IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión considera que es fundamental que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada y desarrollen una discusión abierta y participativa sobre la cuestión de la incitación a la violencia por razones discriminatorias o aquellas expresiones que inciten a la violencia
Marianela Balbi, directora ejecutiova de IPYS Venezuela, considera que “la llamada “ley contra el odio” es solo la forma más acabada de la guerra mediática librada por el gobierno chavista contra los medios y los ciudadanos”, y que esta norma, que promete promover la paz, la diversidad y la tolerancia a través de la penalización de un discurso que promueva el odio, la violencia y la discriminación, suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y fomentan la censura y la autocensura al otorgar al Estado el poder para sancionar a medios de comunicación tradicionales y digitales, bloquear sitios de Internet, eliminar contenidos, revocar licencias e imponer penas de cárcel de hasta 20 años.
“Será difícil devolver a los venezolanos la paz imponiendo penas de cárcel de entre 10 y 20 años a los responsables de medios y plataformas digitales que en seis horas no eliminen contenidos considerados como discurso de odio, amenazando con revocar licencias de operación a radios y televisoras, bloqueando sitios web, señalando la responsabilidad de intermediarios sobre los contenidos emitidos por terceros en Facebook, Twitter, Instagram, o imponiendo multas desproporcionadas y confiscatorias de bienes”, escribe Balbi en un artículo publicado en el New York Times.
La CIDH exige al gobierno venezolano la anulación de la norma contra el odio
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación” por la aprobación de la “Ley contra el odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
#LeyContraElOdio en #Venezuela. @ConElMazoDando pide aplicar ley contra el odio a org civil Un Mundo @Sinmordaza por ofrecer taller sobre protesta social. Esto permite la vaguedad y las sanciones extremas de esa ley pic.twitter.com/FGng5qivIE
— Edison Lanza (@EdisonLanza) 20 de noviembre de 2017
La normativa “establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, señala el comunicado.
La Relatoría “considera de la mayor importancia que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada y desarrollen una discusión abierta y participativa sobre la cuestión de la incitación a la violencia por razones discriminatorias o aquellas expresiones que inciten a la violencia, a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos y rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.
A partir del análisis del texto, la Relatoría pone especial énfasis en los artículos 20, 22 y 23. El primero prevé sanciones de 10 a 20 años de prisión para quien, por cualquier medio, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o grupos y establece que se trata de delitos imprescriptibles. En el artículo 22 se prevé la revocación de concesiones a prestadores de radio o TV que difundan mensajes de apología al odio de cualquier tipo, así como multas de 50 mil a 100 mil unidades tributarias a la persona jurídica responsable de redes sociales y medios electrónicos que no retiren los mensajes de este tipo en las seis horas siguientes a la publicación. Por su parte, el artículo 23 determina sanciones para prestadores de radio y TV de entre 3 y 4% de sus ingresos brutos si incumplen con la obligación de ceder espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes “que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia”.
La Relatoría señala que “en un primer análisis tres aspectos resultan alarmantes: a) el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; b) la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; c) la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos”.
El 8 de noviembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Una semana más tarde, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que rechaza la normativa ya que considera que el texto penaliza la disidencia política y viola el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Además consideran que la ANC no tiene funciones legislativas, por lo tanto, la normativa sería nula.
Distintas organizaciones sociales -entre las que se encuentran IPYS y Espacio Público de Venezuela, ADC de Argentina y Derechos Digitales- también rechazaron la Ley que, desde su perspectiva “constituye un grave antecedente para iniciativas similares que vulneran la libertad de expresión en otros países de América Latina”.
“Manifestamos nuestra preocupación ante el creciente deterioro de la libertad de expresión en línea en Venezuela… Exigimos la no aplicación y anulación de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” en Venezuela, por ser contraria a los parámetros establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos en relación con las garantías a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso”, concluye el comunicado de las organizaciones.
Pronunciamiento de Un Mundo sin Mordaza
La organización internacional no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, se pronunció con respecto a la nota digital titulada “¡Atención! Usan redes sociales para incitar la violencia y sabotear elecciones” publicada el 15 de noviembre de 2017, https://goo.gl/9Q238G, por el portal digital del programa de televisión, dirigido por Diosdado Cabello, Con El Mazo Dando, y que dio origen a sus declaraciones.
“El motivo de nuestro pronunciamiento es: (i) aclararle a la opinión pública la distorsión del mensaje que ocasionó dicha publicación, (ii)resaltar el motivo real del trabajo señalado erróneamente, (iii) alertar a la comunidad nacional e internacional sobre el acoso y la persecución que sufren quienes promovemos la libertad de expresión, y por último (iv) velar siempre por el respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos”, explican en el comunicado.
“Los talleres mencionados anteriormente se basan en los siguientes temas: (i) Arte De Protesta, que busca explicar cómo se promueve la libre expresión a través de expresiones artísticas, debido que consideramos fervientemente que el arte es el mejor mecanismo para promover los DDHH y en sí, para expresarse; (ii) Marketing Digital, busca ofrecer herramientas para la gestión y buen manejo de las redes sociales; (iii) Seguridad digital, a raíz del acoso que sufren las páginas digitales de organizaciones y activistas sociales, buscamos dar recomendaciones de seguridad y resguardo de información en el área digital; (iv) Lucha No Violenta, en Un Mundo Sin Mordaza estamos convencidos de que la violencia no es vía de manifestación, por eso buscamos promover herramientas pacíficas para la libre expresión de acuerdo a principios de la efectividad de los movimientos de masa según la sociología política; y por último (v) Manejo de equipos de alto rendimiento, este se basa en dictar técnicas organizativas y gerenciales a jóvenes debido a que mundialmente cada vez más este grupo social está obteniendo espacios de organización, participación y liderazgo”.
“Un Mundo Sin Mordaza rechaza contundentemente la criminalización al trabajo que realizamos, como otras organizaciones civiles, que buscan promover derechos fundamentales como lo es el derecho humano a la libre expresión y la participación ciudadana. Es por esto que alertamos a la comunidad nacional e internacional que el día de ayer fuimos señalados sin fundamento por un representante del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y que hacemos responsable al Estado Venezolano de cualquier acción que se intente aplicar a nuestra organización o cualesquiera de sus miembros”.
