libertad de expresión, desafortunadamente Venezuela muestra muy poca voluntad para mejorar la situación.
______________
Venezuela
Venezuela urged to improve media situation
Venezuela’s year-old economic and social crisis has had a big impact on freedom of information. Physical attacks on journalists have hurt the climate for independent media and freely-reported news has become rare, adding information to the list of basic staples in short supply.
During its last Universal Periodic Review (UPR) by the UN Human Rights Council in October 2011, the Bolivarian Republic of Venezuela was asked to guarantee unrestricted access to state-held information as soon as possible. The government then led by Hugo Chávez rejected the request.
The Venezuelan government accepted none of the 12 recommendations on freedom of information. At the request of UPR-Info, an NGO that supports the UPR process, Reporters Without Borders has produced this evaluation of the current state of freedom of information in Venezuela, whose next UPR will be in October 2016.
Urgent need for physical safety
The Venezuelan government rejected the request for guarantees for freedom of expression and the safety of journalists made during the 2011 UPR. It also refused to reinforce the public’s right to physical integrity and access to information. These issues are unfortunately as relevant as ever, and increasingly worrying.
Street protests against the high crime rate and shortages have not let up since March of this year and have been accompanied by a great deal of harassment of local and foreign journalists, including threats, insults, physical violence, arbitrary arrest and theft or destruction of equipment.
Some journalists have been persecuted by the police. They include Mildred Manrique of Diario 2001, who was arrested arbitrarily at least four times from February to May 2014.
According to the National Union of Venezuelan Journalists (SNTP), the Bolivarian National Guard (GNB) has been responsible for 62 per cent of these abuses. The constant street protests have also spawned the emergence of violent civilian groups that have been to blame for many excesses.
Not all the attacks on journalists have taken place during demonstrations. Two individuals shot Fernando Zaurín Ramírez, the head of Órbita TV’s Circuito Rádio, in Anzoátegui state on 22 July, wounding him in the collarbone area. After an operation, he was pronounced out of danger.
Despite the deplorable impact of these events, Reporters Without Borders has not noted any new measures by the government to protect journalists. It is vital that Venezuela should start to respect the right to information by guaranteeing journalists’ physical integrity, and it should give the international community a renewed undertaking to respect this principle.
Reporters Without Borders has registered more than 500 violations of the right to information since the start of 2013. Venezuela should therefore consider adopting the Inter-American Commission on Human Rights recommendation that every South American country should create its own mechanism for protecting journalists and human rights defenders.
In view of the considerable political tension prevailing in Venezuela, the authorities must also recognize the importance of the role played by journalists in covering protests, as stressed in a UN resolution adopted on 28 March 2014.
The prosecutor-general’s office announced on 13 May that it was investigating 97 members of the security forces on suspicion of mistreating and torturing demonstrators and journalists covering demonstrations. According to the SNTP’s tally, there have been 181 cases of police harassment and violence against journalists since the wave of protests began.
The findings of this investigation have yet to be announced. What has become of this pledge? Have these 97 policemen and soldiers been questioned? Have their victims been interviewed? As this is a matter of public interest, this information should be released as soon possible in order to respect the principle of transparency, one that was stressed during the UPR and also rejected by Venezuela.
Polarization and economic challenges
As well as concrete threats in the form of physical attacks on journalists, there is the more insidious threat from the lack of media pluralism at a time of extreme political polarization. The media are split into two warring factions, those supporting the government and those opposing it. The former defend President Nicolás Maduro against the threat that the privately-owned media and his critics represent.
The “information war” condemned by the president is aggravated by the hostility that the government often shows towards the media. Insulting comments about the media by officials such as communication and information minister Delcy Rodríguez just fan the flames of polarization.
In a recent open letter to the daily El Universal, for example, Rodríguez said journalist Nelson Bocaranda’s 15 July column criticizing her constituted a “gratuitous insult and cowardly slander.” This kind of statement is all the more serious as only government officials can initiate a legal action accusing someone of “desacato” (disrespect for a government official or contempt of court), which is punishable by imprisonment.
Reporters Without Borders regards prison sentences and exorbitant fines that can bankrupt the targeted journalist or news media as completely disproportionate. The decriminalization of “desacato” as part of an overhaul of media legislation that would bring it into line with international standards was one of the international community’s requests at the last UPR that Venezuela rejected.
Venezuela’s traditional media, which are dominated by a few privately-owned publishing companies, are currently undergoing profound structural change. One example has been the 2013 purchase of Cadena Capriles – a media group that includes one of the leading dailies, Últimas Noticias – by Latam Media Groups, an offshoot of the UK’s Hanson Group, which also bought the TV station Globovisión.
El Universal, Venezuela’s oldest daily and still one of its biggest-selling newspapers, was bought in July of this year by the Spanish group Epalisticia, which appointed Jesús Abreu Anselmi, a former deputy minister of infrastructure and friend of National Assembly speaker Diosdado Cabello, to the newspaper’s board. The SNTP has already reported several cases of internal censorship.
In view of the opposition media’s sway over public opinion, is the Venezuelan government trying to realign the most influential ones through its relations with the companies buying them? Reporters Without Borders deplores the lack of transparency in these media takeovers.
Difficulty accessing state-held information is another disturbing issue raised during the UPR. In Venezuela, several state-owned national media such as the AVN news agency and the Ciudad Caracas and VTV television stations are responsible for providing information about the state, and the tension between state and privately-owned media complicates access for the latter.
Several journalists, for example, were denied access to a Supreme Court of Justice hearing on 25 March, during the contempt proceedings against San Cristóbal’s mayor.
Such obstacles to access to information, imposed arbitrarily by government representatives, are common in Venezuela and violate the constitution, which guarantees the right to transparent information about subjects of public interest. Article 57 of the constitution requires officials to respond to all requests for information about their activities.
State-owned media are nonetheless sometimes also the target of freedom of information violations. Demonstrators attacked VTV’s headquarters in Caracas in February.
Freedom of information requires acceptance of criticism and the existence of an opposition. But pluralism is not just about a variety of editorial policies. The government – and opposition – must accept the principle of a pluralism that needs to be supplied with information independent of political and business interests.
No freedom of information will be possible without fair access to the means of communication for all citizens in Venezuela, which is ranked 116th out of 180 countries in the 2014 Reporters Without Borders press freedom index.
The current state of freedom of information in Venezuela is very worrying and requires the government to engage with the international community. However, the Chavista government’s rejection of 12 freedom of expression recommendations indicates little interest in improving the situation.
___________
Venezuela
Pénurie d’information indépendante : RSF exhorte le Venezuela à améliorer la situation de la presse
La crise économique et sociale qui secoue le Venezuela depuis plus d’un an est lourde de conséquences pour la liberté de l’information. Le climat se durcit envers la presse indépendante à travers de multiples attaques physiques contre les journalistes. L’information libre est devenue une denrée rare au Venezuela, rendant la pénurie de l’information tout aussi réelle que celle des produits de première nécessité.
“Le Venezuela doit assurer un accès libre aux informations relatives à l’État dans les meilleurs délais”. Cette demande, émise par les États membres des Nations unies lors du dernier examen périodique universel (EPU) consacré à la République bolivarienne du Venezuela en octobre 2011, avait été rejetée à l’époque par le gouvernement de Hugo Chávez. Parmi les douze recommandations relatives à la liberté d’expression, aucune n’avait été approuvée par le gouvernement vénézuélien. Sollicitée en juillet 2014 par l’Organisation internationale de promotion de l’examen périodique universel EPU-Info pour l’évaluation de mi-parcours du Venezuela, Reporters sans frontières a établi un bilan de la situation de la liberté de l’information dans le pays. La prochaine session de l’EPU se tiendra en octobre 2016.
L’urgence de la sécurité physique
L’examen périodique universel de 2011 avait abouti à une demande de garantie de la liberté d’expression et de la sécurité des journalistes, une recommandation rejetée par le gouvernement vénézuélien. Le pays a également refusé de renforcer les droits à l’intégrité physique et d’accès à l’information pour ses citoyens. Ces sujets sont malheureusement toujours d’actualité et de plus en plus préoccupants. Le mouvement populaire contre l’insécurité et les pénuries ne s’est pas essoufflé depuis mars 2014, et les manifestations ont été le théâtre de nombreuses agressions, menaces, insultes, vols, destructions de matériel et détentions arbitraires de journalistes locaux et étrangers. Certains d’entre eux ont fait les frais d’un acharnement de la part des forces de l’ordre, comme la journaliste de Diario 2001 Mildred Manrique, arrêtée arbitrairement et molestée par les forces de l’ordre au moins quatre fois entre février et mai 2014. D’après le Syndicat national des journalistes du Venezuela (SNTP), l’armée nationale bolivarienne (GNB) est responsable de 62% de ces exactions. Ces protestations durables ont également constitué un terreau fertile à l’apparition de groupuscules civils violents, eux aussi responsables de nombre de débordements. Toutefois, les agressions de professionnels de l’information ne surviennent pas exclusivement dans le cadre des manifestations : le 22 juillet 2014, deux individus non identifiés ont attaqué à l’arme à feu Fernando Zaurín Ramirez, directeur du groupe de radio Circuito Rádio et de la chaîne Órbita TVdans l’État d’Anzoátegui. Blessé au niveau de la clavicule, Fernando Zaurín Ramirez a été immédiatement opéré et ses jours ne sont pas en danger.
Malgré les conséquences déplorables de ces événements, Reporters sans frontières n’a constaté aucune mesure d’avancée du gouvernement vis-à-vis de la protection physique des journalistes. Il est capital que le pays respecte le droit à l’information en commençant par garantir l’intégrité physique des journalistes, principe envers lequel il se doit de renouveler son engagement auprès de la communauté internationale. Reporters sans frontières a recensé plus de 500 atteintes au droit à l’information depuis le début de l’année 2013. Devant ce constat, les autorités vénézuéliennes doivent prendre en considération la recommandation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) selon laquelle chaque pays du Cône Sud doit disposer de son propre mécanisme de défense des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. L’État vénézuélien, devant la situation de tensions politiques exacerbées qu’est la sienne, doit également reconnaître l’importance du rôle des journalistes dans la couverture de manifestations, comme l’a souligné la résolution des Nations unies approuvée le 28 mars 2014.
Le 13 avril 2014, le Parquet général avait annoncé sa décision d’enquêter sur 97 membres des forces de police vénézuéliennes pour torture et mauvais traitements sur les manifestants et journalistes couvrant les protestations. Depuis le début du soulèvement, le SNTP a recensé 181 attaques contre les journalistes perpétrées par les forces de l’ordre. Les résultats de cette enquête n’ont pas été communiqués à ce jour : que sont devenues les promesses des autorités ? Ces 97 policiers et militaires ont-ils été interrogés et leurs victimes auditionnées ? Relevant de l’intérêt général, ces informations doivent être rendues publiques au plus tôt afin de respecter le principe de transparence. Un fondement rappelé dans l’examen périodique universel de 2011 que le Venezuela a, lui aussi, rejeté.
Polarisation et enjeux économiques
Au-delà des menaces concrètes que représentent les attaques de journalistes existe celle, plus insidieuse, du manque de pluralisme qui caractérise les médias au Venezuela, dans un contexte politique hautement polarisé. La presse est scindée dans un clivage frontal entre les médias pro-gouvernementaux et ceux de l’opposition. Les premiers sont devenus le rempart du gouvernement de Nicolás Maduro face à la menace que représentent les médias privés et leurs critiques. La “guerre de l’information” dénoncée par le président est régulièrement aggravée par l’hostilité des fonctionnaires publics envers les médias. Les propos souvent insultants envers la presse des membres du gouvernement comme Delcy Rodríguez, ministre de la Communication et de l’Information, ne font que souffler sur les braises du paysage médiatique polarisé à l’extrême. La ministre a adressé une lettre ouverte au quotidien El Universal dans laquelle elle accuse le journaliste Nelson Bocaranda de s’être livré à “une offense gratuite et une infamie lâche” dans une colonne publiée le 15 juillet 2014 qui critiquait la gestion du ministère. Ce genre de déclarations de la part des autorités est d’autant plus grave que seuls les membres de la fonction publique peuvent lancer un procès pour “desacato”, outrage, calomnie et injure, délits actuellement passibles de prison. Reporters sans frontières considère une telle peine comme complètement disproportionnée, tout comme les amendes exorbitantes qui peuvent causer la faillite du journaliste ou du média concerné. La dépénalisation du “desacato” dans le cadre d’une réforme de la législation relative à la presse en accord avec les standards internationaux était l’une des demandes (refusées) émises par la communauté internationale lors de l’EPU.
Les médias traditionnels, dominés dans le pays par quelques groupes éditoriaux privés, vivent actuellement de profonds changements structurels. En témoigne le rachat en 2013 du groupe médiatique Cadena Capriles, auquel appartient un des plus importants quotidiens, Últimas Noticias, par Latam Media Groups, en réalité une succursale de l’entreprise britannique Hanson Group qui a également racheté la chaîne de télévision Globovisión. En juillet 2014, le quotidien El Universal a, lui, été acheté par le groupe espagnol Epalisticia qui a nommé Jesús Abreu Anselmi, ami du président de l’Assemblée nationale du Venezuela Diosdado Cabello et ancien vice-ministre de l’Infrastructure, à la direction du journal. Plusieurs cas de censure internes ont déjà été dénoncés par le SNTP. El Universal est le quotidien le plus ancien du pays et figure parmi les tirages les plus importants. Le gouvernement vénézuélien, constatant le succès des médias de l’opposition auprès de l’opinion publique, serait-il tenté d’en récupérer les plus influents, à travers ses relations privilégiées avec leurs acheteurs et leurs entreprises ? Reporters sans frontières déplore le manque de transparence dans les acquisitions commerciales de ces groupes médiatiques.
La difficulté d’accès à l’information officielle est un autre sujet inquiétant soulevé lors de l’exercice onusien. L’information relative à l’Etat est communiquée au Venezuela par quelques médias nationaux comme l’agence AVN ou les chaînes de télévision Ciudad Caracas et VTV. La situation de tension entre médias officiels et privés rend l’accès aux informations relatives au gouvernement particulièrement délicat. Plusieurs journalistes se sont vu refuser l’accès à une audience de la Cour suprême de justice, le 25 mars 2014, dans le cadre du procès du maire de San Cristobal, accusé d’outrage. Ces blocages de l’accès à l’information, imposés arbitrairement par les représentants du gouvernement, sont courants au Venezuela, et vont à l’encontre de la Constitution vénézuélienne qui garantit le droit à être informé dans la transparence des sujets relevant de l’intérêt public. L’article 57 de la Constitution oblige les fonctionnaires à répondre à toute demande d’information sur leurs activités. La presse officielle n’est pas pour autant moins visée par les attaques contre la liberté de l’information. Le siège de la chaîne VTV à Caracas a été attaqué par des manifestants en février 2014.
L’information libre ne peut passer que par l’acceptation de la critique et de l’existence d’une opposition. Le gouvernement – tout comme l’opposition – doit accepter l’idée du pluralisme qui, au-delà du critère de lignes éditoriales différentes, doit être doté d’une information indépendante des intérêts politiques ou économiques des uns et des autres. Aucune liberté de l’information ne sera possible sans un accès équitable aux moyens de communication pour tous les citoyens vénézuéliens. Le Venezuela est 116e sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2014. La situation de la liberté de l’information, particulièrement préoccupante dans le pays, justifie un réel engagement du gouvernement vis-à-vis de la communauté internationale. Avec douze refus de recommandations relatives à la liberté d’expression, le gouvernement chaviste montre malheureusement très peu de volonté pour améliorer la situation.
