IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El miércoles 20 de marzo, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas una actualización oral de sus investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos en el país.
En la actualización, que abarca desde septiembre de 2023 —cuando se presentó el informe más reciente— hasta la fecha, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, explicó que en el país “la represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales”, detalló la delegada.
La FFM también señaló que la repetición de patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales incluye a activistas por los derechos humanos “que se atreven a criticar, denunciar o protestar por decisiones o políticas del Gobierno”.
Valiñas relató que, tras el Acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, suscrito en octubre de 2023 por representantes del Gobierno y la oposición, fueron excarceladas cinco personas, incluido un periodista y otras personas percibidas como opositoras, que habían sido detenidas arbitrariamente, y que tras su liberación continúan enfrentando procesos penales.
En diciembre, días después del referéndum consultivo sobre el Esequibo convocado por el Gobierno para consultar a la población sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció órdenes de aprehensión contra 14 personas “a quienes vinculó con una conspiración contra la celebración del referéndum consultivo”, dice la actualización. Entre las personas señaladas estaban tres miembros del Comité Nacional del partido opositor Vente Venezuela y el presidente de la ONG Súmate.
En ese sentido, “la Misión constata que, como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan ‘conspiraciones’ reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”, dijo.
Horas después de las declaraciones de Valiñas el 20 de marzo, Saab anunció que el Ministerio Público emitió una nueva orden de captura contra la periodista Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela, y otras ocho personas de ese partido político.
Otra medida similar registrada por la Misión ocurrió en enero, cuando “el Fiscal General dio a conocer una conspiración, que denominó Operación Brazalete Blanco, que, según él, tenía como objetivo asesinar al Presidente Maduro y a otras autoridades”. El 22 de enero el máximo fiscal anunció que, en el marco de dicha operación, se dictó orden de aprehensión contra seis personas, todas ellas en el exilio, entre las que se encuentran la defensora de derechos humanos Tamara Suju y la periodista Sebastiana Barráez.
La Misión explicó que “los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión”.
“En este contexto, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines ha sido retomado por la Asamblea Nacional y abierto a consulta pública desde el mes de enero. El proyecto de ley es el mismo que fue cuestionado en 2023 por la Misión. Se trata de un intento de restringir aún más la capacidad de los actores de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente en el país”, dijo Valiñas.
IPYS Venezuela rechaza el mecanismo de represión del Estado, señalado por la FFM, y destaca que tal estructura represiva ha afectado a personas vinculadas al periodismo y el trabajo informativo. Esta organización mantiene su monitoreo del contexto de violaciones de derechos humanos y del cumplimiento de las garantías informativas, en especial en el año electoral.
